El auge de las plataformas de alojamiento turístico ha impulsado el crecimiento de las rentas cortas en Colombia. Sin embargo, muchos propietarios desconocen que vivir en un edificio o conjunto residencial bajo el régimen de propiedad horizontal puede implicar restricciones para desarrollar esta actividad.

De acuerdo con el abogado experto en temas inmobiliarios Julián Millán, sí es posible que una administración o el reglamento de propiedad horizontal prohíban que un apartamento sea utilizado para alquileres de corta duración o vivienda turística.

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El reglamento puede establecer restricciones

Según explicó Millán, una de las situaciones más comunes ocurre cuando el propietario decide ofrecer su inmueble en plataformas de hospedaje temporal y comunica su intención a la administración del edificio.

En ese momento, la administración puede informarle que no está autorizado para hacerlo si el reglamento de propiedad horizontal prohíbe expresamente este tipo de actividad.

"La respuesta concreta es sí", afirmó el abogado, al referirse a la posibilidad de que existan limitaciones para desarrollar rentas cortas dentro de una copropiedad.

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También hay controles durante el registro

El experto explicó que existe un segundo escenario, que ocurre cuando el propietario realiza el trámite para obtener el Registro Nacional de Turismo (RNT), requisito obligatorio para ofrecer este tipo de alojamiento.

Durante el proceso de inscripción, el sistema solicita información sobre si el inmueble pertenece a una propiedad horizontal y pregunta si el reglamento del edificio autoriza el desarrollo de rentas cortas o viviendas turísticas.

De esta manera, no solo la administración puede advertir la restricción, sino que el propio proceso de registro exige verificar si la actividad está permitida.

La importancia de revisar el reglamento

Para Julián Millán, antes de invertir en un inmueble con la intención de destinarlo al alquiler turístico es fundamental leer cuidadosamente el reglamento de propiedad horizontal.

Aunque una persona sea propietaria de su apartamento, ello no significa que pueda darle cualquier uso. Las normas internas de la copropiedad pueden establecer restricciones que todos los residentes deben respetar.

Por ello, el abogado recomienda verificar previamente si el edificio permite las rentas cortas y, en caso de existir dudas, consultar con la administración o buscar asesoría jurídica. De esta manera se evitan inconvenientes posteriores y posibles sanciones derivadas del incumplimiento del reglamento de propiedad horizontal.

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El sistema utilizado en Colombia para identificar a las personas que pueden acceder a programas sociales tendrá una transformación importante a partir del 1 de julio de 2026. El tradicional Sisbén comenzará una etapa de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), una nueva herramienta que busca mejorar la forma en la que el Estado clasifica las condiciones económicas de los hogares y asigna los subsidios.

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El cambio no significa la desaparición inmediata del Sisbén ni la suspensión automática de las ayudas que reciben millones de colombianos. La implementación del nuevo modelo será gradual y contempla un periodo de transición de aproximadamente dos años, durante el cual las entidades encargadas podrán analizar los resultados. Además de realizar ajustes y garantizar que los programas sociales continúen funcionando.

¿Cómo funcionará el Registro Universal de Ingresos (RUI)?

Una de las principales modificaciones será la manera en la que se obtiene la información de los hogares. Mientras el Sisbén actual depende principalmente de encuestas y datos suministrados por las familias, el RUI utilizará información proveniente de registros administrativos de diferentes entidades del Estado.

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El nuevo sistema incorporará datos de alrededor de 47 entidades públicas. Entre ellas organismos como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Registraduría Nacional y otras instituciones que manejan información económica, laboral y social de los ciudadanos.

El objetivo es contar con una medición más actualizada de los ingresos y condiciones de vida de cada hogar.

Con este mecanismo, el Gobierno busca reducir errores en la clasificación de beneficiarios y lograr que los recursos destinados a programas sociales lleguen a las personas que realmente los necesitan. La información permitirá identificar cambios en los ingresos familiares y actualizar la situación económica de los hogares de manera más dinámica.

¿Los beneficiarios perderán los subsidios?

Una de las principales dudas entre los ciudadanos es si el cambio implicará la pérdida de ayudas como transferencias monetarias, programas de educación, salud o beneficios para población vulnerable.

Las autoridades han señalado que la transición no significa el ingreso o salida inmediata de beneficiarios de los programas sociales. Durante el proceso se realizarán evaluaciones para determinar cómo impacta la nueva clasificación y se harán los ajustes necesarios antes de la aplicación completa del modelo.

Ahora bien, dentro de la transición que durará dos años, el  RUI cambia el enfoque de las clasificaciones alfabéticas (grupos A, B, C, D) para enfocarse directamente en el ordenamiento por ingresos reales.

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