El sistema utilizado en Colombia para identificar a las personas que pueden acceder a programas sociales tendrá una transformación importante a partir del 1 de julio de 2026. El tradicional Sisbén comenzará una etapa de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), una nueva herramienta que busca mejorar la forma en la que el Estado clasifica las condiciones económicas de los hogares y asigna los subsidios.

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El cambio no significa la desaparición inmediata del Sisbén ni la suspensión automática de las ayudas que reciben millones de colombianos. La implementación del nuevo modelo será gradual y contempla un periodo de transición de aproximadamente dos años, durante el cual las entidades encargadas podrán analizar los resultados. Además de realizar ajustes y garantizar que los programas sociales continúen funcionando.

¿Cómo funcionará el Registro Universal de Ingresos (RUI)?

Una de las principales modificaciones será la manera en la que se obtiene la información de los hogares. Mientras el Sisbén actual depende principalmente de encuestas y datos suministrados por las familias, el RUI utilizará información proveniente de registros administrativos de diferentes entidades del Estado.

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El nuevo sistema incorporará datos de alrededor de 47 entidades públicas. Entre ellas organismos como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Registraduría Nacional y otras instituciones que manejan información económica, laboral y social de los ciudadanos.

El objetivo es contar con una medición más actualizada de los ingresos y condiciones de vida de cada hogar.

Con este mecanismo, el Gobierno busca reducir errores en la clasificación de beneficiarios y lograr que los recursos destinados a programas sociales lleguen a las personas que realmente los necesitan. La información permitirá identificar cambios en los ingresos familiares y actualizar la situación económica de los hogares de manera más dinámica.

¿Los beneficiarios perderán los subsidios?

Una de las principales dudas entre los ciudadanos es si el cambio implicará la pérdida de ayudas como transferencias monetarias, programas de educación, salud o beneficios para población vulnerable.

Las autoridades han señalado que la transición no significa el ingreso o salida inmediata de beneficiarios de los programas sociales. Durante el proceso se realizarán evaluaciones para determinar cómo impacta la nueva clasificación y se harán los ajustes necesarios antes de la aplicación completa del modelo.

Ahora bien, dentro de la transición que durará dos años, el  RUI cambia el enfoque de las clasificaciones alfabéticas (grupos A, B, C, D) para enfocarse directamente en el ordenamiento por ingresos reales.

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El Consejo de Estado revocó la suspensión provisional que pesaba sobre varios apartados del Decreto 572 de 2025, una norma expedida por el Gobierno Nacional para modificar algunas tarifas de retención y autorretención en la fuente con el objetivo de anticipar el recaudo tributario.

La decisión representa un nuevo capítulo en uno de los debates fiscales más importantes de los últimos meses.

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La medida había sido suspendida de manera provisional en mayo de 2026, luego de que varios demandantes cuestionaran los fundamentos técnicos y económicos utilizados para justificar los cambios introducidos por el decreto. En ese momento, el alto tribunal consideró necesario detener temporalmente la aplicación de algunas disposiciones mientras avanzaba el estudio del caso.

Consejo de Estado ordena al presidente de la República abstenerse de difundir propaganda electoral

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— Consejo de Estado (@consejodeestado) May 28, 2026

¿Qué decidió el Consejo de Estado?

Tras analizar un recurso de súplica presentado por el Ministerio de Hacienda, el Consejo de Estado concluyó que en esta etapa del proceso no correspondía realizar un análisis profundo sobre la legalidad de la norma, sino únicamente determinar si existían razones suficientes para mantener la medida cautelar. Por ello, decidió revocar la suspensión provisional y permitir nuevamente la vigencia de las disposiciones cuestionadas.

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El alto tribunal aclaró que los argumentos presentados por los demandantes deberán ser estudiados en una sentencia de fondo, donde se evaluará integralmente la legalidad del decreto y sus efectos sobre el sistema tributario colombiano.

¿Qué cambia para los contribuyentes?

Con la decisión judicial, volverán a aplicarse las modificaciones relacionadas con las tarifas de autorretención y las bases mínimas para practicar la retención en la fuente previstas en el Decreto 572 de 2025. Estas medidas buscan anticipar parte del recaudo del impuesto sobre la renta y mejorar el flujo de recursos hacia las finanzas públicas.

No obstante, el Consejo de Estado señaló que la reactivación de la norma no tendrá efectos inmediatos. Debido a los ajustes operativos y tecnológicos que deben realizar empresas, contadores y agentes de retención, las disposiciones comenzarán a aplicarse desde el primer día calendario del mes siguiente a la ejecutoria de la decisión judicial. Siendo julio.

Mientras continúa el proceso de fondo, el debate sobre la legalidad y conveniencia de este mecanismo de recaudo seguirá abierto. Lo cierto es que la reciente decisión devuelve la vigencia al esquema tributario diseñado por el Gobierno. Y obliga a los contribuyentes a prepararse para su próxima implementación.

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