Colombia

¿Se pierde la EPS al quedar sin trabajo? Esto es lo que debe saber

En Colombia, la salud es un derecho fundamental, por lo que el gobierno ha implementado diversas alternativas para garantizar el acceso al sistema de salud.

¿Se pierde la EPS al quedar sin trabajo? Esto es lo que debe saber
Pixabay

En Colombia, la salud es un derecho fundamental, por lo que el gobierno ha implementado diversas alternativas para garantizar el acceso al sistema de salud.

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Una de las mayores preocupaciones de las personas al quedarse sin trabajo es la posibilidad de perder su servicio de salud. La incertidumbre sobre cómo reaccionar ante una emergencia médica durante el periodo de desempleo genera una gran inquietud.

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Cuando una persona tiene empleo, los pagos a la EPS en Colombia, son cubiertos en parte por la empresa en la que labora. En el caso de contratos por prestación de servicios, se destina un porcentaje de los ingresos del empleado para pagar las prestaciones obligatorias, que incluyen salud y pensión.

¿Qué pasa con la EPS cuando una persona queda sin trabajo?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, una vez la persona deja de laborar y de cotizar, puede seguir utilizando los servicios durante 30 días. Este tiempo se cuenta desde el momento en que finaliza el contrato con la empresa, o cuando se deja de ser cotizante.

Caber recordar, si la persona tiene beneficiarios registrados en su EPS, como su núcleo familiar directo, estos también tendrán acceso a los servicios de salud. El tiempo para los familiares es también de 30 días posteriores a la finalización del contrato laboral.

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¿Qué pasa si la persona ha cotizado durante más de cinco años?

En el caso de personas que hayan cotizado durante al menos cinco años consecutivos, tienen derecho a recibir los servicios de salud por un periodo de tres meses, una vez dejen de cotizar, es decir, que continúa afiliado a la EPS en Colombia por un tiempo.

Protección al cesante

Otra opción disponible para quienes pierden su empleo es el mecanismo de Protección al Cesante. En este caso, las cesantías acumuladas durante el tiempo laborado pueden ser utilizadas para cubrir el costo del servicio de salud. Para acceder a esta protección, el trabajador debe estar inscrito en la Red de Servicios de Empleo y haber terminado formalmente su vínculo laboral.

Este beneficio permite que el ciudadano tenga el servicio de salud por un máximo de seis meses, durante los cuales las cesantías son utilizadas para realizar los pagos correspondientes.

Régimen subsidiado

En caso de que las cesantías no sean suficientes o no se cuente con este beneficio, existe la posibilidad de ingresar al régimen subsidiado.

Para ello, el ciudadano debe estar clasificado en las categorías A, B o C del Sisbén y hacer la solicitud correspondiente con su EPS para ser atendido bajo este régimen.

Aunque perder el empleo puede generar angustia respecto al servicio de salud, el sistema colombiano ofrece varias alternativas que permiten a los ciudadanos continuar con su atención médica, garantizando el acceso a la salud como un derecho fundamental.

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Gobierno colombiano radicó nueva reforma de salud: Conozca algunos puntos importantes

Después de que se hundiera la reforma de salud en abril del 2024, el Ministerio de Salud presentó un nuevo texto.

Gobierno colombiano radicó nueva reforma de salud: Conozca algunos puntos importantes
FUENTE: EFE/ Ministerio de Salud

Después de que se hundiera la reforma de salud en abril del 2024, el Ministerio de Salud presentó un nuevo texto.

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El Gobierno colombiano radicó este viernes en el Congreso para su aprobación un nuevo proyecto de ley de reforma a la salud, después de que en la legislatura pasada, en abril de este año, se hundiera la anterior.

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Sin anuncio previo, el Ministerio de Salud presentó al Congreso el nuevo texto que pretende garantizar "que todos los ciudadanos accedan a servicios de calidad sin barreras y con equidad".

"Queremos construir una salud sin barreras, donde cada ciudadano, sin importar su ubicación o condición socioeconómica, pueda acceder a servicios de calidad".

Afirmó el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, citado en un comunicado.

La nueva reforma

Según lo detallado por el Ministerio, el nuevo texto quiere eliminar barreras económicas, geográficas y administrativas. Todo eso con el fin de acceder a servicios de salud, ofreciendo una red articulada de hospitales y clínicas.

También pretende que se extienda los servicios a zonas rurales y promocione la formación de los profesionales de salud, así como simplifique los trámites.

Como en la anterior reforma, pretende dar más poder a la Administradora de los Recursos de Salud (Adres). Esta entidad pública es la que se encarga de girar los recursos a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) privadas que es a la que están abonadas la ciudadanía para recibir la atención sanitaria.

Por ello, la Adres será el pagador único y quien cancele a hospitales y clínicas (en vez de las EPS), en un nuevo sistema de salud.

Además, busca enfocarse en la atención de prevención, con mayor capacitación de los profesionales de la salud y apostando por Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y los Equipos de Salud Territorial.

"Estarán en primera línea, brindando atención cercana a las comunidades, reduciendo inequidades y respondiendo eficazmente a las necesidades locales".

Comentó el Ministro Jaramillo.

Hundimiento de la reforma

A pesar de las similitudes con el texto que se hundió en abril por iniciativa de la oposición, el ministro de Salud se mostró confiado en su tramitación.

"Este proyecto de ley refleja un proceso de consenso amplio. Hemos tomado en cuenta y abordado las observaciones de todas las partes involucradas para lograr una reforma integral y efectiva".

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La polémica reforma anterior, que suscitó críticas de amplios sectores, incluidas las EPS y gremios sanitarios, se hundió en una de sus fases más preliminares de tramitación. Esto ocurrió cuándo nueve congresistas de la Comisión Séptima del Senado votaron una ponencia para archivar definitivamente la iniciativa.

La reforma hundida había sido aprobada a finales del año pasado por la Cámara de Representantes. Además, pasó a debates en el Senado a pesar de las numerosas críticas hechas al proyecto por asociaciones médicas y de pacientes.

Actualmente, el sistema sanitario colombiano está en crisis, pues la mayoría de EPS privadas se encuentran intervenidas por el Gobierno.

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¿Cuáles son las nuevas directrices sobre el manejo de la protesta social? Experto despeja dudas

La nueva directriz de la Fiscalía General marca un cambio significativo en la forma en que se abordan los delitos relacionados con la protesta social en Colombia.

La nueva directriz de la Fiscalía General marca un cambio significativo en la forma en que se abordan los delitos relacionados con la protesta social en Colombia.

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El documento de las nuevas 31 directrices por parte de la Fiscalía General de la Nación, que fue firmado por la fiscal Luz Adriana Camargo. Ha encendido un amplio debate sobre la forma en que se abordarán los delitos relacionados con la protesta social en Colombia.

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La nueva directriz, firmada el 10 de septiembre de 2024, busca equilibrar la protección del derecho a la protesta pacífica con la necesidad de mantener el orden público.

Según la fiscal general Camargo, el objetivo es asegurar que las manifestaciones se desarrollen sin violaciones a la ley, al mismo tiempo que se evita la criminalización de la protesta legítima.

Este es el enfoque de la nueva directriz

Raimundo Tello, Magíster en Criminología y Especialista en Derecho Penal, explicó en una entrevista para el Noticiero 90 Minutos, que las nuevas directrices reafirman el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero aclaran que cualquier acto delictivo, como vandalismo o saqueos, será investigado y judicializado de manera rigurosa.

"La directriz no pretende debilitar a la fuerza pública. Más bien, busca asegurar que los delitos sean tratados con la seriedad que requieren, sin afectar el derecho a manifestarse pacíficamente".

Afirmó el abogado.

Una de las principales novedades es que la justicia ordinaria, en lugar de la justicia penal militar, será la encargada de investigar y judicializar los delitos cometidos durante las protestas.

Este cambio, según Tello, se alinea con el artículo 213 de la Constitución, que establece que los civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares.

Por otro lado, la directriz ha generado opiniones divididas. Algunos críticos temen que las nuevas políticas podrían limitar la capacidad de la fuerza pública para manejar situaciones de desorden y actos vandálicos. Sin embargo, Tello aclaró que la directriz no busca debilitar la fuerza pública, sino garantizar que actúe dentro de los parámetros constitucionales.

"Los actos delictivos deben ser investigados y tratados adecuadamente, pero sin reprimir de manera desproporcionada a quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica".

Añadió Tello.

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Por otro lado, defensores de la medida aplauden la directriz por promover un enfoque más equilibrado y respetuoso de los derechos fundamentales. Pues la directriz busca evitar la criminalización excesiva de las protestas.

Otro punto importante de esta directriz, trata de que refuerza que los civiles involucrados en delitos durante las manifestaciones serán juzgados por la justicia ordinaria. Asegurando un proceso judicial transparente y equitativo. Esto responde a preocupaciones previas sobre la aplicación de la justicia penal militar en casos que involucran a civiles.

Esta directriz cambiaría radicalmente el manejo de los delitos bajo protesta en Colombia

La emisión de directrices por parte de la Fiscalía General no requiere la aprobación del Congreso, según el artículo 251 de la Constitución.

Estas directrices están basadas en la ley y tienen fuerza vinculante. Aunque, su aplicación puede ser revisada por los tribunales si se considera que violan derechos fundamentales o principios constitucionales.

Esto marcaría un cambio significativo en la forma en que se abordan los delitos relacionados con las protestas sociales en Colombia.

Finalmente, la población y los especialistas seguirán de cerca la implementación de esta directriz. Para asimismo, evaluar su efectividad y su influencia en la gestión de las manifestaciones en el país.

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Polémica directriz de la Fiscalía General reformula enfoque sobre delitos en protestas sociales

El manejo de la protesta social en Colombia tiene opiniones divididas. Pues según datos, ha sido un espacio de diferentes actos violentos.

El manejo de la protesta social en Colombia tiene opiniones divididas. Pues según datos, ha sido un espacio de diferentes actos violentos.

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La reciente directriz emitida por la Fiscal General Luz Adriana Camargo ha generado una intensa controversia al redefinir cómo los fiscales deben abordar los delitos relacionados con la protesta social.

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Esta medida ha sido interpretada por muchos como un intento de suavizar las responsabilidades penales de aquellos involucrados en actos de violencia y vandalismo durante las manifestaciones.

El nuevo enfoque ha sido recibido con críticas mixtas por parte de abogados y especialistas en derecho. Para algunos, la directriz representa una peligrosa legitimación de la violencia contra la fuerza pública.

"La protesta social no puede ser criminalizada, pero tampoco se puede permitir que quienes protestan violentamente maten o torturen a nuestros policías y militares".

Manifestó Gilberto Gómez, Abogado Constitucionalista y Penalista.

Por otro lado, defensores de la nueva política argumentan que esta es una medida necesaria para proteger el derecho a la protesta pacífica.

"Unos centenares de manifestantes todavía permanecen tras las rejas como consecuencia de la criminalización de la protesta social agenciada por el fiscal Francisco Barbosa. Y a la que hoy pretende ponerle fin la doctora Luz Adriana Camargo".

Afirmó Elmer Montaña, Abogado Penalista.

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Datos revelarían alarmantes cifras de crímenes en la protesta social

Las cifras respaldan la preocupación por la criminalización excesiva de la protesta social. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2021 se registraron 417 violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones.

Esto arrojó como resultado la muerte de 58 jóvenes y la detención de 110 personas. Especialistas en derecho argumentan que en una democracia debe siempre existir el derecho a la protesta, siempre que sea pacífica.

A lo que, enfatiza la necesidad de investigar los abusos cometidos por los agentes del estado.

"Que ordenen las inmediatas investigaciones de todos los vejámenes que cometieron los agentes del Estado en contra de las protestas pacíficas de los estudiantes y de la comunidad y de los jóvenes de los barrios".

Diego Méndez, Abogado Penalista

La nueva directriz también incluye un cambio significativo en el manejo de los delitos durante las protestas, estableciendo que la justicia ordinaria, y no la justicia penal militar, será la encargada de investigar y judicializar estos casos.

Este cambio ha sido recibido con una mezcla de alivio y escepticismo, reflejando la complejidad del equilibrio entre proteger el derecho a la protesta y mantener el orden público.

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