El documento de las nuevas 31 directrices por parte de la Fiscalía General de la Nación, que fue firmado por la fiscal Luz Adriana Camargo. Ha encendido un amplio debate sobre la forma en que se abordarán los delitos relacionados con la protesta social en Colombia.
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La nueva directriz, firmada el 10 de septiembre de 2024, busca equilibrar la protección del derecho a la protesta pacífica con la necesidad de mantener el orden público.
Según la fiscal general Camargo, el objetivo es asegurar que las manifestaciones se desarrollen sin violaciones a la ley, al mismo tiempo que se evita la criminalización de la protesta legítima.
Este es el enfoque de la nueva directriz
Raimundo Tello, Magíster en Criminología y Especialista en Derecho Penal, explicó en una entrevista para el Noticiero 90 Minutos, que las nuevas directrices reafirman el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero aclaran que cualquier acto delictivo, como vandalismo o saqueos, será investigado y judicializado de manera rigurosa.
"La directriz no pretende debilitar a la fuerza pública. Más bien, busca asegurar que los delitos sean tratados con la seriedad que requieren, sin afectar el derecho a manifestarse pacíficamente".
Afirmó el abogado.
Una de las principales novedades es que la justicia ordinaria, en lugar de la justicia penal militar, será la encargada de investigar y judicializar los delitos cometidos durante las protestas.
Este cambio, según Tello, se alinea con el artículo 213 de la Constitución, que establece que los civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares.
Por otro lado, la directriz ha generado opiniones divididas. Algunos críticos temen que las nuevas políticas podrían limitar la capacidad de la fuerza pública para manejar situaciones de desorden y actos vandálicos. Sin embargo, Tello aclaró que la directriz no busca debilitar la fuerza pública, sino garantizar que actúe dentro de los parámetros constitucionales.
"Los actos delictivos deben ser investigados y tratados adecuadamente, pero sin reprimir de manera desproporcionada a quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica".
Añadió Tello.
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Por otro lado, defensores de la medida aplauden la directriz por promover un enfoque más equilibrado y respetuoso de los derechos fundamentales. Pues la directriz busca evitar la criminalización excesiva de las protestas.
Otro punto importante de esta directriz, trata de que refuerza que los civiles involucrados en delitos durante las manifestaciones serán juzgados por la justicia ordinaria. Asegurando un proceso judicial transparente y equitativo. Esto responde a preocupaciones previas sobre la aplicación de la justicia penal militar en casos que involucran a civiles.
Esta directriz cambiaría radicalmente el manejo de los delitos bajo protesta en Colombia
La emisión de directrices por parte de la Fiscalía General no requiere la aprobación del Congreso, según el artículo 251 de la Constitución.
Estas directrices están basadas en la ley y tienen fuerza vinculante. Aunque, su aplicación puede ser revisada por los tribunales si se considera que violan derechos fundamentales o principios constitucionales.
Esto marcaría un cambio significativo en la forma en que se abordan los delitos relacionados con las protestas sociales en Colombia.
Finalmente, la población y los especialistas seguirán de cerca la implementación de esta directriz. Para asimismo, evaluar su efectividad y su influencia en la gestión de las manifestaciones en el país.
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