¿Dónde termina la responsabilidad del Gobierno Nacional y dónde inicia la de un Gobierno Local? ¿Cuáles son nuestros deberes como ciudadanos?
El ejercicio del poder político orientado a las acciones socioeconómicas se manifiesta de formas muy diferentes entre el gobierno nacional y el local. No solo los países tienen gobiernos; departamentos, ciudades y pequeñas localidades, tienen sus propias gerencias y por supuesto, cada uno de estos gobiernos tienen ciertos deberes y responsabilidades con los ciudadanos de sus respectivas jurisdicciones.
Colombia ha tenido que enfrentar dos grandes crisis económicas: primero la de 1929 conocida como la Gran Depresión, originada en Estados Unidos luego de la caída de la bolsa; esta crisis provocó desempleo, pobreza, quiebra de bancos e industrias y un malestar social generalizado. Después, vino 1999, año en que Colombia se encontraba en un momento de crisis fiscal, claramente ocasionado por el incremento en el aumento de los gastos del gobierno que fueron subiendo gradualmente durante 9 años. Además, es importante no olvidar las crisis del 2006 por las pirámides, la del 2012 por el mercado de capitales y la del 2015 por la fuerte caída en el precio del petróleo.
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Como vemos, siempre hemos sido un país con diversas crisis financieras, políticas, económicas y sociales. Lastimosamente, el 2020 y 2021 no fueron la excepción, tras dos años de pruebas muy difíciles, con la crisis sanitaria por el COVID-19, con un alto impacto global y posteriormente con el Paro Nacional de gran impacto local, ocasionando graves afectaciones a la producción, el empleo, la economía y la educación. Los gobiernos nacionales y la sociedad civil en general vieron afectadas sus agendas, alterando no solo las políticas sociales y económicas, sino también la convivencia ciudadana.
Estas dos ultimas crisis abrieron una fuerte discusión nacional, el debate llegó al punto donde los gobernantes, responsables de la mitigación, no entendían bien cuáles eran sus roles, confundiendo a la ciudadanía. Esto sucede cuando se desconocen las responsabilidades y facultades, especialmente en materia de orden público.
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Dicha situación nos lleva al planteamiento de este interrogante. Nos referimos a los roles del gobierno nacional, los gobiernos locales y la sociedad civil como articuladores de acuerdos en todos los contextos, pero no solo en tiempos de crisis. Estos actores deberían salir de las habituales dinámicas de ganar y perder, atribuyéndose las responsabilidades entre los unos y los otros, exponiendo siempre los desaciertos de sus adversarios, mientras la ciudadanía, como es habitual, queda en medio de estrategias disuasivas con fines políticos y electorales. Por tanto, es de suma importancia que la ciudadanía conozca cuáles son los roles, responsabilidades y alcances de sus gobernantes; así como cuáles son los deberes que tenemos como ciudadanos.
El gobierno nacional tiene unas competencias innegables que giran en torno a asuntos macro; es el rector y conductor de la priorización en términos de inversión, facilita y consolida los procesos articulando distintos niveles del mismo, puede tener iniciativa para la expedición de leyes y decretos, dirige proyectos con liderazgo, garantiza en términos generales la prestación de servicios públicos, es el primer (pero no el único) responsable de la seguridad nacional, debe brindar seguridad y asistencia económica y encargarse de asuntos concernientes a las relaciones internacionales, entre otros.
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Sin embargo, resulta fundamental entender que no toda acción administrativa que de una u otra manera nos afecta, está directamente bajo la responsabilidad del gobierno nacional. Nuestros dirigentes locales han tomado como costumbre el intentar justificar sus malas acciones en fallos institucionales del orden nacional y así, todo aquello que nos genera inconformismo, es depositado en las manos de alguien a quienes nos es difícil hacerle un reclamo directo ¿verdad?
Como ciudadanos, nuestra más esencial responsabilidad está en el ejercicio de la veeduría y control de quienes nos gobiernan de primera mano. Exigirle a un concejal, un diputado, un alcalde, un gobernador y hasta un líder de junta de acción comunal, resulta igual (o hasta más) de importante y trascendental que hacerlo con un ministro, un congresista o un presidente.
Es en el nivel local donde se encuentra la responsabilidad de hacer cumplir las leyes, decretos, acuerdos y ordenanzas; donde se debe procurar el orden público, pues son los alcaldes la primera autoridad de la Policía en cada municipio; se arreglan y destinan los presupuestos para nuestras comunas y veredas; donde se priorizan o no nuestras necesidades en materia de servicios públicos, educación, alimentación, calidad de vida, entre otros; son los gobernantes locales los encargados de representar y gestionar los recursos que no estén a su alcance con otras entidades del orden nacional.
En últimas, son los gobernantes locales los que deben hacerse rasgar sus vestiduras por procurar que nuestras necesidades e intereses sean propiamente atendidos; debemos dejar de apuntar el dedo hacia arriba y empezar a ver qué es lo que falla a nuestro lado.
Todo parece simple si nos enfocamos a elegir bien, escoger los mejores perfiles de quienes conducirán el destino en las regiones. A portas de las elecciones del 2023 el reto es escoger gente buena, formada, con un liderazgo democrático y capacidad transformadora.
Si elige mal, no exija. Una buena elección da una buena administración, y si hablamos de Cali y el Valle del Cauca, ya es hora de votar bien, para que a todos nos vaya bien y podamos salir del lamento.
Alejandra Cifuentes Reyes
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