El paro cívico en Buenaventura podría retomarse. Así lo han asegurado algunos líderes sociales tras los que ellos califican como incumplimientos del Gobierno Nacional, que hace cuatro meses se comprometió a resolver la crisis social y económica del Puerto.

Según aseguró a Contagio Radio el líder de la comunidad, Javier Torres, el tema medioambiental ha avanzado, pero el resto de las problemáticas todavía sigue a la espera de alguna intervención. Al parecer, lo anterior sería causa de la no presencia de representantes gubernamentales.

Torres agregó que “el paro está suspendido y no levantado, ya que estamos pendientes hasta que se cumplan los acuerdos”. De hecho, el pasado jueves 19 de octubre, cerca de 300 habitantes participaron de una marcha que exigía el cumplimiento de los acuerdos. Además, otra movilización está siendo planeada por el comité del paro cívico para los próximos días.

El paro cívico en Buenaventura duró 21 días. Esta es la nota en la que 90 Minutos registró el momento en que empezaron las protestas en el primer puerto sobre el Pacífico, en mayo 16 de 2017:

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Entretanto, el 25 de octubre se realizará una reunión con los miembros del Gobierno para revisar qué tanto se avanzado en los acuerdos, en donde uno de los ejes principales para los habitantes es el suministro de agua.

Dicha situación no es reciente, pues Buenaventura ya ha sido escenario de tres paros cívicos en 1962, 1998 y 2017. Todos estos, según los promotores de las movilizaciones, han sido causados por la ausencia del Estado en las necesidades básicas del municipio.

¿Cuáles fueron los compromisos del Gobierno Nacional?

Luego de concluir el paro cívico, la Gobernación del Valle indicó que, frente a los reclamos de falta de intervención estatal en esta zona de país,  ha realizado una inversión total que ascendía a 1,5 billones de pesos para atender sus diferentes problemáticas. De aquel monto, alrededor de 700 mil millones de pesos tienen su origen en el Fondo de Patrimonio Autónomo, una iniciativa legislativa que fue radicada por el Congreso el pasado 26 de julio.

El Noticiero 90 Minutos dio cuenta de los acuerdos logrados para que terminara esta protesta el 6 de junio de este año:

Los acuerdos señalan que se destinan 183 mil millones de pesos para la ciudadela hospitalaria, además de 12.500 millones de pesos para la Unidad de Cuidados Intensivos. En esta misma línea, varios centros de salud se les harían adecuaciones por 27 mil millones de pesos.

En el acueducto y alcantarillado de la ciudad se invertirían 350 mil millones de pesos, financiación que permite el suministro de agua las 24 horas, mientras que el acueducto rural se le destinarían 25 mil millones de pesos.

Entretanto, se acordaron 170 mil millones de pesos para el sector educativo. Y a propósito de temas infraestructurales, algunas obras acordadas son el muelle de cabotaje y el parque industrial pesquero.

Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda levantaría 7.000 soluciones de vivienda para la ciudad. Y se construirá el estadio Marino Klínger, el cual se encuentra en abandono, por lo que los recursos destinados eran de 35 mil millones de pesos.

Sin embargo, el cumplimiento de todos estos acuerdos no ha sido visto con buenos ojos en las últimas semanas. De hecho, el 28 de agosto, el Bloque Regional de Congresistas ya había debatido el mismo tema el pasado 28 de agosto y en dicho episodio, las observaciones no fueron muy positivas.

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— Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) 23 de octubre de 2017