Tres EPS de Colombia le hicieron un llamado al Gobierno y Ministerio de Salud sobre graves problemas financieros que podrían impedir la prestación de su servicio.
Las EPS Sura, Sanitas y Salud Compensar enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, pidiendo ayuda en sus balances, porque si no encuentran una solución, podrían dejar de operar en septiembre.
“Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población”.
Carta.
Esta carta se envió el 27 de julio al ministro Jaramillo, en la que se asegura que no es “una posición gremial, pero sí refleja la crisis que atraviesan las EPS por factores estructurales de financiamiento y otros de naturaleza coyuntural”.
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Actualmente, estas EPS prestan su servicio de salud a más de 13 millones de colombianos y un ecosistema adicional de 136.000 personas que conforman los grupos familiares.
En la carta se explica que, si esto no se resuelve, en el mes de septiembre podrían dejar de prestar sus servicios y tendrían que “convocar a nuestras juntas directivas para evaluar los posibles escenarios que como Gobierno nos plantean y tomar las respectivas decisiones del caso”.
Estos problemas financieros son principalmente por las grandes deudas que tiene a estas EPS; $870.871 millones en Sanitas, $568.638 millones en Sura y $204.206 millones en Compensar, para un total de $1,6 billones.
¿Y esto a qué se debe?
Una de las causas de este gran problema financiero es el valor de la UPC, que es el valor que se le reconoce a la EPS por cada persona afiliada en los regímenes contributivo y subsidiado, que ha sido “insuficiente para atender el plan de beneficios en salud”.
“Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue un insuficiente en un 8%, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS”.
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En el año 2023 se ajustó el valor, pero, según explican las EPS, esto no cubrió el problema, ya que el ajuste fue solo del 5.7%.
“No se ha logrado una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables. Al no ajustar la UPC por condiciones de salud, varias EPS hoy presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros”.
Lo que piden las EPS es que el valor de la UPC sea distribuido de manera equitativa entre los actores responsables, y no por un aumento o disminución global de la UPC promedio del sector.
Además, a la fecha se les debe a las EPS el pago de las deudas de presupuestos máximos, recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades y procesos de compensaciones pendientes.
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