Familia denuncia que una clínica dio por muerto a un bebé y durante el sepelio mostró señales de vida.

El pasado martes una mujer de 22 años se trasladó hacia una clínica del norte de Barranquilla porque había entrado en trabajo de parto.

La joven solo tenía 7 meses de gestación, por lo que fue un procedimiento complicado para los médicos. Lamentablemente, cuando el bebé nació lo dieron por muerto.

Horas después, la familia decide realizar el velorio del menor fallecido, pero durante la ceremonia se dieron cuenta de que el bebé aún vivía.

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Un médico del municipio de Sabanalarga, Atlántico, señaló que el bebé mostró señales leves de vida, como movimientos en las manos y circulación de sangre.

“Se sabe que una persona con más de cuatro o seis horas de fallecido presenta rigidez en el cuerpo. Puedo constatar que el bebé estaba muy flácido, tenía sangrado activo por el cordón umbilical y tenía ritmo cardiaco demasiado disminuido. El niño se ensució y se le salieron las lágrimas. Tenía movimientos mínimos de las manitos”.

El médico, Alexis Díaz, para la Emisora Atlántico.

Sin embargo, debido a que no tenían los implementos médicos necesarios para atender al menor de manera inmediata, este fallece.

El padre de este bebé, Deiber González, responsabilizó a la clínica La Misericordia, de Barranquilla, por dejar a morir a su único hijo.

Además, se mostró preocupado por el estado de salud de su esposa, la cual está hospitalizada en el mismo centro médico.

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Pronunciamiento de la clínica La Misericordia

La clínica la Misericordia se pronunció frente al procedimiento que le hicieron a la joven madre.

“En nuestra institución se realiza procedimiento para desembarazar a la paciente por parto vaginal, encontrando el feto sin signos vitales, lo cual había sido corroborado previamente con estudios especializados”.

Aseguraron que cuentan con todos los recursos médicos para atender estas situaciones, los cuales fueron usados para este caso.

“Nuestra Clínica utiliza protocolos basados en evidencia científica, verificables, medibles que soportan un actuar médico asistencial tanto para hacer diagnóstico como para instaurar tratamiento médico quirúrgico, según la patología del caso”.

Hasta el momento, la clínica no ha recibido una denuncia formal por parte de la familia del menor.

Por último, informó que la institución está dispuesta a recibir los entes de control correspondientes para que sea verificada “la evidencia científica que soporta el manejo del caso en cuestión”.

“Siendo garantes de la confidencialidad y custodia de la historia clínica, nos abstenemos a mencionar los datos personales de la madre, la cual aún permanece hospitalizada en nuestra Institución bajo el cuidado médico y psicológico correspondiente según los protocolos institucionales”.

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El cuerpo de Gildardo de Jesús Restrepo, un colombiano que desapareció en 2006 y de cuyo paradero su familia no sabía nada desde hace 17 años, fue entregado "de manera digna" a su hijo en el departamento de Antioquia la semana pasada.

Así lo informó este jueves la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que detalló que el cuerpo fue llevado a Titiribí, el pueblo del que el hombre huyó en 2001 por amenazas del Frente Suroeste de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El hombre se fue y dejó de trabajar en las minas de carbón y como recolector de café para desplazarse al municipio de Ciudad Bolívar, también en Antioquia, donde "el desarraigo lo alejó de los suyos". Desde allá llamaba a su familia pero en octubre de 2006, cuando su padre fue a visitarlo no lo encontró.

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"Le dijeron que se había marchado para el Quindío con una de las cocineras de la finca. Nunca más se comunicó con la familia, su madre murió esperándolo, sus hermanos no volvieron a verlo, no regresó a Titiribí por miedo y su hijo dejó de ser un niño e hizo una vida llena de preguntas sin respuesta", detalló la UBPD.

El cuerpo sin vida de Gildardo fue hallado en abril de 2013 en el municipio de Santuario, en el departamento de Risaralda, donde trabajaba como recolector de café.

Fue asesinado por un grupo paramilitar surgido de la desmovilización de las AUC. Su cuerpo fue inhumado en la bóveda 486 del municipio de Apía, en Risaralda, y su lápida marcada como ‘NN (sin nombre). Abril 14-2013’.

"Soy hermana, fui madre de Gildardo, porque me tocó levantarlo desde pequeñito. Yo no vengo a enterrar a un hermano, vengo a enterrar a un hijo (...) Estoy contenta porque lo encontré, y triste porque lo encontramos muerto", dijo una de las familiares del hombre, cuya identidad no fue revelada por seguridad.

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Búsqueda

En 2020, una hermana de Gildardo le pidió a la Unidad de Búsqueda que buscara a su hermano. Ella y Willy, su hijo, aportaron las muestras de ADN que permitieron confirmar la identidad del hombre.

"El proceso de búsqueda llevó a los investigadores hasta Risaralda. La necropsia que hizo Medicina Legal dice que Gildardo tenía 43 años, vestía un jean café talla 32 y unas botas de caucho negras, talla 39. Cargaba dos candelas, una roja y otra azul; y una pipa artesanal. Gildardo murió de forma violenta a causa de dos impactos de proyectil de arma de fuego", agregó la UBPD.

El cuerpo fue recuperado en mayo de 2022 en el Cementerio San José de Apía para continuar con el proceso de identificación, que confirmó que era él.

LA UBPD es el organismo encargado de buscar a las 103.955 personas reportadas como desaparecidas en Colombia hasta 2016, de las cuales 89.782 aún no han sido encontradas.

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El escrache es definido como un ejercicio de protesta pública en la que un grupo de activistas para denunciar a una persona; normalmente por delitos sexuales y/o de violencia de género. Actualmente, también aborda las redes sociales.

Asimismo, este tipo de denuncia pública, en contra de presuntos violadores o acosadores, ha estado tomando más fuerza; ya que para algunas personas es mejor denunciar a su agresor mediante medios virtuales y de manera anónima.

Esto, antes de dirigirse a las autoridades correspondientes, especialmente por el temor que significa iniciar un proceso legal contra una persona.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se pronunció ante el uso de esta manifestación al momento de señalar a los presuntos agresores: limitando el uso de las mismas y permitiendo que las personas se puedan defender.

Normalmente, el presunto victimario no tiene capacidad de responder ante los señalamientos.

Por eso, la Corte advierte que las personas que son denunciadas como victimarios en los ejercicios de escrache tienen el derecho a defenderse: "El presunto agresor puede activar medios de defensa judicial”, agrega el fallo.

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Caso en la Universidad de Antioquia

Para ejemplificar, Juan David Agudelo, profesor de derecho de la Universidad de Antioquia (quien fue el caso que la Corte Suprema investigó para reconsiderar su posición respecto al escrache), fue señalado el pasado 3 de agosto de 2022 de ser un violador y acosador por parte de un colectivo llamado ETA; cuyo significado es Estudiantes Transformadoras Alternativas.

Dicho colectivo feminista ingresó encapuchado a una de las clases del docente para hacer pública la denuncia.

Agudelo, quien está en un proceso legal, es tildado de “violador y acosador” expresiones que pueden “causar la muerte a cualquier persona”: según argumentó el docente en una entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio donde apoyaba la medida de la Corte Suprema de limitar el uso de este tipo de manifestación.

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Posición de las Cortes

Cabe aclarar que, la Corte Constitucional considera el escrache como:

“Un ejercicio de la libertad de expresión y un mecanismo legítimo que tienen las mujeres para denunciar públicamente y por medios no institucionales los actos de violencia basada en género de los que son víctimas.”

En síntesis, una denuncia vía escrache es un discurso constitucionalmente protegido. Por ende, se deben adoptar todas las medidas para garantizar la reserva de la víctima. Esto se encuentra depositado en la Sentencia T-241 de 2023.

En consecuencia, la Corte Constitucional evaluará nuevamente la propuesta de la Corte Suprema de Justicia y entrará en debate la necesidad de limitar el uso de este tipo de manifestación.

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