A 52.000 familias colombianas se les adelantó la Semana Santa padeciendo el viacrucis en el que se ha convertido cumplir su sueño de tener casa propia, por motivo de los anuncios que realizó el Gobierno Nacional frente a las modificaciones que realizará al programa de promoción y acceso a la vivienda de interés social – MI CASA YA.
La señora Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio fue la encarga de emitir casi una sentencia condenatoria a estas 52.000 familias colombianas que se encuentran en trámite para acceder a los beneficios del programa y que actualmente ostentan la calidad de “HABILITADO”, faltándoles únicamente que el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA emita la resolución de asignación, y, por consiguiente, realizara el desembolso respectivo.
Uno no entiende la narrativa del Gobierno Nacional en este caso. Estas familias y quienes estamos brindándoles apoyo y asistencia de tipo jurídico, y porque no decirlo, emocional, de muchas maneras hemos enviado el mensaje al Gobierno Nacional frente a la magnitud de la afectación que está generando actualmente con los anuncios realizados en cuanto a los ajustes que realizara al programa, y su respuesta solo han sido comunicados cargados de ideología y en contra de un sector de la población, que estoy segura que en su mayoría creyeron en su discurso de un supuesto “CAMBIO” y le dieron su voto, no solo electoral sino de confianza.
Y ahí radica el centro de gravedad de la discusión que hemos planteado; como una política pública, que si bien es cierto fue creada en el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón a través de quien fungió como su Vicepresidente, el Dr. German Vargas Lleras, fue continuada y fortalecida por el Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez, y que a la fecha muestra resultados positivos que la catalogan como una política pública virtuosa y exitosa, este Gobierno del “CAMBIO” pretende borrarla de un solo plumazo. Esta decisión ratifica la falta de rigor técnico del Gobierno del “CAMBIO” en la toma de decisiones en todos los ámbitos, ahondando una crisis social sin precedentes en la cual los más perjudicados son los ciudadanos que integran la clase media.
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Insisto en que la decisión del Gobierno Nacional es borrarla porque, los efectos de sus anuncios van en contravía de su discurso mentiroso en el que anuncian meros ajustes, los cuales se desvirtúan solo con la mera inclusión de la encuesta del SISBEN IV como instrumento de priorización. En primer lugar, se está variando el enfoque poblacional del programa de proposición y acceso a la vivienda de interés social – MI CASA YA, ya que las familias que venían en el proceso, al aplicar la encuesta del SISBEN IV, a lo mejor lograrían obtener el puntaje mínimo (10/30). En segundo lugar, se pretende modificar el enfoque del tipo de vivienda al dejar sin puntaje la vivienda de interés social priorizando vivienda de interés prioritario cuyas características obedecen a condiciones diferentes a las seleccionadas por las familias, la cual es la esencia del programa. En tercer lugar, se varía el enfoque de categorización de oferta al dejar sin puntaje a los distritos especiales y municipios de primera y segunda categoría, en donde se encontraba concentrada la oferta de proyectos de vivienda de interés social, lo cual resulta irónico porque dejan por fuera a Buenaventura, que si bien corresponde a un distrito especial cuenta con una población trabajadora que podría acceder a oferta del programa “MI CASA YA”, además de haber sido uno de los fortines políticos que dieron la victoria de Gustavo Petro. Y, por último, se realiza variación al enfoque de ubicación de vivienda priorizando la vivienda rural frente a la urbana.
La relevancia de la afectación de las variaciones que esta proponiendo el Gobierno Nacional radica nada más y nada menos en que las 52.000 familias que se encuentran con el trámite avanzado y en estado “HABILITADO”, al cambiarles las reglas de juego bajo las cuales se sometieron al proceso, las dejaría sin ningún chance de obtener un puntaje que los coloque en línea de priorización y asignación de los beneficios, y además, los perjudicaría de forma irremediable porque son familias que a la fecha ya contaban con el proyecto seleccionado con una constructora, que ya suscribieron promesa de compraventa, que de forma juiciosa y responsable han realizado abonos a la cuota inicial, cuentan con crédito hipotecario aprobado por una entidad bancaria, y al no ser otorgados los beneficios del programa “MI CASA YA” sería casi imposible que en su mayoría pudieran continuar con el proceso y cumplir con las condiciones contractuales establecidas en la promesa de compraventa suscrita, haciéndose objeto de aplicación de la cláusula de incumplimiento generando como sanción el pago de indemnización a título de pena en favor de la parte contratante, o sea, a la constructora. Además, según cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL, por el éxito del programa “MI CASA YA” se tenía una proyección de ampliación de beneficiarios y proyectos de vivienda para el 2023 que podrían llevar a las 100.000 familias.
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Estas familias solo han elevado una petición al Gobierno Nacional, la cual consiste en que se establezca un régimen de transición para que ellas puedan culminar su proceso y que los nuevos requerimientos se apliquen para las nuevas solicitudes, pero la respuesta de la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio ha sido un lavatorio de manos cual Poncio Pilatos a través de comunicados que no les brinda ninguna solución, y por ende, las condena a un viacrucis que lo más probable es que termine con el sacrificio del trabajo que representó obtener los recursos con los cuales han realizado los aportes que les correspondían. La única opción que pueden brindar las constructoras a estas familias es que asuman los recursos que iban a ser objeto de subsidio por parte del programa “MI CASA YA” a través de otro crédito bancario, la cual no es viable porque incrementaría el valor de la cuota de crédito a pagar, quedándose prácticamente sin tener para movilizarse, y peor aún, sin que comer.
Pero la afectación no termina aquí, la misma se amplifica socialmente a otros miles de familias que habían accedido a una oferta laboral en el sector de la construcción a través de los cientos de proyectos que se encontraban ejecutando las constructoras del país. Según cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL, por cada unidad de vivienda construida se generan 4 empleos, los cuales se encuentran en proceso de ir desapareciendo paulatinamente porque, en virtud de la incertidumbre generada por los anuncios del Gobierno Nacional frente a los ajustes al programa de “MI CASA YA”, ha traído como consecuencia la desaceleración y en casos más graves, la suspensión de los mismos frenando se la vinculación laboral de muchos colombianos.
Ahora bien, también el Gobierno Nacional apunta con una lanza amenazante al sector de la construcción, el cual se ha convertido en aliado fundamental del Estado Colombiano para sobrellevar crisis tan graves como la pandemia del COVID – 19, porque al no asignar los subsidios de las familias que se encontraban en estado “HABILIDADO” y el eminente incumplimiento de lo pactado contractualmente, se coloca en riesgo las inversiones que realizaron para avanzar en la ejecución de los proyectos de vivienda de interés social sobre los cuales se proyectó la oferta del programa, aspecto que no puede pasar de agache y al cual el Gobierno le está haciendo el quite.
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En el mes de marzo, en aras de brindar herramientas de tipo jurídico a estas familias, iniciamos una jornada de tutelaton que buscaron que el juez de tutela protegiera los derechos a la igualdad, debido proceso, vivienda digna y los principios constitucionales de buena fe y confianza legitima, siendo este ultimo de gran trascendencia por ser unos de los pilares que soporta la seguridad jurídica del Estado Colombiano frente sus actuaciones que afectan a sus asociados. Hemos obtenido un balance positivo porque un gran número de jueces han tutelado los preceptos constitucionales antes mencionados, sin embargo, también se han emitido fallos en contra los cuales estamos impugnando y que llevaremos hasta la revisión de la Honorable Corte Constitucional. Quienes nos hemos solidarizado con estas familias y hemos querido aportar a esta causa a través del ejercicio de los mecanismos pacíficos y legales que nos brinda el Estado Social de Derecho, esperamos que la respuesta institucional a esta problemática, que por cierto no ha sido abordada por ningún candidato que se encuentra en carrera para lograr la elección como alcalde de Santiago de Cali y que en su mayoría parecen más enfocados en agradar al Gobierno del “CAMBIO”, sea desde el punto de vista lógico y jurídico, el respeto de las reglas de juego establecidas en el Decreto No. 1077 de 2015, y que no sea el sacrificio de 52.000 sueños, que no son solo el de obtener una vivienda propia sino de una vida digna.
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