Por: Juanita Cataño - precandidata Alcaldía de Cali
Twitter @juanitacatano
Con gran preocupación vemos el duro golpe que el Gobierno Nacional le ha propinado al anhelo de tener vivienda propia de miles de colombianos. Con el cambio de políticas anunciado para la asignación del subsidio familiar del Programa de Promoción y Acceso a la Vivienda de Interés Social “MI CASA YA”, las familias que movidas por los excelentes resultados de este programa y que inclusive ya se encuentran en proceso de escrituración de sus viviendas, ven como poco a poco ese sueño se convierte en una pesadilla ya que temen que con el nuevo modelo el Gobierno Nacional no realice los desembolsos pendientes, lo que generaría repercusiones económicas en quienes sagradamente se esforzaron a través de su trabajo para cumplir el pago de la cuota inicial.
El Gobierno Nacional con su proyecto de reforma al Programa de Promoción y Acceso a la Vivienda de Interés Social “MI CASA YA” coloca en serios aprietos a los hogares que ya fueron habilitados por las entidades financieras otorgantes del crédito o contrato de leasing habitacional bajo el amparo de lo dispuesto en el Decreto No. 1077 de 2015 y a los nuevos grupos familiares que quieran adquirirlo con una nueva fórmula que incorpora seis (6) factores que otorgan un puntaje que en el ejercicio práctico reduce la posibilidad de ser beneficiado. A los beneficiarios que inclusive ya tienen resolución de asignación del subsidio a la fecha no se les ha realizado el correspondiente desembolso por parte del Fondo Nacional de vivienda – FONVIVIENDA el cual se encuentra adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien cuenta con aprobación desde el año pasado por parte del Congreso de la República de un presupuesto de más de 2.3 billones de pesos, y la mayoría de estos casos con tramite adelantado y hasta con llamado por parte de las constructoras a firmar las escrituras correspondientes porque su vivienda se encuentra terminada, con la limitante de no tener cierre financiero para proceder a dicha entrega; solo en el Valle del Cauca se cuenta que serían más de 7 mil los hogares afectados en este estado y 27 mil que están en construcción y pagando desde ya su cuota inicial quienes deberían recibirla este año o el primer semestre de 2024, y quienes no tienen claridad bajo que decreto serán seleccionados generando más angustia.
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Voceros de los beneficiarios, entidades financieras y constructoras han manifestado en repetidas oportunidades que, como ya se ha vuelto costumbre en este Gobierno, el diálogo con la señora Ministra de Vivienda es difícil, cuestión que impide la búsqueda de soluciones conjuntas que brinden un parte de tranquilidad en el proceso y disipe la incertidumbre, que no debería tener otro camino que mantener el esquema actual que con tanto éxito ha funcionado desde su implementación en el 2015 bajo el liderazgo del señor ex vicepresidente German Vargas Lleras y del Ministro de Vivienda Luis Felipe Henao hasta el anterior gobierno sin traumatismos, siendo el Valle del Cauca por ejemplo el departamento con mayor número de subsidios asignados, beneficiando a más de 54 mil hogares con ingresos entre los dos (2) y cuatro (4) salarios mínimos mensuales vigentes, que integran el grueso de la clase media y trabadora del país.
Con los nuevos lineamientos el Gobierno Nacional no solo afecta a la clase baja y media, sino que también impacta negativamente al sector de la construcción que constituye uno de los principales actores en materia de empleabilidad generando 1,65 millones de empleos directos, que corresponden a más del 7% del empleo nacional e indirectos con un porcentaje cercano al 10%, lesionando de gravedad este motor fundamental en la economía de nuestro país que ha sido golpeada por la pandemia del COVID-19, la desaceleración económica de los tres meses de bloqueos dentro del mal llamado estallido social, factores actuales de la economía global, volatilidad del dólar y una inflación que no da indicios de aflojar.
Presidente Petro, si a usted realmente le importa la población rural y quiere generar un impacto positivo, puede emprender otros programas de vivienda focalizados, que tenga un mayor impacto en los ciudadanos más vulnerables de estas zonas y no los someta a trámites administrativos que los obligue a adquirir compromisos financieros que quizás no estén aun a su alcance, incluso puede innovar con proyectos de materiales reciclados como el “ladrillo plástico” acorde con su política ecológica, haga una mesa de trabajo con el sector de la construcción, con emprendedores que quieran desarrollar estas nuevas técnicas de vivienda y saquemos este país adelante para todos, pues por beneficiar a un sector no tiene que afectar a otros; porque como dicen los abuelos “tener casa propia no es riqueza, pero no tenerla es pobreza”.
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Por todo lo anteriormente expuesto me temo que se acabarán las sonrisas de las familias beneficiadas del programa “MI CASA YA” que con sus brazos en alto simulaban la forma de un techo como símbolo de un sueño cumplido, y lo que veremos serán imágenes de desazón y reclamos manifestando MI CASA YA… ¿Para cuando?
Mientras por la vía del diálogo se determina una hoja de ruta conciliada entre el gobierno, la situación social actual, los afectados, los constructores y el sector financiero, invito a la ciudadanía este jueves a las 2:00 pm en la plazoleta Jairo Varela a emprender el ejercicio masivo de la acción te tutela más conocido como tutelatón, que permita que un Juez de la República le exija al Gobierno Nacional el amparo de los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, el derecho a la vivienda y el principio constitucional de la confianza legitima, recuperando la credibilidad en la institucionalidad.
