El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, invitó a los colombianos a convertirse en "los apagadores de cualquier intento de incendiar el resultado electoral, porque nadie puede arrebatarles a los colombianos su derecho sagrado a constituir sus instituciones, sin importar el resultado que entreguen las urnas".

Durante un encuentro con directores de medios regionales, al que también asistieron el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, y el Contralor General de la República, Carlos Rodríguez, el jefe del Ministerio Público resaltó que la "única autoridad con efectos jurídicos determinantes para definir si una elección fue o no válida es el Consejo Nacional Electoral, con base en el escrutinio que hacen los jueces a partir de la organización que elabora la Registraduría. Nadie más tiene la competencia para decidir si acepta o no los resultados".

Eljach Pacheco sostuvo que "el resultado final se va a respetar, de eso depende la legitimidad y estabilidad de la sociedad (…) ninguna minoría, ningún desadaptado o energúmeno tiene derecho a quitarle la esperanza a los colombianos (…) No se debe socavar la legitimidad de las urnas".

Por su parte, el Registrador Nacional señaló que este es un momento importante para enviarle mensajes a la sociedad e informar que todas las instituciones están haciendo su tarea, de manera que las elecciones se desarrollen con normalidad.

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El Contralor General destacó que "la institucionalidad ha tenido un reto importantísimo, pero se ha mostrado que la que hay es fuerte y sólida (…) Que esto salga bien no es solo deber de la Registraduría, se requiere la participación de todos", y enfatizó que "no es posible que antes del resultado se hable de incendiar el país, no vamos a permitirlo cualquiera que sea el resultado, y ese es el llamado de la responsabilidad histórica que tenemos en este momento”.

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Al concluir el evento, el jefe del Ministerio Público resaltó que "los colombianos somos los dueños de las elecciones y todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones porque en Colombia estamos todos y tenemos que caber todos (…) y la voz de las provincias, de las regiones, de los departamentos también tiene que oírse y conocerse en Colombia"

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Juan Carlos Abadía Campo, exgobernador del Valle del Cauca, al hallarlo responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

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La decisión está relacionada con un caso de corrupción que involucró el desvío de recursos públicos destinados a la dotación de bibliotecas escolares en el departamento.

Los hechos ocurrieron el 29 de enero de 2010, cuando el entonces gobernador Juan Carlos Abadía, su secretario de Educación, Eiber Gustavo Navarro Piedrahita, y Luz Delly Martínez Cárdenas, representante legal de la Fundación Calimío, suscribieron un convenio para la dotación de 40 bibliotecas públicas en instituciones educativas de varios municipios del Valle del Cauca.

El valor del contrato fue de COP 1.072 millones, de los que la Gobernación del Valle aportaría $1.000 millones de pesos y la Fundación Calimío $72.000 millones de pesos. La entrega de los textos escolares se subcontrató con la Fundación Calimío, Ediciones Alfa y Omega y Editorial La Clave del Saber, firmas que, según la Corte, se apropiaron de al menos $817 millones de pesos en sobrecostos.

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Detalles de la sentencia contra Juan Carlos Abadía

De acuerdo con la sentencia, el proceso de contratación para la dotación de las bibliotecas presentó múltiples irregularidades. Entre ellas, la aplicación de una normativa que no era pertinente para el caso, la ausencia de estudios previos adecuados, la falta de publicación del proceso en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y la omisión en la verificación de la capacidad e idoneidad de la Fundación Calimío para ejecutar el convenio.

“En consecuencia, el entonces gobernador Juan Carlos Abadía Campo transgredió dolosamente los principios de la administración pública consignados en el artículo 206 de la Constitución Política y los principios rectores de la contratación estatal, entre ellos, los de economía -planeación-, transparencia -selección objetiva- y responsabilidad”.

Dice la sentencia.

Cabe señalar que el proceso en contra de Juan Carlos Abadía inició en marzo 2017, cuando fue imputado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El 15 de agosto de 2018 llegó a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, instancia ante la cual fue acusado y juzgado. Finalmente, el 20 de noviembre de 2023 fue declarado culpable y condenado a 21 años de prisión.

Según el fallo, la administración departamental estaba obligada a adelantar el proceso contractual conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 80 de contratación pública. Sin embargo, el tribunal concluyó que dicho procedimiento fue omitido y que las cotizaciones presentadas tuvieron como finalidad aparentar el cumplimiento de los requisitos legales, sin que en realidad se ajustaran a las exigencias previstas por la normativa.

“Las cotizaciones presentadas por dos editoriales y una fundación (...) sirvieron, en realidad, para darle apariencia de legalidad al trámite y hacer ver un análisis de precios del mercado que no ofreció criterios claros para fijar el valor del convenio y de su cofinanciación a cargo de la fundación”.

Se lee en la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque la defensa de Juan Carlos Abadía aseguró que la firma del convenio con la Fundación Calimío tenía como propósito proteger los recursos públicos del departamento. Ante esto la Corte Suprema consideró que el exgobernador incumplió sus obligaciones legales y los deberes inherentes al cargo que ejercía:

“El funcionario conocía la materia, concretamente, los deberes del cargo para el que fue elegido popularmente, entre otros, los concernientes a garantizar la legalidad de la gestión contractual y ejercer la vigilancia de quienes impulsaron la preparación del convenio, pues así lo juró al tomar posesión de su cargo”.

Por este mismo caso se adelanta otro proceso en contra de Juan Carlos Abadía, enmarcado en el llamado cartel de la toga. Según la Fiscalía, el exgobernador habría acordado el pago de COP 400.000 millones a funcionarios judiciales para desviar la investigación que se adelantaba en su contra por el caso de las bibliotecas, el mismo sobre el cual la Corte Suprema acaba de confirmar su condena.

Por estos mismos hechos, Juan Carlos Abadía también enfrenta otro proceso judicial relacionado con el denominado “cartel de la toga”. De acuerdo con la Fiscalía, el exgobernador habría participado en un presunto acuerdo para entregar recursos a funcionarios judiciales con el fin de interferir en la investigación que se adelantaba en su contra por el caso de la contratación para la dotación de bibliotecas escolares, proceso sobre el cual la Corte Suprema de Justicia acaba de dejar en firme su condena.

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Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen detenido al activista colombiano Beto Coral, quien se encuentra en proceso de deportación pese a tener una solicitud de asilo pendiente, según confirmó EFE.

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El activista tenía un permiso de trabajo vigente al momento de su detención y tramitaba una solicitud de asilo por persecución política y amenazas de muerte recibidas en Colombia, según detalló a EFE Gimena Sánchez, directora para los Andes de la organización WOLA, que ha apoyado el caso de Coral desde 2020.

Al ser consultado por EFE sobre la detención, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se refirió a Coral como un "extranjero ilegal" y aseguró que violó las leyes estadounidenses al permanecer en el país después del vencimiento de su visa.

"Coral-Garrido permanecerá bajo custodia de ICE mientras continúan los procedimientos para su deportación", indicó un portavoz del DHS a EFE.

"Estar detenido es una elección. Animamos a todos los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país a tomar el control de su salida mediante la aplicación CBP Home".

Añadió el departamento.

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Coral fue detenido el martes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona. En un audio difundido en redes sociales por legisladores colombianos, Coral denunció que los agentes que lo arrestaron le informaron que la orden de detenerlo provenía, "supuestamente", del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios de EFE sobre esta denuncia.

Beto Coral tendría "alto riesgo" si regresa a Colombia

WOLA, una organización defensora de los derechos humanos en Latinoamérica, teme que la vida de Coral corra peligro si es enviado de regreso a Colombia.

"Él ha recibido amenazas de muerte e intimidación por sus posturas. Una persona que ha sido señalada tan abiertamente, si es deportada a Colombia, corre un alto riesgo de que le ocurra algo".

Indicó Sánchez.

La detención de Coral tuvo lugar días después de que el activista participara en una protesta en Miami, transmitida en redes sociales, contra Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha a la Presidencia de Colombia, del movimiento Defensores de la Patria.

El martes por la mañana, De la Espriella, quien también es ciudadano estadounidense y cuenta con el respaldo explícito del presidente Donald Trump, publicó en redes sociales una imagen en la que hacía un guiño al subsecretario de Estado Christopher Landau, autodenominado "quitavisas", en referencia a su campaña para revocar visas a extranjeros que considere una amenaza para los intereses de Estados Unidos.

"Habrá buenas noticias para los colombianos patriotas en el exterior", escribió De la Espriella.

Sánchez considera que la detención de Coral se enmarca en una tendencia de políticos o funcionarios afines a Trump que han utilizado su influencia en Estados Unidos para "neutralizar o vengarse" de sus críticos y opositores.

El Gobierno de Trump, además, "ha dejado claro" que no tiene problema en expulsar a personas cuyas actividades en Estados Unidos desaprueba, agregó.

Durante la Administración republicana se han documentado varios casos de migrantes, incluidos algunos con estatus legal, como residentes permanentes, que han sido deportados o detenidos en relación con sus actividades, discursos políticos o por preocupaciones vinculadas a la "seguridad nacional".

De la Espriella, quien antes de su incursión en la política desarrolló una carrera como abogado penalista, se enfrenta este domingo al izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en una ajustada segunda vuelta.

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