La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Juan Carlos Abadía Campo, exgobernador del Valle del Cauca, al hallarlo responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
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La decisión está relacionada con un caso de corrupción que involucró el desvío de recursos públicos destinados a la dotación de bibliotecas escolares en el departamento.
Los hechos ocurrieron el 29 de enero de 2010, cuando el entonces gobernador Juan Carlos Abadía, su secretario de Educación, Eiber Gustavo Navarro Piedrahita, y Luz Delly Martínez Cárdenas, representante legal de la Fundación Calimío, suscribieron un convenio para la dotación de 40 bibliotecas públicas en instituciones educativas de varios municipios del Valle del Cauca.
El valor del contrato fue de COP 1.072 millones, de los que la Gobernación del Valle aportaría $1.000 millones de pesos y la Fundación Calimío $72.000 millones de pesos. La entrega de los textos escolares se subcontrató con la Fundación Calimío, Ediciones Alfa y Omega y Editorial La Clave del Saber, firmas que, según la Corte, se apropiaron de al menos $817 millones de pesos en sobrecostos.
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Detalles de la sentencia contra Juan Carlos Abadía
De acuerdo con la sentencia, el proceso de contratación para la dotación de las bibliotecas presentó múltiples irregularidades. Entre ellas, la aplicación de una normativa que no era pertinente para el caso, la ausencia de estudios previos adecuados, la falta de publicación del proceso en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y la omisión en la verificación de la capacidad e idoneidad de la Fundación Calimío para ejecutar el convenio.
“En consecuencia, el entonces gobernador Juan Carlos Abadía Campo transgredió dolosamente los principios de la administración pública consignados en el artículo 206 de la Constitución Política y los principios rectores de la contratación estatal, entre ellos, los de economía -planeación-, transparencia -selección objetiva- y responsabilidad”.
Dice la sentencia.
Cabe señalar que el proceso en contra de Juan Carlos Abadía inició en marzo 2017, cuando fue imputado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El 15 de agosto de 2018 llegó a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, instancia ante la cual fue acusado y juzgado. Finalmente, el 20 de noviembre de 2023 fue declarado culpable y condenado a 21 años de prisión.
Según el fallo, la administración departamental estaba obligada a adelantar el proceso contractual conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 80 de contratación pública. Sin embargo, el tribunal concluyó que dicho procedimiento fue omitido y que las cotizaciones presentadas tuvieron como finalidad aparentar el cumplimiento de los requisitos legales, sin que en realidad se ajustaran a las exigencias previstas por la normativa.
“Las cotizaciones presentadas por dos editoriales y una fundación (...) sirvieron, en realidad, para darle apariencia de legalidad al trámite y hacer ver un análisis de precios del mercado que no ofreció criterios claros para fijar el valor del convenio y de su cofinanciación a cargo de la fundación”.
Se lee en la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Aunque la defensa de Juan Carlos Abadía aseguró que la firma del convenio con la Fundación Calimío tenía como propósito proteger los recursos públicos del departamento. Ante esto la Corte Suprema consideró que el exgobernador incumplió sus obligaciones legales y los deberes inherentes al cargo que ejercía:
“El funcionario conocía la materia, concretamente, los deberes del cargo para el que fue elegido popularmente, entre otros, los concernientes a garantizar la legalidad de la gestión contractual y ejercer la vigilancia de quienes impulsaron la preparación del convenio, pues así lo juró al tomar posesión de su cargo”.
Por este mismo caso se adelanta otro proceso en contra de Juan Carlos Abadía, enmarcado en el llamado cartel de la toga. Según la Fiscalía, el exgobernador habría acordado el pago de COP 400.000 millones a funcionarios judiciales para desviar la investigación que se adelantaba en su contra por el caso de las bibliotecas, el mismo sobre el cual la Corte Suprema acaba de confirmar su condena.
Por estos mismos hechos, Juan Carlos Abadía también enfrenta otro proceso judicial relacionado con el denominado “cartel de la toga”. De acuerdo con la Fiscalía, el exgobernador habría participado en un presunto acuerdo para entregar recursos a funcionarios judiciales con el fin de interferir en la investigación que se adelantaba en su contra por el caso de la contratación para la dotación de bibliotecas escolares, proceso sobre el cual la Corte Suprema de Justicia acaba de dejar en firme su condena.
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