Luego de que se completara un año de la tragedia en el Centro Penitenciario y Carcelario de Tuluá, Valle, la Defensoría del Pueblo determinó que, hasta el momento, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, aún no ha puesto en marcha las medidas pertinentes.
Esto se determinó tras una visita realizada por un equipo de la Defensoría del Pueblo al establecimiento, con el propósito de verificar la implementación de las medidas de prevención de emergencias destinadas a evitar una situación similar a la ocurrida el pasado 27 de junio del 2022, que cobró la vida de 57 personas privadas de la libertad.
Según el reporte de los funcionarios de la Regional Valle del Cauca, evidenciaron que la Uspec “no ha hecho una sola visita de inspección y seguimiento. Además, la cárcel no cuenta con una red de prevención de incendios”.
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Dicho centro penitenciario tiene la capacidad para albergar a 740 personas privadas de la libertad, sin embargo, en el reciento hay actualmente 969. Lo que representa un 131% de hacinamiento.
“El problema se agrava en las celdas, que fueron diseñadas para albergar a 8 internos cada una, pero actualmente se encuentran ocupadas por cerca de 12 personas en cada caso”.
Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con el organismo, una de las poblaciones históricamente abandonadas por el Estado es la privada de la libertad, por lo que continuarán con el llamado a la atención hacia los entes competentes, para que los derechos de estas personas no continúen siendo vulnerados. Esto a propósito de lo que está ocurriendo en el complejo carcelario de Tuluá.
“Le exigimos a la Uspec implementar cuanto antes las medidas correspondientes para que no se repita lo que fue denominado como ‘el infierno del patio ocho’”.
Defensoría del Pueblo.
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