Tras el lamentable hecho del pasado miércoles 17 de mayo, en el que fueron asesinados cuatro menores indígenas en el Putumayo; el presidente de la República Gustavo Petro suspendió el cese al fuego y ordenó la presión militar contra el frente Carolina Ramírez de las disidencias del Estado Mayor Central.
En respuesta, en las últimas horas la organización criminal emitió un comunicado en el que hace una fuerte amenaza a las elecciones regionales; dispuestas para octubre del año en curso, en la que buscan vetar regiones completas del país donde tienen “control político militar”.
“Entendiendo que en Colombia hay partidos políticos; sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra y que pretenden desarrollar la campañas electorales regionales en áreas sobre las que tenemos control político militar; se les informa que desistan de ingresar a dichas áreas, no son bienvenidos, serán devueltos de nuestros puntos de control”.
Dice comunicado.
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Ley anticorrupción
Además, señalan que impondrán sus propias leyes en los territorios hasta el punto de detener a las personas; teniendo en cuenta las normas de la organización criminal, a partir de la “ley anticorrupción” publicada por las extintas Farc hace 23 años.
“Los actos de corrupción, cómo: la compra o venta de votos, entrega de materiales de construcción, la compra de los registradores municipales; maquinaria agrícola; ofrecimiento de puestos o falsas promesas, todos estos, plenamente identificados y documentados por nuestra organización o denunciados ante las Farc por las comunidades serán sancionados conforme a la ley 003 del 2000 o ley anticorrupción”.
Se expresa en el comunicado.
Ahora, en las regiones donde la disidencia del Estado Mayor Central tenga control político y militar sólo podrán hacer campaña quienes ellos consideren.
“Los proceso políticos autónomos alternativos y/o comunitarios que hagan uso transparente y honesto del derecho a elegir y ser elegidos, como siempre son bienvenidos para las Farc a los territorios”.
Enfatizan.
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