Alrededor de 50 personas llegaron a la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Jamundí solicitando a la Administración Municipal que se tomen en cuenta sus derechos en temas de ampliación del territorio urbano.
Desde los corregimientos del Paso de la Bolsa, San Isidro, Bocas del Palo y Robles llegaron los miembros de estas comunidades afrodescendientes hasta las instalaciones de la iglesia con el fin de protestar. Según ellos, no están de acuerdo con el segundo debate del Plan de Ordenamiento Territorial,en el que se aprobaría el proyecto de construir nuevas viviendas.
Por su parte, Carlos Alberto Carabalí, presidente del Consejo Comunitario de San Isidro manifestó para Noticias Caracol que “se está llevando a cabo un proyecto de acuerdo que pretende modificar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial que nos afecta como comunidades negras, pero que se está haciendo bajo una irregularidad”.
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Además, los manifestantes aseguran que para este proyecto no se tuvo en cuenta su opinión, por lo tanto, vulnera el derecho a la consulta previa con comunidades étnicas afectando a más de 3.500 afrodescendientes en sus labores de agricultura.
De la misma manera, Osénimo Lasso, miembro del Consejo Comunitario de San Isidro añadió para el mismo medio que “esas construcciones que pretenden hacer ahí van a causar un impacto negativo en nuestra población, además se está pasando por encima de un derecho constitucional”.
No obstante, Lasso especificó que "lo que se hace es aumentar el número de viviendas en el territorio y disminuir la zona agrícola" por lo cual, los dejaría sin terreno para cultivar.
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Frente a la situación, el arzobispo de Cali, Darío de Jesus Monsalve Mejia, envió un comunicado expresando que la institución eclesial y la feligresía se han visto sumamente afectados por las protestas en tanto que la iglesia se considera lugar sagrado, por esta razón, invitó a los ocupantes a desalojar voluntariamente el templo una vez se tenga respuesta de las autoridades implicadas; sin embargo, manifestó el repudio de la iglesia“al ser utilizados como instrumento de indebida presión, cuando se trata de asuntos por esclarecer jurídicamente, o por intereses de tipo político, electoral y de expansión abusiva sobre territorios en discusión”.
Por otro lado, la alcaldesa, Lina María Vega, comentó en Caracol Radio, que envió un comunicado aplazando la aprobación del proyecto quince días.
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— Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) 27 de junio de 2017
