Por: Juanita Cataño - precandidata Alcaldía de Cali
Twitter @juanitacatano
Un gran número de familias colombianas atraviesan una grave crisis debido a los anuncios irresponsables que ha hecho el gobierno nacional frente a la modificación de los criterios de asignación del subsidio familiar de vivienda y tasa “FRECH” de una política de vivienda exitosa y eficaz como lo es “MI CASA YA”. El gobierno de Gustavo Petro en cabeza de su ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de medios de comunicación ha anunciado cambios estructurales para la asignación de los subsidios antes mencionados, que perjudican a quienes, por más de dos años con disciplina, sacrifico y compromiso sagradamente han hecho sus pagos mensuales para cumplir con su aporte de la cuota inicial del proyecto de vivienda seleccionado.
Recordemos que el Decreto No. 1077 del 2015 unificó la normatividad del sector vivienda, ciudad y territorio en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos trazando la hoja de ruta para hacer de Colombia una nación de propietarios en materia de vivienda, incorporando el Programa de Promoción y Acceso a la Vivienda de Interés Social “MI CASA YA”, el cual a la fecha nunca había sufrido un traumatismo de esta envergadura; durante el gobierno del presidente Iván Duque se evaluó y consciente de su importancia le dio continuidad siendo este periodo donde se alcanzaron los mejores resultados logrando un total de más de 250 mil hogares beneficiarios con vivienda propia. Actualmente, alrededor de 50 mil familias con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos mensuales vigentes que se encuentran adelantado el proceso para la asignación de los beneficios del programa, padecen situaciones psicológicas y económicas alarmantes, agudizadas por la inseguridad jurídica, la inflación y la desaceleración económica que está generando la improvisación del gobierno actual.
Artículo relacionado
Cabe resaltar que los nuevos criterios anunciados por el gobierno nacional, aparte de ser lesivos, incoherentes y subjetivos, son abiertamente ilegales por no contar con el debido soporte jurídico y no haber sido expedido aun el acto administrativo que modifique los criterios actuales contenidos en el decreto no. 1077 de 2015, además, reiterando la falta de rigor técnico que ha caracterizado a este gobierno, los criterios se encuentran ajenos a la realidad de los territorios y la oferta actual del mercado coartando la libertad de elección del lugar en donde los ciudadanos, conforme a sus necesidades particulares, quieren adquirir su vivienda. Con los criterios que pretende imponer el gobierno nacional se deja sin la posibilidad de obtener puntaje a proyectos de vivienda ubicados en la zona urbana, proyectos con tipo de vivienda de interés social y en municipios de categoría primera, segunda y especial, los cuales generan las condiciones más propensas al desarrollo de los grupos familiares a los cuales está dirigido el programa.
Pero un hecho más relevante que ha pasado desapercibido por los dirigentes actuales en el ámbito regional y local, los cuales están más enfocados en agradar al gobierno actual que atender las necesidades de su población, es que el Departamento del Valle del Cauca sería el más afectado, pues gran cantidad de los proyectos futuros y los que se encuentran ya en construcción en Distritos Especiales y Municipios como Buenaventura, Jamundí, Buga, Tuluá, Cartago, Yumbo y el mismo Santiago de Cali quedarían si la posibilidad de obtener puntaje dentro del nuevo sistema que se pretende implementar. Además ese capricho dictatorial de politizar todos los procesos queriendo someter los criterios de calificación a través del SISBEN IV, ha llevado incluso a que las personas afectadas en un intento por no perder los recursos ya aportados y el acceso a los beneficios del programa, incurran en prácticas irregulares que les permitan acreditar criterios inferiores a los que cuenta azuzada por la corrupción institucional de funcionarios para lograr la acreditación de los mismos, mientras que el modelo vigente establece condiciones objetivas y verificables lo cual ha contribuido a la obtención de los excelentes resultados del programa.
Lea también: ¿El País de las maravillas?
Gustavo Petro en su profundo desconocimiento y desconexión de la realidad, alimentado por la ineptitud de la Ministra de Vivienda están causando daños irreparables a los diferentes actores del sector de vivienda, ciudad y territorio, como lo son las familias trabajadoras que pretenden acceder a los beneficios, las constructoras que han realizado mega inversiones para la construcción de los proyectos, y las miles de personas que por el dinamismo del sector de la construcción han accedido a la oferta laboral que les ha permitido tener un ingreso y mejorar la calidad de vida de sus familias; ahora bien, si la intención del gobierno es ampliar la cobertura de la política de vivienda en la zona rural y a la población que se encuentra en situación de pobreza extrema, con lo que yo y cualquier ciudadano está totalmente de acuerdo, la forma de hacerlo no debería ser castigando a quienes ya se encuentran adelantando el proceso en el programa “MI CASA YA” que corresponden a familias con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos mensuales vigentes, que sin decirlo el gobierno nacional pareciera que los quisiera matricular en el grupo de privilegiados o de los 4 mil más ricos de Colombia que identifico como población objeto de sus decisiones en materia de distribución de riqueza, sino que debería centrarse en buscar la estructuración de nuevas alternativas de vivienda para la población rural congruente a su tan publicitado discurso medioambiental, impulsando un sector económico como el del reciclaje de plástico incentivando la creación de procesos de emprendimiento e inversión que lleven a estas zonas apartadas una solución de vivienda digna, sostenible y amigable con el medio ambiente.
Miente descaradamente y cierne una cortina de humo la ministra Catalina Velasco culpando al gobierno anterior para tapar la ineptitud de su gestión en materia presupuestal, resaltando que en noviembre de 2022 fue aprobado en el Presupuesto General de la Nación para FONVIVIENDA recursos por más de 2 billones de pesos para cumplir con esos compromisos, incurriendo en una acción omisiva generadora de responsabilidad y violatoria de los principios que rigen la función pública, al no generar la asignación de los beneficios a quienes se encuentran habilitados y los desembolsos a quienes este mismo gobierno ya ha emitido la resolución de asignación.
No obstante, la grave afectación manifiesta en virtud de los anuncios del gobierno frente al programa “MI CASA YA” que está causando perjuicios al sector de la construcción, que además ha venido siendo expuesta por CAMACOL reiterando la gravedad de la afectación que en materia financiera que puede llevar a una situación de insolvencia a varias constructoras, amplificada en una afectación social en materia laboral frente a la destrucción de miles de empleos generados por el sector de la construcción, se ve aún más ensombrecida por los efectos de la nefasta reforma tributaria que se empiezan a sentir fuertemente en la canasta familiar de todos los hogares colombianos, que contrario a la promesa de vivir sabroso, se han convertido en maromeros para hacer rendir al máximo sus ingresos con una moneda devaluada por la inflación generada por las pésimas decisiones en materia económica. Y como para rematar y colocarle la cereza al pastel, este gobierno ofrece beneficios a quienes incendiaron este país en el mal denominado estallido social y a quienes con la lucha armada han ensangrentado la historia de Colombia dentro de la también mal llamada “PAZ TOTAL”, mientras deja colgados de la brocha y seriamente empobrecidos a las familias trabajadoras que vieron en el programa “MI CASA YA” la opción de cumplir el sueño de la mayoría de colombianos: tener una vivienda propia y una vivienda digna.
Le puede interesar: Las prioridades de Ospina
Todo lo anterior llevo a que junto a un numero de familias afectadas por los anuncios del gobierno frente al programa de “MI CASA YA” tomáramos acción haciendo uso de las herramientas constitucionales a través de una protesta jurídica, pacifica e institucional, interponiendo más de 200 tutelas que esta semana deben empezar a dar una directriz en materia jurídica a través de los pronunciamientos del juez de tutela para amparar los derechos fundamentales de la clase trabajadora que se encuentra en trámite de asignación de los beneficios del programa “MI CASA YA”, pues el presidente del “cambio” está enfocado en beneficiar económica, social, legal, y políticamente a narcotraficantes, criminales, paramilitares y guerrilleros, desatendiendo las necesidades de quienes construyen patria a diario a través del trabajo y el empleo dentro del marco constitucional y legal.
Se quedan conmigo esas historias que de forma directa pude conocer en donde se vislumbra la cosecha de una Colombia pujante y trabajadora, nuestra lucha legitima y legal apenas comienza y no cesará hasta que se caiga el velo de la mentira que hoy el gobierno de Gustavo Petro nos pretende imponer.
Sigue nuestras redes sociales:
