La situación de la mujer en Colombia es un reflejo de las grandes desigualdades que nos caracteriza como país. La violencia de género, que deja cada año centenares de víctimas mortales, así como las brechas laborales y salariales que nos aquejan, son evidencia de esta desigualdad. Sobre estos temas podríamos desarrollar tesis completas. Sin embargo, cuando se acaba de conmemorar el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, quiero reflexionar sobre un factor que puede contribuir a desactivar estos factores adversos. Me refiero a la participación de la mujer en política y en instancias de toma de decisión.

Si bien, en este aspecto hemos logrado algunas conquistas, es claro que, en nuestra sociedad, el concepto de equidad de género es una tarea que aún no se pone en práctica plenamente. Entre 1958 y 1988, por ejemplo, la representación femenina en el Congreso de la República era apenas del 2%. Pero desde la Constitución del 91 esta participación creció significativamente.

Es así, que para el periodo 2022-2024, ocupamos el 30%, tanto en Cámara como Senado, según ONU Mujeres, lo cual nos pone por encima del promedio mundial. Sin embargo, aún falta mucho para alcanzar la paridad, si tenemos en cuenta que representamos el 51,2% de la población, un reto que será tema de discusión en la reforma política del Gobierno Nacional.

Son varios los factores que dificultan una mayor participación en instancias de decisión. Uno de ellos tiene que ver con la cultura machista y patriarcal que aún persiste y que se hace más evidente en los espacios políticos. Para una mujer resulta más difícil conseguir al interior de los partidos y movimientos, respaldo político y financiero para sus campañas; hay poco estímulo a su formación en liderazgo, pero, además, se ejerce violencia política. Según datos de la MOE, 6,8% de cada 10 mujeres, ha sido víctima de este tipo de violencia.

Por experiencia propia puedo decirles que nosotras tenemos todas las condiciones necesarias para liderar procesos que aporten a la construcción de la sociedad. Estoy convencida de que cuando nosotras intervenimos en los espacios políticos y de decisión, la democracia se fortalece, se enriquece el diálogo político, aportamos enfoques distintos en la resolución de problemas y hacemos visible las demandas para que haya equidad de género y se incluya a quienes son marginados socialmente.

Creo firmemente que en la medida en que más mujeres ocupemos cargos de decisión, disminuirán las brechas sociales que nos aquejan. Por eso, un reto importante que tenemos, es que, tanto en el sector público como privado, se siga avanzando en la construcción de políticas para la equidad de género, que permitan poner en práctica las conquistas de las mujeres en materia laboral y de liderazgo, mediante acciones afirmativas.

Precisamente, impulsar el rol de la mujer en la sociedad ha sido una de mis prioridades a lo largo de mi trayectoria. Como Senadora, junto a la Bancada de Mujeres que creé siendo presidenta del Congreso, realizamos la Ley 1257 que previene y sanciona la violencia contra la mujer y las leyes que promueven la equidad de género. Además, fui la primera gobernadora del Valle del Cauca, elegida por voto popular, liderando un gabinete constituido en más de un 60% por mujeres, a cargo de dependencias claves de gobierno.

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Durante mi gestión, trabajé por el empoderamiento, la autoestima, la autonomía económica y la prevención de la violencia de género, a través de diferentes estrategias y programas de gobierno. Ahora, como directora de La U, a través de nuestro Centro de Pensamiento, impulsamos la formación de más mujeres en liderazgo y formación política, además de presentar en el Congreso proyectos de ley para que se reconozca su aporte a la economía del cuidado y su inclusión en espacios laborales como el de la infraestructura.

En el mes de la mujer, reitero mi compromiso de seguir trabajando para que logremos el disfrute pleno de nuestros derechos, para que no seamos víctima de la violencia ni la exclusión; para que logremos mayor participación política y autonomía económica. En mi condición de médica, madre, esposa y líder, quiero ser una inspiración para que muchas otras mujeres se motiven a luchar por sus sueños y metas. Esto no quiere decir que esté en contra de los hombres, sino que buscamos que se nos permita trabajar hombro a hombro por el bienestar de nuestra región y de nuestro país.

Necesitamos más mujeres en el poder. Por eso, en este mes, las invito a que reflexionemos frente a cómo desde nuestros diferentes roles en la sociedad, podemos proyectar todo lo bueno que tenemos para aportar a la construcción de una Colombia más justa, incluyente y en paz.

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Por: Deninson Mendoza, líder del Movimiento Independientes en Cali y Precandidato a la Alcaldía de Cali

Esta semana estuve como invitado en el Segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional en Bucaramanga y ahí ratifiqué que nuestro proyecto de transformación de ciudad, está en el lado correcto de la historia.

El haber compartido con grandes juristas, Magistrados, ex Ministros, abogados y constitucionalistas de distintos países, no solo nos sirvió para continuar aprendiendo y formándonos para liderar la ciudad, sino también nos brindó la oportunidad de entender, desde nuestra Constitución, cuáles son los caminos para reivindicar nuestro futuro.

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Continuar escuchando a los jóvenes, quienes nos siguen gritando sus necesidades para encontrar libertad en sus vidas, y dejar a un lado la represión social con la que han crecido decenas de generaciones, es el principal paso para la transformación.

Estar del lado correcto de la historia, no es solo haber votado por el gobierno del cambio del presidente Petro; es ratificar nuestro compromiso con la educación, la equidad y las garantías sociales, las oportunidades laborales desde la conformación de grandes proyectos y la recuperación del orgullo ciudadano desde las acciones.

Estar del lado correcto de la historia es entender que todas las VIDAS valen, tanto de víctimas como de victimarios, que seguramente necesitan es de proyectos que les permita visibilizar mejores opciones de vida.

Entender que respetar por igual los derechos de todos y todas, así como lo indicó nuestra Constitución de 1991, es encontrar vías de desarrollo social desde la paridad, brindando más oportunidades a quienes, aún hoy, siguen siendo marginados.

La paz se construirá cuando todos entendamos que la vida es sagrada y que minimizaremos la violencia cuando las oportunidades toquen las puertas de los rincones más apartados de nuestro país.

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El CAMBIO de Cali se construye desde la orilla del amor, la reconciliación, las verdaderas oportunidades y el trabajo honesto y progresivo; ese que devuelva el sentido de pertenencia de sus ciudadanos y que vea en sus calles, proyectos que recuperen la confianza por sus dirigentes.

Estar en el lado correcto de la historia es entender que Cali puede ser la mejor ciudad para vivir de América Latina y nosotros, vamos a liderar. Vamos Cali.

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Por: Juanita Cataño - precandidata Alcaldía de Cali

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Un gran número de familias colombianas atraviesan una grave crisis debido a los anuncios irresponsables que ha hecho el gobierno nacional frente a la modificación de los criterios de asignación del subsidio familiar de vivienda y tasa “FRECH” de una política de vivienda exitosa y eficaz como lo es “MI CASA YA”. El gobierno de Gustavo Petro en cabeza de su ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de medios de comunicación ha anunciado cambios estructurales para la asignación de los subsidios antes mencionados, que perjudican a quienes, por más de dos años con disciplina, sacrifico y compromiso sagradamente han hecho sus pagos mensuales para cumplir con su aporte de la cuota inicial del proyecto de vivienda seleccionado.

Recordemos que el Decreto No. 1077 del 2015 unificó la normatividad del sector vivienda, ciudad y territorio en el gobierno del presidente  Juan Manuel Santos trazando la hoja de ruta para hacer de Colombia una nación de propietarios en materia de vivienda, incorporando el Programa de Promoción y Acceso a la Vivienda de Interés Social “MI CASA YA”, el cual a la fecha nunca había sufrido un traumatismo de esta envergadura; durante el gobierno del presidente Iván Duque se evaluó y consciente de su importancia le dio continuidad siendo este periodo donde se alcanzaron los mejores resultados logrando un total de más de 250 mil hogares beneficiarios con vivienda propia. Actualmente, alrededor de 50 mil familias con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos mensuales vigentes que se encuentran adelantado el proceso para la asignación de los beneficios del programa, padecen situaciones psicológicas y económicas alarmantes, agudizadas por la inseguridad jurídica, la inflación y la desaceleración económica que está generando la improvisación del gobierno actual.

Cabe resaltar que los nuevos criterios anunciados por el gobierno nacional, aparte de ser lesivos, incoherentes y subjetivos, son abiertamente ilegales por no contar con el debido soporte jurídico y no haber sido expedido aun el acto administrativo que modifique los criterios actuales contenidos en el decreto no. 1077 de 2015, además, reiterando la falta de rigor técnico que ha caracterizado a este gobierno, los criterios se encuentran ajenos a la realidad de los territorios y la oferta actual del mercado coartando la libertad de elección del lugar en donde los ciudadanos, conforme a sus necesidades particulares, quieren adquirir su vivienda. Con los criterios que pretende imponer el gobierno nacional se deja sin la posibilidad de obtener puntaje a proyectos de vivienda ubicados en la zona urbana, proyectos con tipo de vivienda de interés social y en municipios de categoría primera, segunda y especial, los cuales generan las condiciones más propensas al desarrollo de los grupos familiares a los cuales está dirigido el programa.

Pero un hecho más relevante que ha pasado desapercibido por los dirigentes actuales en el ámbito regional y local, los cuales están más enfocados en agradar al gobierno actual que atender las necesidades de su población,  es que el Departamento del Valle del Cauca sería el más afectado, pues gran cantidad de los proyectos futuros y los que se encuentran ya en construcción en Distritos Especiales y Municipios como Buenaventura, Jamundí, Buga, Tuluá, Cartago, Yumbo y el mismo Santiago de Cali quedarían si la posibilidad de obtener puntaje dentro del nuevo sistema que se pretende implementar. Además ese capricho dictatorial de politizar todos los procesos queriendo someter los criterios de calificación a través del SISBEN IV, ha llevado incluso a que las personas  afectadas en un intento por no perder los recursos ya aportados y el acceso a los beneficios del programa, incurran en prácticas irregulares que les permitan acreditar criterios inferiores a los que cuenta azuzada por la corrupción institucional de funcionarios para lograr la acreditación de los mismos, mientras que el modelo vigente establece condiciones objetivas y verificables lo cual ha contribuido a la obtención de los excelentes resultados del programa.

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Gustavo Petro en su profundo desconocimiento y desconexión de la realidad, alimentado por la ineptitud de la Ministra de Vivienda están causando daños irreparables a los diferentes actores del sector de vivienda, ciudad y territorio, como lo son las familias trabajadoras que pretenden acceder a los beneficios, las constructoras que han realizado mega inversiones para la construcción de los proyectos, y las miles de personas que por el dinamismo del sector de la construcción han accedido a la oferta laboral que les ha permitido tener un ingreso y mejorar la calidad de vida de sus familias; ahora bien, si la intención del gobierno es ampliar la cobertura de la política de vivienda en la zona rural y a la población que se encuentra en situación de pobreza extrema, con lo que yo y cualquier ciudadano está totalmente de acuerdo, la forma de hacerlo no debería ser castigando a quienes ya se encuentran adelantando el proceso en el programa “MI CASA YA” que corresponden a familias con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos mensuales vigentes, que sin decirlo el gobierno nacional pareciera que los quisiera matricular en el  grupo de privilegiados o de los 4 mil más ricos de Colombia que identifico como población objeto de sus decisiones en materia de distribución de riqueza, sino que debería centrarse en  buscar la estructuración de nuevas alternativas de vivienda para la población rural congruente  a su tan publicitado discurso medioambiental, impulsando un sector económico como el del reciclaje de plástico incentivando la creación de procesos de emprendimiento e inversión que lleven a estas zonas apartadas una solución de vivienda digna, sostenible y amigable con el medio ambiente.

Miente descaradamente y cierne una cortina de humo la ministra Catalina Velasco culpando al gobierno anterior para tapar la ineptitud de su gestión en materia presupuestal,  resaltando que en noviembre de 2022 fue aprobado en el Presupuesto General de la Nación para FONVIVIENDA recursos por más de 2 billones de pesos para cumplir con esos compromisos, incurriendo en una acción omisiva generadora de responsabilidad y violatoria de los principios que rigen la función pública, al no generar la asignación de los beneficios a quienes se encuentran habilitados y los desembolsos a quienes este mismo gobierno ya ha emitido la resolución de asignación.

No obstante, la grave afectación manifiesta en virtud de los anuncios del gobierno frente al programa “MI CASA YA” que está causando perjuicios al sector de la construcción, que además ha venido siendo expuesta por CAMACOL reiterando la gravedad de la afectación que en materia financiera que puede llevar a una situación de insolvencia a varias constructoras, amplificada en una afectación social en materia laboral frente a la destrucción de miles de empleos generados por el sector de la construcción, se ve aún más ensombrecida por los efectos de la nefasta reforma tributaria que se empiezan a sentir fuertemente en la canasta familiar de todos los hogares colombianos, que contrario a la promesa de vivir sabroso, se han convertido en maromeros para hacer rendir al máximo sus ingresos con una moneda devaluada por la inflación generada por las pésimas decisiones en materia económica. Y como para rematar y colocarle la cereza al pastel, este gobierno ofrece beneficios a quienes incendiaron este país en el mal denominado estallido social y a quienes con la lucha armada han ensangrentado la historia de Colombia dentro de la también mal llamada “PAZ TOTAL”, mientras deja colgados de la brocha y seriamente empobrecidos a las familias trabajadoras que vieron en el programa “MI CASA YA” la opción de cumplir el sueño de la mayoría de colombianos: tener una vivienda propia y una vivienda digna.

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Todo lo anterior llevo a que junto a un numero de familias afectadas por los anuncios del gobierno frente al programa de “MI CASA YA” tomáramos acción haciendo uso de las herramientas constitucionales a través de una protesta jurídica, pacifica e institucional, interponiendo más de 200 tutelas que esta semana deben empezar a dar una directriz en materia jurídica a través de los pronunciamientos del juez de tutela para amparar los derechos fundamentales de la clase trabajadora que se encuentra en trámite de asignación de los beneficios del programa “MI CASA YA”, pues el presidente del “cambio” está enfocado en beneficiar económica, social, legal, y políticamente a narcotraficantes, criminales, paramilitares y guerrilleros, desatendiendo las necesidades de quienes construyen patria a diario a través del trabajo y el empleo dentro del marco constitucional y legal.

Se quedan conmigo esas historias que de forma directa pude conocer en donde se vislumbra la cosecha de una Colombia pujante y trabajadora, nuestra lucha legitima y legal apenas comienza y no cesará hasta que se caiga el velo de la mentira que hoy el gobierno de Gustavo Petro nos pretende imponer.

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