La ONU determinó que un profesor y activista por los derechos de los pueblos indígenas, Damián Gallardo Martínez, fue víctima, durante años, de tortura en México.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas; formado por 10 expertos y presidido por el mexicano Claude Heller; indicó que el trato a Gallardo Martínez, detenido y torturado durante cinco años "por un crimen que no cometió", violó la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, en vigor desde 1987.
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Gallardo Martínez, activista por los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la educación, fue detenido sin orden judicial; esto tras participar en protestas lideradas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 2013 en Oaxaca.
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Los hechos que se denunciaron ante el Comité
Según explicó el Comité, el profesor estuvo privado de la libertad e incomunicado en un centro de detención clandestino. Allí agentes de la Policía lo golpearon con la intención de que revelara información respecto a otros protestantes.
Incluso, el activista denunció que le hicieron firmar unos documentos en blanco bajo la amenaza de que algo sucedería con su familia de negarse al hecho. De manera que, una vez firmados, estos se utilizaron como una supuesta “confesión”; por lo que luego lo acusaron de participar en crimen organizado y en el secuestro de dos jóvenes.
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Tras dictaminar sentencia un juez, Gallardo fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, en el Estado de Jalisco; donde estuvo detenido más de cinco años hasta que el Ministerio Público Federal finalmente solicitó el desistimiento del caso, en diciembre de 2018.
El profesor denunció haber sido durante todo ese tiempo golpeado brutalmente, sometido a revisiones bucales y anales, privado de agua y sueño; así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día.
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Acciones por parte del Comité
De acuerdo con la ONU, el profesor y su familia denunciaron la tortura, pero no hubo ninguna investigación significativa. Por ende, se llevó su caso ante el Comité en 2019, que ahora ha determinado que además de él, sus familiares también son víctimas indirectas, debido al impacto psicológico y emocional de la tortura y; asimismo, al hostigamiento que sufrieron y que, por lo tanto, también tienen derecho a una reparación integral.
Finalmente, el comité concluyó que el proceso penal iniciado contra el activista se enmarca en un patrón de criminalización de las protestas sociales y requirió que México tomara las medidas necesarias para brindar garantías de no repetición sobre este tipo de conductas.
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