Alrededor de 300 familias, es decir, cerca de 1500 personas de comunidades étnicas, fueron víctimas de desplazamiento forzado en la subregión del San Juan, Chocó; concretamente en el corregimiento Charco Hondo, entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), el pasado 21 de mayo.

A estas personas les tocó salir hacia las cabeceras municipales de Istmina y Nóvita, por cuenta de dichos enfrentamientos; los cuales están en disputa por el control territorial.

Ante esto el Defensor del Pueblo Carlos Camargo, exhortó a las autoridades a adoptar medidas que mitiguen las carencias humanitarias de las comunidades afectadas, en las que se apliquen los principios de; coordinación y subsidiaridad, entre otros.

Llamado urgente:

El defensor hizo un llamado urgente a autoridades nacionales y departamentales para que atienda a aproximadamente 300 familias afro e indígenas; unas 1500 personas, que debieron salir de sus territorios en la subregión del San Juan, en el departamento del Chocó.

“Desde la Defensoría del Pueblo estamos acompañando a las comunidades chocoanas de; Charco Largo, Barrancón, Barranconcito, Charco Hondo, en zonas apartadas de Sipí, que fueron desplazadas hacia la cabecera municipal de Istmina; y a las comunidades de; Santa Bárbara, Cajón, San José y Torrá, de la zona rural de Nóvita, que fueron desplazadas hacia el casco urbano del mismo municipio de Nóvita”, afirmó el Defensor del Pueblo.

Carlos Camargo.

A los dos eventos masivos de desplazamiento forzado se les suma otra problemática: un importante número de familias no han podido salir de las zonas por el riesgo de posibles nuevas confrontaciones entre los grupos armados y porque no cuentan con los medios para movilizarse hacia las cabeceras municipales.

“La vulneración de derechos humanos a estas comunidades étnicas es rechazada tajantemente por la Defensoría del Pueblo, toda vez que hemos venido advirtiendo a través dos alertas tempranas vigentes, la 012 del 2022 para Sipí y la 027 del 2021 para Nóvita, las problemáticas derivadas por la disputa del control territorial de los grupos al margen de la ley, como confinamiento y desplazamientos masivos”.

Carlos Camargo.

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Atención integral:

Además, el Defensor del Pueblo agregó que urge atención integral y protección para estas comunidades: “Debido a la compleja situación que está a punto de desbordar la capacidad de los entidades locales, exhortó a las autoridades nacionales y departamentales a tomar las medidas pertinentes para mitigar las carencias humanitarias de las comunidades étnicas afectadas, en las que se apliquen los principios de coordinación, subsidiariedad, concurrencia y complementariedad”.

A quienes ya están en albergues transitorios es propicio que se les garantice; alimentación, suministro de agua; desde ya es pertinente que la fuerza pública les proteja sus bienes que debieron dejar abandonados.

“Así como estamos exigiendo atención prioritaria para quienes están en sitios de paso, de la misma manera solicitamos les sea dada la respectiva asistencia humanitaria a las personas que llegaron a casas de familiares en Istmina y Nóvita; para ello, es clave su pronto proceso de identificación”.

Carlos Camargo.

Seguimiento a los eventos masivos:

Finalmente, funcionarios de la Regional Chocó de la Defensoría del Pueblo vienen haciéndole seguimiento a los dos eventos masivos y acompañando a las familias desplazadas, que también tuvieron que salir de sus lugares de origen porque el ELN las amenazó diciéndoles que no pueden estar en los territorios en disputa porque se van a agravar las hostilidades.

“Este 26 de mayo en Sipí, además, nuestros servidores públicos estuvieron en un comité de coordinación institucional, espacio en el que solicitamos no sigan siendo vulnerados los derechos de estas comunidades étnicas”.

Carlos Camargo.

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Colombia dará paso al consumo legal de cannabis en adultos

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El congreso logró alcanzar una etapa histórica de acuerdo al proyecto donde se legalizará el consumo de cannabis.  

Este proyecto, pasó 6 de sus 8 debates establecidos; sin embargo, el congreso sólo tendrá 24 días para que se dé la aprobación definitiva de la comercialización cannábica.  

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La iniciativa legislativa intenta cambiar la reforma en la Constitución Política del país para que se haga realidad el mercado del cannabis; teniendo en cuenta que hasta el 20 de junio será el plazo para que se apruebe.  

A través del congreso, los encargados de este proyecto aseguran que hay un ambiente adecuado para que el lunes se dé el séptimo debate que tendría lugar en la Comisión Primera del Senado. 

“Confiamos en que este proyecto de acto legislativo tendrá los votos suficientes, según lo que hemos sondeado, para pasar el séptimo debate y esperamos que para la semana 5 de junio, la plenaria del Senado inicie el último debate”. 

Informó el representante del Partido Liberal, Juan Carlos Losada.

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Asimismo, Losada comunicó que la idea de la comercialización del cannabis es poder terminar con las redes criminales que manejan el mercado de la marihuana para que el Estado pueda regular el consumo y venta de la sustancia.  

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Apoyo del gobierno para la legalización del cannabis 

Durante el sexto debate se presentó preocupación por aquellos que apoyan este proyecto; debido a que fue aprobado con un total de 95 votos, sin embargo, el mínimo para avanzar sería de 96 votos. 

La senadora María José Pizarro, la cual está al mando del proyecto; informó que el Gobierno está interesado en que se dé luz verde a los 8 debates para que se avance en la reconfiguración de drogas.  

“Este proyecto debe ser aprobado porque tenemos que cambiar el paradigma frente al cannabis de uso adulto” 

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Tres puntos claves para el proyecto del cannabis. 

El primer punto, será que únicamente los adultos podrán comprar cannabis. Esto con la idea de que se prohíba completamente el consumo de menores y adolescentes; por lo cual la comercialización de la sustancia será restringida en entornos escolares.  

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Seguido del segundo punto, informa que el Estado será el único encargado de regular el mercado del cannabis; para que se dé mayor control de las ventas; asimismo el Estado brindará el permiso para llevar un seguimiento de la comercialización.  

Por último, la venta de cannabis tendrá la prevención y atención del consumo. El Estado deberá aclarar las políticas que lleva el legalizar esta sustancia para que se garantice un buen consumo y si es necesario, las personas puedan acceder a tratamientos médicos.  

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