Las empresas y entidades públicas en España ya no podrán realizar llamadas comerciales desde móviles.
La medida entró en vigor este sábado, como parte de un plan nacional contra estafas.
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El Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública lidera esta estrategia.
El objetivo es frenar fraudes telefónicos y proteger a los ciudadanos de engaños por llamadas y mensajes.
Desde ahora, las llamadas comerciales deben hacerse desde números fijos geográficos o numeraciones específicas para telemarketing.
Esto permite identificar con claridad el origen y tipo de comunicación que recibe el usuario.
Además, se refuerza la normativa que desde junio de 2023 exige consentimiento previo para recibir publicidad telefónica.
Según cifras oficiales, los operadores han bloqueado más de 14 millones de llamadas no autorizadas desde marzo.
Esto equivale a más de 235 mil bloqueos diarios, además de 10 mil SMS sospechosos cada día.
Los números no asignados a usuarios o servicios legítimos han sido eliminados del tráfico nacional.
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¿Cuáles son las medidas?
Desde este sábado, también se prohíben las llamadas y mensajes internacionales que simulan ser de origen español.
Estas son una de las tácticas más frecuentes para engañar a los ciudadanos con fraudes sofisticados.
Muchos de estos ataques provienen de países como Reino Unido o Países Bajos, simulando ser bancos u organismos oficiales.
En estos intentos de fraude, los delincuentes piden claves, transferencias, acceso a webs falsas o contrataciones de servicios.
La manipulación de la identidad del emisor es uno de los principales riesgos en estas comunicaciones.
La siguiente fase del plan entra en vigor el 7 de junio de 2026.
Consistirá en una base de datos oficial con códigos alfanuméricos verificados usados en mensajes por empresas y administraciones.
El objetivo es garantizar la autenticidad de los remitentes y evitar suplantaciones en los SMS comerciales.
Cualquier empresa que incumpla estas normas puede recibir sanciones de hasta dos millones de euros.
Estas medidas se alinean con estándares de protección digital aplicados en otras naciones de la Unión Europea.
España refuerza así su compromiso con la ciberseguridad y el respeto por la privacidad de sus ciudadanos.
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