Colombia

Reducción de jornada laboral inicia este año ¿Cómo deben aplicarla?

En este año 2023 se debe dar cumplimiento a la ley 2101 de 2021, cuyo objetivo es reducir la jornada laboral a 42 horas en cinco o seis días semanales

Reducción de jornada laboral inicia este año ¿Cómo deben aplicarla?
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En este año 2023 se debe dar cumplimiento a la ley 2101 de 2021, cuyo objetivo es reducir la jornada laboral a 42 horas en cinco o seis días semanales

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A partir de este año 2023, se debe dar cumplimiento a la ley 2101 de 2021; cuyo objetivo es reducir la jornada laboral a 42 horas en cinco o seis días semanales, tal como se acuerde con el trabajador.

Ahora bien, la intención de dicha ley es que las personas dispongan de más tiempo para compartir en familia; atender sus hogares o realizar actividades más complicadas. Esto, a la misma vez que se mejora la productividad laboral.

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Cabe señalar, que la normativa se va a implementar de manera gradual por lo que comenzará desde este año. En este sentido, el Articulo 2 del documento señala que, trascurridos dos años a partir de la entrada en vigencia de esta ley; se reducirá una hora de la jornada laboral semanal; quedando así en 47 horas semanales.

Después, cuando la ley lleve en vigencia unos tres años, (desde 2024), se reducirá otra hora de la respectiva jornada laboral semanal; quedando en un total de 46 horas semanales y en el cuarto año, (desde 2025); se debe reducir dos horas cada año hasta que llegue a 42 horas semanales.

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Asimismo, en el documento se da una claridad en que la reducción de la jornada no implicará que disminuya en la remuneración de los empleados; ya sea a diario o mensual. De hecho, tampoco representará una exoneración de las cargas laborales de los mismos.

Según la normativa, “el Gobierno Nacional en cabeza de la entidad competente realizará dentro de los cinco años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley una evaluación ex post acerca de su cumplimiento. De igual manera, rendirá informes anuales al Congreso de la República con este mismo fin”.

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Una iniciativa que tuvo muchas criticas

Del mismo modo, esta es una iniciativa que en su momento había sido propuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez; durante el Gobierno de Duque y la cual generó muchas críticas; en principio por los grandes gremios.

Como el caso del presidente del Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien en el año 2020 indicó que; “la aprobación de la reducción de la jornada laboral es una aprobación irresponsable sin ningún tipo de sustento técnico”.

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También, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master comentó el mismo año que “el cambio de la jornada laboral va en el sentido totalmente contrario al que debería. Se está encareciendo la creación de empleo, se está afectando la competitividad”.

Cabe aclarar, que estas declaraciones se realizaron cuando la ley planeaba reducirse de 48 horas a 40; por lo que la Andi hizo un cálculo en el que, en promedio, para encubrir las ocho horas no trabajadas en la semana; las empresas deberían tener un costo semanal promedio de $85.309.

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Una vez que esto se multiplicara por los 6,2 millones de trabajadores que laboran más de 40 horas, dejaría al menos un costo anual de $26,9 billones; lo que equivale a 2,7% del PIB.

Modalidad de trabajo de cuatro días

Aunque, para el año 2022, diferentes empresas estaban implementando la modalidad de trabajo de cuatro días a la semana, como el Grupo Hada, el cual comentó que tuvieron cambios notorios en la compañía desde que inició esa implementación.

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“Hoy tenemos una empresa más ágil, con mayor tracción, mejores conversaciones y equipos de trabajo enfocados en la creación y captura de valor, hemos aprendido que el crecimiento y la caja son el premio que reciben las empresas que aprenden hacer foco en el valor agregado”; aseguró Roberto Gutiérrez, gerente administrativo de Grupo Hada.

Finalmente, con el amplio número de festivos que tiene el país en la actualidad, más de 34% del año, los empleados están expuestos a jornadas de cuatro días. Tanto así, que Colombia se ubica en el número uno en países de la Ocde con más feriados al año.

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Restitución de tierra en Colombia: ¿Cómo avanza el proceso en el nuevo Gobierno?

En Colombia se considera que hay 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas por restituir, de las que en los 13 años desde la aprobación de la Ley de Víctimas solo se han devuelto un 10%.

Restitución de tierra en Colombia: ¿Cómo avanza el proceso en el nuevo Gobierno?
Nora Saldarriaga, directora de la fundación Forjando Futuro, participa en la presentación del informe de restitución de tierras este lunes en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

En Colombia se considera que hay 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas por restituir, de las que en los 13 años desde la aprobación de la Ley de Víctimas solo se han devuelto un 10%.

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En los primeros 17 meses del Gobierno de Gustavo Petro se han restituido 71.000 hectáreas de tierras a víctimas de despojo y desplazamiento forzado en Colombia, lo que supone menos del 50 % de los últimos 17 meses del expresidente Iván Duque; durante el que se restituyeron 161.000 hectáreas, unas cifras presentadas este miércoles y que según organizaciones sociales ponen de manifiesto la necesidad de medidas de fondo para agilizar los procesos.

"Es muy lamentable que en el Gobierno del cambio, donde una de las principales propuestas era la Reforma Agraria Integral, tengamos estas cifras tan lamentables".

Consideró Nora Saldarriaga, la directora de la Fundación Forjando Futuros, que reveló las cifras.

En Colombia se considera que hay 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas por restituir, de las que en los 13 años desde la aprobación de la Ley de Víctimas solo se han devuelto un 10 %.

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Aunque es cierto que son los jueces y no los gobiernos los encargados de devolver a las víctimas sus tierras, desde organizaciones como Forjando Futuro, que lleva años dedicándose a apoyar a las víctimas de despojo, lamentan que de seguir al ritmo actual -con 71.000 hectáreas restituidas a 2.250 familias en año y medio del gobierno de Petro- "se tardaría 109 años en cumplir la meta".

Restitución de tierras por vía administrativa

Y por ello, hicieron un llamado para "que haya un cambio en la ley", en palabras de Saldarriaga, y el Congreso apruebe un proyecto de ley que plantea que pueda ser la Unidad de Restitución de Tierras (URT) la que devuelva los títulos a las víctimas y campesinos cuando sobre el predio o el terreno no haya peticiones de terceros.

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Es decir, que "si no hay terceros que se opongan" o tengan peticiones sobre el terreno que la víctima está pidiendo que le sea restituido, el proceso "se pueda hacer de manera expedita y no tengan que ir ante un juez".

Así se podría aligerar el trabajo que tienen los juzgados de tierras, donde se acumulan los casos incluso durante décadas haciendo que muchos demandantes incluso mueran esperando que les devuelvan sus terrenos.

"Nuestra investigación que el 72 % de estos casos (que están en los juzgados) no tienen oposición judicial; no existe un tercero reclamando derechos sobre el predio más allá de la víctima. Estos casos podrían ser restituidos perfectamente sin intervención de juez si se le otorga facultades a la URT".

Apuntó Ilhan Can, investigador de Forjando Futuros.

Y de esa manera, se podrían restituir hasta 3,6 millones de hectáreas, es decir, más de la mitad del total que queda por devolver; y más de 76.000 familias se verían beneficiadas con esta medida rápida.

Si no se toman acciones, alertaron las organizaciones sociales, el país seguirá ahondando el legado histórico que tiene en materia de resarcir a las víctimas de despojo y a quienes más sufrieron un conflicto que se sustenta en la tierra.

"No está siendo nada diferente la URT de Petro que la de los anteriores: es un escándalo político".

Consideró el director de la Fundación de Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia.

Todo ello porque "hay un problema de fondo y la solución que se han presentado en todos estos años son ajustes de comas que no son soluciones de fondo", según Can, y esta solución de fondo pasa por apostar por la restitución de tierras administrativa ante la judicial.

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Ordenan arresto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

El caso tiene que ver con una tutela interpuesta en 2023. Además del Alcalde también fue sancionado el Secretario de Educación del distrito.

Ordenan arresto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez
Especial para 90minutos.co

El caso tiene que ver con una tutela interpuesta en 2023. Además del Alcalde también fue sancionado el Secretario de Educación del distrito.

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Este miércoles, 24 de abril, el juzgado 17 penal municipal con función de garantías de Medellín, ordenó cinco días de arresto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y al secretario de Educación del distrito, Luis Patiño, por posible desacato a una tutela.

Asimismo, se conoció que tanto Federico Gutiérrez, como el secretario de Educación fueron sancionados con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. De acuerdo con lo informado, se acusa a los funcionarios de que no habrían cumplido con un fallo de tutela que los obligaba a pagar una licencia de maternidad a una funcionaria del sector educativo.

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Por otro lado, se informó que los días de arresto podrán ser pagados desde sus domicilios. Al parecer este caso fue denunciado desde noviembre de 2023.

Así como también deberán pagar, de manera inmediata, la sanción por desacatar la orden emitida por un juez, que equivale a 6.500.000 pesos.

Respuesta de Federico Gutiérrez

Tras conocer la orden de captura del alcalde de Medellín, 'Fico' Gutiérrez y secretario de Educación del distrito, Luis Patiño, por posible desacato a una tutela; el mandatario de la capital de Antioquia respondió vía X.

“Pagando los platos rotos que generaron los corruptos. (…) El daño que generaron quienes se robaron a Medellín no para y veremos las secuelas por mucho tiempo”.

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Colombia ingresa en la lista de países con inseguridad alimentaria aguda, según ONU

El estudio publicado este miércoles por la ONU distingue entre población residente de Colombia, migrantes y refugiados.

Colombia ingresa en la lista de países con inseguridad alimentaria aguda, según ONU
Imagen de archivo de un campesino caminando por una milpa de maíz afectada por falta de lluvia, en el cerro La Mora en el Municipio de Santa Lucía, del departamento de Francisco Morazán, en Honduras. EFE/Gustavo Amador

El estudio publicado este miércoles por la ONU distingue entre población residente de Colombia, migrantes y refugiados.

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La población residente en Colombia sufre por primera vez inseguridad alimentaria aguda, según el informe anual de la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC) en colaboración con la FAO y otras agencias de la ONU; que destaca que el porcentaje de población que la afronta en Latinoamérica y el Caribe se redujo durante 2023.

El documento publicado este miércoles, que distingue entre población residente de Colombia y migrantes y refugiados, sostiene que la primera padece "uno de los niveles más altos de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad laboral" de la región, pese a ser "un país de ingresos medios o altos; con una alta capacidad gubernamental para apoyar a su población".

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En total 1,3 millones de personas o el 3% de la población residente de Colombia se enfrentó a graves niveles de inseguridad alimentaria aguda; sobre todo en las zonas rurales "debido a los bajos ingresos y la alta vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos externos".

Mientras que el 62% de la población migrante o refugiada, 2,9 millones de personas, sufrió este fenómeno en Colombia; país que los migrantes se ven obligados a atravesar en su travesía hacia el norte de la región por la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Panamá.

En total, la población latinoamericana y caribeña inmersa en crisis alimentarias se situó en 2023 en el 26,5%, un porcentaje ligeramente inferior al de 2022; cuando fue del 27,3%. Aunque el número de personas aumentó hasta los 19,7 millones debido a la inclusión en la lista de los residentes en Colombia y los migrantes y refugiados de Perú.

Haití, el más afectado y la situación mejora en Centroamérica

Haití continúa siendo el país más afectado por este fenómeno; y el único de la región inmerso en una crisis alimentaria prolongada que en 2023 afectó a 4,9 millones de personas. Y es que, el 49 % de la población total, y experimentó un aumento de 166.000 personas con respecto a 2022.

Los motivos que la GNAFC esgrime para que continúe esta situación en el país caribeño son:

"La persistente inseguridad y la violencia de las pandillas, junto con los altos precios de los alimentos, la mala actividad económica y la reducción de la producción agrícola debido a las condiciones climáticas extremas".

Los países en los que más de un millón de personas sufren una grave crisis alimentaria en la región son: Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y República Dominicana.

Sin embargo, la situación mejoró en países como Honduras, Guatemala o El Salvador, que experimentaron una "disminución moderada" en el número de personas que se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria; a pesar de las pérdidas localizadas de cultivos.

Los efectos de la crisis migratoria

El informe analiza de forma independiente a las poblaciones migrantes de Ecuador y Perú, que entre las dos suman más de un millón de personas afectadas por este fenómeno.

Además, el documento señala las dificultades de acceso a un empleo estable y las condiciones extremas climáticas de fenómenos como El Niño como principales motivos.

En este sentido, la GNAFC indica que Latinoamérica afronta una "importante crisis de desplazamiento" y cifra en 12 millones las personas que se han visto obligadas a emigrar "por la fuerza" en la región.

En 2023, América Latina vivió una crisis migratoria sin precedentes, con cientos de miles de migrantes que en su camino hacia la frontera de Estados Unidos se enfrentan a la extorsión, robos y violaciones; con la incertidumbre de no saber si podrán llegar a su destino, paralizados además por un aumento de las restricciones.

De una forma más superficial, el documento menciona la situación en otros países como Bolivia, Venezuela, y las poblaciones residentes en Perú y Ecuador; y coincide en que las condiciones meteorológicas extremas derivadas de fenómenos como El Niño incidieron en un leve empeoramiento de la situación.

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