La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) halló responsables a 15 exintengrantes de la extinta guerrilla de las FARC en el marco del Caso 02 por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1990 y 2006 en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, ubicados en el Pacífico colombiano.
Es la primera vez que la JEP declara culpables en este caso, gracias a la investigación que adelantaron juristas indígenas sobre territorios en el sur del país, explicó el presidente de la jurisdicción especial, el magistrado Roberto Vidal, en una rueda de prensa en Tumaco.
La magistrada Belkis Izquierdo, relatora del Caso 02, anunció que los responsables, entre los que se encuentra el excomandante de las FARC Pablo Catatumbo, hicieron parte de las columnas móviles Daniel Aldana, Mariscal Sucre y del Frente 29 de las extintas FARC.
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Fueron hallados culpables de "crímenes que ocasionaron daños graves, diferenciados y desproporcionados a los pueblos indígenas, al pueblo afrocolombiano, a las comunidades campesinas, a las poblaciones urbanas rurales, mujeres y niñas, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, al territorio y a la naturaleza".
La Sala de Reconocimiento de la JEP concluyó que se ejecutaron seis patrones macrocriminales, entre ellos masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, confinamientos y desplazamientos forzados, reclutamiento y utilización de niños, violaciones, esclavitud sexual y destrucción del territorio y la naturaleza.
La sentencia contra los 15 exintegrantes incluye a Catatumbo, quien fue miembro del último secretariado de las FARC, y Édgar López Gómez, alias "Pacho Chino", el primero en su calidad de comandante del Comando Conjunto de Occidente y el segundo en su calidad de coordinador del Comando Conjunto de Occidente y comandante del Frente 29.
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Modus Operandi de las ex-Farc
En el desarrollo de esta política de control territorial y social se ejecutaron múltiples crímenes no amnistiables contra la población civil, concluyó la JEP.
En Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, entre 1997 y 2016, se documentaron 314 hechos de asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas, que corresponden a 468 víctimas directas. Además, se les atribuyen, entre 1990 y 2016, 334 hechos de desplazamiento forzado con 27.087 víctimas y 44 confinamientos con 20.124 víctimas.
Las estructuras armadas investigadas vincularon, mediante la coacción, la seducción y el engaño a niños. Entre 2001 y 2015 se documentó el reclutamiento y utilización de 102 menores con pertenencia étnica. Del total de víctimas, 13 eran niñas y 89 eran niños; al menos 36 tenían menos de 14 años y 49, entre 15 y 17 años.
La investigación también concluyó que "naturalizaron la violencia sexual y de género como una forma de ejercer control social y territorial sobre la población civil": entre 1990 y 2016 se documentaron 168 hechos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, y 254 víctimas de violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas.
El uso de minas antipersonal generó "desplazamientos, confinamientos, asesinatos y lesiones, al igual que la contaminación de los territorios ancestrales y colectivos étnicos y de las tierras de comunidades campesinas, lo que alteró la vida de los pueblos y comunidades y generó consecuencias permanentes en los múltiples sistemas de vida". Entre 2002 y 2015 se registraron 153 hechos y se identificaron 279 víctimas de estos artefactos.
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Por último, se registraron 71 hechos de destrucción contra la naturaleza y los sitios sagrados de pueblos indígenas y comunidades afro mediante el vertimiento de más de 70.000 barriles de crudo derivado de los ataques contra la infraestructura del Oleoducto Trasandino (OTA) y el control y desarrollo de actividades de minería criminal de oro.
La JEP fue creada para juzgar crímenes colectivos y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado colombiano con las FARC, por ello ofrece penas no restrictivas de libertad a cambio de que los acusados aporten verdad y se les impongan penas restaurativas con las víctimas.
Por eso ahora los imputados deberán reconocer su responsabilidad en estos crímenes en los próximos 30 días, y después participar en audiencias de aportación de "verdad plena, detallada y exhaustiva, y de reparar a las víctimas".
Hasta la fecha, la JEP ha imputado a 103 personas, de las cuales 57 son exmilitares, 42 son exintegrantes de las antiguas FARC-EP, tred son civiles y un agente de Estado no integrante de la fuerza pública.
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