Cámara de Representantes aprueba reforma a la policía
Cámara de Representantes aprueba reforma a la Policía Nacional a petición de sectores políticos y sociales, a causa de inconformidad; aún falta aprobación del Senado para convertirse en Ley.
Cámara de Representantes aprueba reforma a la Policía Nacional a petición de sectores políticos y sociales, a causa de inconformidad; aún falta aprobación del Senado para convertirse en Ley.
Sectores políticos y sociales, habrían solicitado una reforma a la Policía Nacional, debido a que no se sienten conformes con los actos que ensucian el nombre de la Institución.
De igual manera, se toma como base, los hechos registrados en los meses de marzo a mayo, en el transcurso del paro nacional; en donde se presentaron múltiples casos de abuso policial en contra de los protestantes. A raíz de esto, varios sucesos fueron documentados por los mismos manifestantes y ONG’s.
La ONG Human Rights Watch, dedicada a investigar, promover y defender los derechos humanos; quienes estuvieron presentes en el periodo de las manifestaciones, llegaron a la conclusión de que la Institución policial debería tener una reforma.
Por el momento, la Cámara de Representantes aprobó esta reforma; sin embargo, el debate aún debe pasar por el Senado para que se convierta en una ley.
El senador José Luis Pérez; enmarcó que uno de los puntos a tener presentes al momento del debate, son las sanciones que se imputarían a un oficial si comete los actos de: exceso de uso de armas, exceso de la fuerza, de elementos no reglamentarios y la manipulación imprudente de elementos menos letales.
El representante a la Cámara Alejandro Chacón, aseguró esta reforma sería un aporte fundamental para que los funcionarios tengan mayor conocimientos de los derechos humanos.
'Una capacitación permanente y constante para la profesionalización, precisamente de los policías, es lo que ha pedido la gente, el ciudadano, que aquel que participe dentro de la actividad policial sea una persona preparada fundamentada y que permanentemente tenga una capacitación especialmente en derechos humanos en relación con el ciudadano'.
Alejandro Chacón - representante a la Cámara.
Por otro lado, uno de los ítems que se abordarán en la reestructuración de la Policía, están las mejoras salariales. En este sentido, se tendrán presentes las personas que estén activos, como los que estén en retiro.
Iván Velásquez Gómez (c), ministro de Defensa de Colombia, participa hoy en un acto de excusas públicas ante madres de víctimas de falsos positivos, en la Plaza de Bolívar en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Fueron 6.402 los casos de 'falsos positivos' según la JEP, por ahora el Gobierno pidió perdón por 19 de ellos cometidos en 2008 en Norte de Santander.
Quince años le ha tomado a un gobierno colombiano pedir perdón por uno de los capítulos más oscuros de su historia: los conocidos como "falsos positivos", las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército de jóvenes inocentes que hicieron pasar por guerrilleros para inflar los logros contra la guerrilla de las FARC.
Fueron 6.402, según los números de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero este martes, en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá, el Gobierno, encabezado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha pedido perdón por 19 "falsos positivos" cometidos en 2008 en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela).
Julián Oviedo, Carlos Alberto Redondo, Mario Alexánder Arena, Diego Alberto Tamayo u Omar Leonardo Triana son algunos de estos 19 jóvenes procedentes de la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, que fueron engañados con promesas de falsos trabajos para ser asesinados y presentados como bajas guerrilleras en combate por el Ejército en Norte del Santander.
A pesar de los años, no hay una sola madre a la que no se le quiebre la voz cuando pronuncia en alto en nombre de su hijo: "Soy madre de Diego Armando Marín Giraldo, un chico asesinado por la Brigada 15 de Norte de Santander", alegó Rubiela Giraldo.
Como ella, una tras otra las madres de estos 19 muchachos subieron al escenario, con retratos a mano o fotografías de sus hijos y camisas blancas. "No pensé que se llegaría a dar una excusa", decía incrédula la primera de ellas, Gloria Ástrid Martínez, madre de Daniel Alexander Martínez, asesinado el 9 de febrero de 2008.
María Ubilerma Sanabria (i), madre de Jaime Estiven Valencia.
Flor Hernández (i), madre de Elkin Gustavo Verano.
"Muchas gracias", se han limitado a decir algunas madres al coger el micrófono, después de repetir el nombre de sus hijos. Pero, a pesar de la gratitud por el acto, las madres incidieron en que llega tarde y las excusas vienen por parte de un Gobierno que no tuvo que ver en los hechos: "este acto debe ser un acto de perdón y no debería ser el ministro que está actualmente (el que lo haga)", aludió Martínez.
Mientras que Florinda Hernández, madre de Elkin Gustavo Verano Hernández, asesinado el 15 de enero de 2008, señalaba directamente: "era Juan Manuel Santos, el que debería haber estado presente para que nos diera la cara y nos pidiera perdón", criticó.
Santos, quien como presidente ganó el Premio Nobel de la Paz en 2016 tras firmar la paz con las FARC, fue uno de los ministros de Defensa durante los peores años de ejecuciones extrajudiciales, que coincidieron con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
La JEP, el tribunal especial creado por el acuerdo de paz, que es el que más lejos ha llegado juzgando este episodio ha determinado que las fuerzas armadas desarrollaron un "patrón macrocriminal" en el que participaron también los paramilitares y que acabaron con la vida de 6.402 jóvenes, sobre todo de bajos recursos.
Desde entonces, madres como las de Soacha han emprendido una búsqueda por sus hijos, por recuperar los cuerpos que fueron desaparecidos, pero también por exigir justicia y saber "quién dio la orden" para que los asesinaran.
"Nuestra lucha no termina y seguiremos adelante para lograr encontrar a los verdaderos responsables y encontrar y saber quién dio la orden de cometer estos crímenes", alegó Jackelin Castillo, hermana de Jaime Castillo y presidenta de las Madres de Víctimas de Falsos Positivos (Mafapo).
Uno a uno, el ministro de Defensa ha pronunciado los nombres de las "madres que con tanta valentía durante tantos años han luchado por la verdad, por la justicia, por las garantías de no repetición" y el de sus hijos; nombres que durante años el Estado negó haber asesinado. "(Los jóvenes) no estarían recogiendo café", llegó a decir Uribe, que años después se arrepintió de las palabras.
"Venimos a pedir perdón pero sabemos que hoy es difícil obtener ese perdón porque ha habido un Estado que ha pretendido ocultar la verdad, porque ha habido unas autoridades que han pretendido que los hechos no fueron como ya están suficientemente establecidos", aseguró el ministro.
Velásquez, quien informó que el presidente colombiano, Gustavo Petro, que iba a encabezar el acto, no pudo asistir, aseguró que las disculpas se realizan no solo para acatar una orden judicial sino "especialmente porque obedece a nuestras convicciones democráticas".
"Para honrar sus memorias, para decirle a Colombia y al mundo que los 19 jóvenes a cuyos familiares y amigos abrazamos hoy con respeto y solidaridad no eran guerrilleros, no estaban realizando ninguna acción delictiva, no asumieron ninguna confrontación con las fuerzas militares; eran hombres cuyas vidas, sueños e ilusiones se truncaron por la acción criminal de integrantes del Ejército nacional", apuntó el ministro.
Por eso, en nombre del Estado colombiano aseguró: "Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo, reconocemos la responsabilidad del Estado en su ejecución" y de esa forma reconocer, como una de las madres ha subrayado, que "estas locas tenían razón" en su búsqueda de justicia.
Un informe del Ministerio del Interior de Colombia revelado por la revista Cambio Colombia sugiere que la intimidación que soldados disfrazados de disidentes de las FARC cometieron contra una población rural del departamento colombiano de Córdoba fue un montaje realizado por militares y líderes aliados con el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
La revelación la hizo este martes Cambio Colombia, que aseguró que el supuesto montaje fue hecho con la "anuencia de una ONG denominada Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos" de la que hace parte Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro.
El pasado 10 de septiembre, en Bocas del Manso, en el municipio de Tierralta, un grupo de militares armados y disfrazados de disidentes de la antigua guerrilla de las FARC intimidaron y amenazaron a los habitantes de ese caserío, situación a la que no escaparon niños y mujeres.
El Ejército informó que eran 24 los militares que participaron en esta acción (un oficial, 2 suboficiales y 21 soldados) y que, cuando se conocieron los hechos, fueron trasladados a Montería (capital de Córdoba) para que las autoridades puedan investigar los hechos sin interferencia de los protagonistas.
Tras lo ocurrido, el comandante del Ejército, general Luis Ospina, anunció el retiro de 18 militares de la institución por la intimidación que soldados disfrazados de disidentes de las FARC llevaron a cabo contra una comunidad rural del departamento caribeño de Córdoba.
Según lo publicado por Cambio Colombia, la hipótesis del informe del Ministerio del Interior es que todo hace parte de una estrategia del Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), para sacar al Ejército de la zona con el apoyo de algunos militares, líderes regionales y la ONG de la que hace parte el hermano del mandatario.
El documento señala que esa banda criminal, miembros del Ejército y algunos campesinos están hostigando a indígenas que habitan la región para sacarlos de allí y apropiarse de sus cultivos de coca, para "quedarse con toda la cadena del negocio del narcotráfico".
Igualmente, otra de las hipótesis de lo ocurrido en Bocas de Manso es que los uniformados disfrazados querían "robarse el dinero que tenían en sus casas algunas familias cocaleras".
Desde el Ministerio de Interior, tras las revelaciones de Cambio Colombia, han indicado que ellos no son "fuente" de ese informe, sino que lo que han hecho es "recoger el conjunto de las versiones" de los testigos, organizaciones, etc. y "elaborar un informe reservado para los ministros y el presidente para que tengan en cuenta el conjunto de versiones que se dan en el territorio y la complejidad de la situación".
"Nuestro informe no versa sobre responsabilidades penales, no versa sobre información de inteligencia, nosotros no tenemos competencia legal para eso. Nuestro informe exclusivamente recoge el conjunto de las actividades por nosotros realizadas y el conjunto de versiones comunitarias, de comunidad internacional y otros actores en la zona", aseguró a medios el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que lo sucedido en Córdoba "no es un caso aislado": "No era un mensaje a los pobladores humildes de El Manso (...), el mensaje era para la sociedad para decirles este Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos, hay que poner orden".
En palabras de Petro, "el mensaje iba directo hacia un grupo social específico, los hacendados de tierras productivas que no producen en Córdoba", a quienes les habían mandado una carta "porque no se podía dejar que organizaran el campesinado".
Tras conocerse el suceso, una comisión de la Fiscalía y de la Procuraduría fue atacada cuando se desplazaba hasta el lugar de los hechos en un helicóptero militar.
El ataque se produjo cuando una "comisión integrada por 20 delegados de la Fiscalía y la Procuraduría y demás autoridades, que se desplazaba vía aérea hasta la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, para verificar los hechos, fue hostigada con armas de largo alcance cuando se aproximaban al sector", según explicó el Ejército ese día.
El juzgado 28 penal municipal, emitió una orden de arresto y una multa contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.
En los últimos días, Quintero renunció a su puesto como mandatario, pero deberá responder legalmente frente a un caso de incumplimiento cuando aún fungía como Alcalde de Medellín.
Hace unos meses, una familia conformada por 7 personas, fue sacada de su casa en el barrio San Germán de Medellín, por graves problemas estructurales de la vivienda, que ponían en riesgo sus vidas.
Al salir de su residencia, la familia pedía garantías y los recursos necesarios para poder sobrevivir, ya que no tenían a donde más ir.
Durante todo este tiempo, las siete personas recibieron $550.000 mensuales y una vivienda de 4 habitaciones, las cuales, según el juzgado, no satisfacían sus necesidades.
En la familia hay tres adultos mayores de 62, 72 y 76 años, algunos de ellos con enfermedades; dos adultos de 45 y 57 años, con discapacidad laboral por problemas de visión; y dos menores de 13 y 14 años, este último con discapacidad cognitiva.
El pasado 22 de febrero de 2023, estas personas instauraron una orden de tutela contra la Alcaldía de Medellín, para que se cumpliera su reubicación y así tener garantías de vida.
“Debe precisarse que desde el mismo fallo de tutela se determinó que este despacho no especificaría montos, ya que finalmente el amparo estaba encaminado a salvaguardar el derecho a la vivienda digna en nexo con la integridad de un grupo familiar que se encuentra en condiciones especiales de vulnerabilidad”.
Juzgado 28 Penal Municipal.
Sin embargo, el fallo del juzgado no fue ejecutoriado ni tampoco impugnado, por lo que un juez dio apertura al recurso de desacato.
“El juzgado, mediante decisión del 06 de marzo de 2023, amparó el derecho fundamental a la vivienda digna con nexo a la protección a la integridad personal de la accionante y grupo familiar”.
Juzgado 28 Penal Municipal.
Con el paso de los días, la Alcaldía de Medellín no entregó ninguna respuesta. Debido a esto, un juez tomó la decisión de imponer la sanción.“El problema jurídico a resolver en este trámite, deviene en determinar, si el funcionario Daniel Quintero Calle en calidad de alcalde del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, ha incurrido en desacato por incumplimiento a la orden dada en sentencia de tutela del 06 marzo de 2023”.
La determinación del juez se tomó “al no darse cumplimiento completo a la orden de tutela por parte de la Alcaldía de Medellín, habiéndose surtido varios requerimientos previos a efectos de propugnar el cumplimiento completo de la orden”.
¿Cuál es la sanción?
El exalcalde de Medellín deberá cumplir 3 días de arresto y pagar una multa de cinco salarios mínimos mensuales, equivalentes a 5.800.000 pesos.
Se espera que la Policía de Medellín haga efectiva la orden de arresto contra Daniel Quintero.
