De manera histórica y con votación virtual, la plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de acto legislativo; que consagra la prisión perpetua para los asesinos y violadores de niños, niñas y adolescentes.
Con 67 votos a favor, se aprobó el proyecto que reglamenta la prisión perpetua, reforma el código penal y el código penitenciario y carcelario.
Este es un proyecto impulsado por el ministro de Justicia Wilson Ruiz, esto dijo al respecto:
“La pena de prisión perpetua tendrá control automático, ante superior jerárquico que es lo que llamamos la doble conformidad”.
Y agregó, “contiene la revisión de la resocialización del condenado en un plazo mínimo de 25 años. Sin embargo, deberá cumplir como mínimo de condena efectiva los 50 años de prisión, establecida por el código penal; y en caso de concurso de delitos, 60 años de prisión”.
Los ponentes manifestaron que esta nueva decisión permitirá que la pena de prisión perpetua; se aplique solo en los casos en los que se reúnan diferentes conductas que agraven la agresión sexual contra un niño.
En todo caso, la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado.
Cabe resaltar, que la prisión perpetua no tiene carácter retroactivo; es decir, que no puede ser aplicada a conductas cometidas con anterioridad a la sanción de la ley reglamentaria.
De acuerdo con los organismos judiciales, las personas capturadas por contrainteligencia militar; hacían parte de una red criminal que estafaba a más de 50 miembros del Ejército Nacional.
La red, cobraba sumas de dinero entre $1.000.000 hasta $1.500.000, con el fin de ofrecer supuestos traslados que no estuvieran ubicados en zona de orden público. Del mismo, las víctimas debían recomendar uno o dos candidatos, para seguir ampliando la red.
Luego, los miembros de la red les entregaban resoluciones y otros documentos falsificados; en donde les notificaban su traslado; al descubrir las víctimas la estafa, ya no podían hacer nada porque los teléfonos de contacto ya no existían.
Al parecer, la red obtuvo ganancias de aproximadamente $29.580.700, de tres suboficiales, 32 soldados profesionales y 5 civiles; que ya habían consignado el dinero.
Los procedimientos de captura, se llevaron a cabo en la ciudad de Cali, Bogotá, Neiva y San Andrés Islas. Asimismo, los capturados deberán responder ante las autoridades competentes por los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada.
Cabe resaltar que, faltan otras dos personas por capturar; uno que esta por identificar, y el otro se encuentra evadiendo la justicia.
Gobierno Nacional destaca papel de las Cajas de Compensación
Al cierre del Congreso de Asocajas, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, resaltó la importancia de las Cajas de Compensación en los proyectos del Gobierno Nacional.
Al cierre del Congreso de Asocajas, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, resaltó la importancia de las Cajas de Compensación en los proyectos del Gobierno Nacional.
Durante la edición número 32 del Congreso Nacional de Cajas de Compensación Familiar “Esencia, la belleza de quienes somos”, que se realiza en Cartagena, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, destacó la importancia del trabajo conjunto que desarrollan las Cajas de Compensación y el Gobierno Nacional.
En Desarrollo de su intervención, la Ministra de Vivienda entregó datos y estadísticas que expusieron los retos que afronta el país en términos de calidad de vida; destacó que uno de ellos, precisamente, es atender el déficit habitacional que afecta a más de cinco millones de hogares en Colombia.
Al mismo tiempo, se mostró preocupada porque los mayores problemas se presentan en la zona rural; donde un 68,2% de la población afronta un déficit de Vivienda.
La alta funcionaria agregó que si a esta situación se suman las deficiencias de agua potable y alcantarillado, se evidencia una reto inmenso que exige atención inmediata al sector rural del país. En ese sentido, recordó que en Colombia hay doce millones de personas, en el sector rural, que carecen de elementos mínimos de agua potable. “Tenemos que atender esta población de manera urgente. Para este gobierno, el sector rural es muy importante”.
Por esa razón, la Ministra de Vivienda destacó el papel que tanto el Estado como las Cajas de Compensación Familiar pueden jugar para lograr mejorías notables a esta situación.
“Consideramos que las Cajas de Compensación Familiar son nuestros mejores aliados para la política de vivienda social en este gobierno, especialmente por la concurrencia. Si podemos juntar la concurrencia de las Cajas de Compensación con los aportes del Estado; y de los alcaldes o gobernadores podremos garantizar el cierre financiero y la oferta de vivienda”, enfatizó la Ministra.
A su turno, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, habló de la importancia que conlleva mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en zonas rurales del país.
“La salud es un derecho humano fundamental. Debemos identificar de manera conjunta cuáles son las necesidades territoriales para satisfacer el acceso igualitario a este derecho”, precisó el funcionario.
Mientras tanto, la presidenta ejecutiva de Asocajas, Adriana Guillén, resaltó el apoyo integral que brindan las Cajas a la población vulnerable del país.
“Para este año, proyectamos destinar $686.000 millones al soporte del Régimen Subsidiado de Salud y $392.000 millones a la atención de niños, niñas y adolescentes en Jornadas Escolares Complementarias; y en el marco del Programa de Atención a la Primera Infancia. Estamos hablando de un billón de pesos que se destina a la población vulnerable”, destacó la presidente de Asocajas.
Especial para 90minutos.co
Asimismo, la señora Guillén enfatizó que la entidad está presta a continuar trabajando con el Gobierno Nacional, a través de un diálogo constructivo que permita desarrollar los cambios que se proponen; todo con el propósito de mejorar el destacado trabajo que adelantan las cajas de compensación en el país.
En esta oportunidad, la Fiscalía General de la Nación, la estaría relacionado con la empresa de su padre biológico, José Antonio Manzaneda Vergara, pues aparece como representante legal en algunas propiedades en las que al parecer, habría adquirido esta sociedad.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización tendría una procedencia ilícita. Incluso, entre sus socios, estaría una persona con antecedentes judiciales y con investigaciones activas; por la comisión de varios actos ilegales, como la compra de votos para las elecciones de marzo de 2018 en el departamento del Atlántico.
Por su parte, la fiscal encargada del caso, señaló que Aida Victoria Merlano y su padre establecieron una empresa ‘fachada’ para el lavado de activos; en relación con las actividades ilegales de la excongresista, Aída Merlano.
Por último, la hoy imputada ya fue condenada a 7 años de prisión domiciliaria por presuntamente haber ayudado en el plan de fuga de su madre, Aída Merlano.
