Las estructuras construidas por las organizaciones criminales que se dedican al saqueo de los recursos públicos han adquirido un grado de sofisticación y eficiencia, de tal magnitud, que les permite actuar a la luz del día de cara a la sociedad y las autoridades de justicia, presentando sus torcidas actuaciones con un ropaje de aparente legalidad.
Hace 12 años cuando denuncié los casos de corrupción en que estaba involucrado el ex gobernador JUAN CARLOS ABADIA, encontré que el denominador común era la falta de cuidado de los funcionarios involucrados. Para una mayor claridad citaré como ejemplo el contrato por el cual ABADIA y su asesor jurídico fueron sancionados con destitución del cargo y 10 años de inhabilidad. Este contrato, en cuantía superior a los 1500 millones de pesos lo firmó la gobernación del Valle con la empresa que un médico constituyó a las volandas con un capital irrisorio, pero lo peor es que no presentó los soportes que acreditaran el número real de pacientes que había operado y la necesidad de haberles realizado una cirugía para reducirles el estómago como solución al sobrepeso.
El proceso contractual era tan chambón que el procurador BRITO no tuvo que realizar un gran esfuerzo para recaudar la prueba que sirvió de base a su decisión sancionatoria.
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En los tiempos de ahora los corruptos siguen siendo los mismos, pero mejoraron los procedimientos y asistidos por expertos conocedores del derecho contractual han construido un complejo andamiaje de corrupción, anclado en los vacíos e interpretaciones de la ley para celebrar contratación ilícita a su antojo y robarse los recursos públicos con el beneplácito de los órganos de control e investigación.
Estas estructuras delincuenciales tienen preferencia por los convenios y contratos interadministrativos, porque les permite realizar contratación directa, es decir, sin necesidad de someterse a las normas legales que exigen que la contratación sea pública con la participación de múltiples oferentes (licitación, concurso de méritos, etc) Así pueden contratar con terceros, escogidos a dedo y, de paso, robarse buena parte del valor de los contratos.
Para dar apariencia de legalidad a estos contratos usan empresas de economía mixta cuyos estatutos permiten ofrecer en el papel toda clase de servicios. Esto es lo que ocurre con la Imprenta Departamental del Valle del Cauca o Impretics. En 2016, durante el gobierno de DILIAN FRANCISCA TORO, reformaron los estatutos de la entidad gracias a lo cual hoy ofrece desde una la impresión de calendarios hasta la construcción de edificios inteligentes, obras civiles, mobiliario, personal, equipos de oficina, actores, cocineros, vigilantes, etc.
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Con este disfraz han celebrado convenios y contratos interadministrativos con gobernaciones, alcaldías, ministerios, el Congreso de la República, la alcaldía de Cali, la personería municipal y la propia contraloría departamental. En todos los casos, tan pronto la imprenta suscribe el contrato o convenio con la entidad pública, contrata con terceros para que sean estos los que cumplan con la obligación, a menor costo por supuesto.
Ejemplo: el contrato de cámaras de seguridad por el cual embargaron las cuentas del alcalde Ospina y del gerente de IMPRETICS. El valor fue de 5600 millones de pesos. Pero como la Imprenta no tiene cámaras para la venta subcontrató con terceros para que las instalaran y les hicieran mantenimiento, pero en este caso el contrato fue por menos de 5000 millones. Así de un plumazo se desaparecieron más de 600 millones de pesos. Además, según denuncias posteriores, no se instalaron todas las cámaras y las que fueron colocadas funcionaron durante poco tiempo.
Cuando denuncié este hecho, los apologetas de la corrupción reviraron diciendo que ese contrato era licito porque IMPRETICS ofrecía el servicio de instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad y publicaron el certificado expedido por la Cámara de Comercio, que probaba dicha manifestación. De esta manera mi denuncia quedó desprestigiada y los corruptos siguieron en las suyas, al extremo de convertir a IMPRETICS en la empresa criminal más exitosa de la que tenga conocimiento como abogado penalista.
Ahora la Contraloría General de la República me da la razón y advierte que es ilegal lo que hizo Impretics al subcontratar para que otros cumplieran con toda la obligación.
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Mientras la prensa local y los candidatos a la alcaldía hacen con el alcalde leño para quemar en la hoguera de las vanidades y los oportunismos políticos, pasan de agachada los otros actores de este entramado de corrupción: la gobernadora CLARA LUZ ROLDAN y la ex gobernadora DILIAN FRANCISCA TORO.
Ambas permitieron que IMPRETICS llevara a cabo esta contratación ilegal, porque han tenido perfecto conocimiento de que la imprenta solo ofrece servicios en el papel y que usa la reforma para contratar ilegalmente y luego subcontratar, oh sorpresa, con las fundaciones cercanas al gobierno departamental.
Ambas saben que la imprenta se apodera de gruesas sumas de dinero en cada contrato y conocen de la existencia de denuncias serias por incumplimiento de contratos celebrados entre IMPRETICS y varias entidades públicas en todo el país.
Ambas han apoyado al torpe gerente de IMPRETICS, quien en una entrevista que ofreció a un periodista dijo que era consciente que estaba realizando contratación ilegal y justificó el delito argumentando que no tenía otra alternativa para mantener a flote la entidad pues la gobernación no le daba recursos.
Después de esa confesión debió ser destituido y denunciado por la misma gobernadora, pero no lo hizo porque también está comprometida en el asunto.
La próxima semana daré a conocer el resultado de otra investigación sobre corrupción en nuestra comarca y una vez más quedará al descubierto el uso de las herramientas jurídicas para saquear los recursos públicos. El caso es el top en materia de astucia de los corruptos. Al sacarlo a la luz pública busco evitar que las personas más vulnerables paguen con su dinero las campañas de estas estructuras mafiosas. Espero que los candidatos que hoy se cuelgan en el pecho medallas por denuncias que nunca radicaron ante los órganos de control ni han firmado una sola denuncia ante fiscalía y que además guardan silencio ante la corrupción en la gobernación del Valle del Cauca, de la cual se han beneficiado, estén atentos para que saquen provecho
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