Este jueves, el debate en el Congreso argentino sobre la polémica reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei desató protestas en las calles, que fueron dispersadas por la policía, y una huelga general que los sindicatos aseguran tuvo una alta participación en todo el país.
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La Confederación General del Trabajo, CGT, el sindicato más grande de Argentina y de tendencia peronista, afirmó que el paro de 24 horas, el cuarto desde que Milei asumió la presidencia a finales de 2023, tuvo una adhesión del 90 por ciento de los trabajadores.
"Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, de más del 90 % de la actividad detenida", afirmó en una rueda de prensa Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT.
El dirigente sindical recordó que, desde que Milei está al frente del Ejecutivo, se pierden 400 puestos de trabajo formales al día, con un "rompimiento del tejido social y productivo", y afirmó que el proyecto de reforma no tiene nada de "modernización laboral", como asegura el Gobierno, sino que implica "un retroceso de 100 años" en materia de derechos laborales.
Además, la huelga ha afectado a todo tipo de actividades, desde la Administración pública, la industria y el comercio exterior hasta el transporte de pasajeros.
Seguidamente, las aerolíneas cancelaron unos 400 vuelos, lo que afectó a cerca de 64.000 pasajeros, de acuerdo a datos de la Cámara de Líneas Aéreas de Argentina.
Las seis principales entidades empresariales del país, que apoyan la reforma laboral, sostuvieron en un comunicado conjunto que respetan el derecho constitucional de la protesta pero que "Argentina necesita consensos y no medidas que profundicen la incertidumbre".
De acuerdo a estadísticas de la Universidad Argentina de la Empresa, esta huelga nacional conlleva pérdidas por 489 millones de dólares, equivalente a un 20 % de la producción del país en el día.
Huelga general por reforma laboral
Si bien la CGT convocó a la huelga sin movilización, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), movimientos sociales y agrupaciones políticas de izquierda se concentraron en los alrededores del Congreso, en Buenos Aires, para manifestar su desacuerdo con la reforma laboral.
La protesta coincidió con el debate de la iniciativa en el pleno de la Cámara Baja, una discusión que se prevé se prolongará hasta la madrugada.
"Creemos que si luchamos, podemos ganar. Logramos que la CGT convoque al paro y ahora queremos que sigan con un plan de lucha, de 36 horas, para ganar", expresó Mónica Schlotthauer, dirigente del sindicato de los trabajadores ferroviarios.
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Por otra parte, las protestas escalaron en tensión cuando algunos manifestantes intentaron tumbar las vallas de seguridad instaladas alrededor del Congreso.
Como respuesta, los cuerpos de seguridad argentinos usaron chorros de agua, gases pimienta y lacrimógenos para controlar la situación y dispersar a los manifestantes.
Al final del día, fuentes oficiales reportaron que las fuerzas federales arrestaron a cuatro personas, mientras la Policía de Buenos Aires arrestó a otras ocho.
Adicionalmente, tres personas tuvieron que recibir atención médica por heridas durante los enfrentamientos.
Una reforma polémica
Primeramente, el denominado 'proyecto de modernización laboral' cambia radicalmente las condiciones de las relaciones de trabajo en Argentina, donde hay un alto nivel de empleo informal y donde se han destruido miles de puestos formales en los últimos años.
La iniciativa cambia el cálculo de las indemnizaciones por despido, reduciendo las mismas; crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitiría a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos; introduce modificaciones en el sistema de vacaciones y horas extra; y restringe el derecho a huelga, entre otros puntos que perjudican al trabajador.
"Esta reforma esclavista, que nos quiere hacer retroceder al siglo XIX, nos afecta particularmente a las mujeres y disidencias. Hoy somos la mayoría entre los sectores más precarizados de la economía. Con esta ley vamos a estar más precarizadas aún", afirmó Mercedes de Mendieta, exdiputada y dirigente del partido Izquierda Socialista.
Finalmente, tras su aprobación en la Cámara Baja, la iniciativa regresará al Senado, ya que el texto ha sido modificado respecto al aprobado por la Cámara Alta el pasado 12 de febrero.
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