A través de un comunicado de prensa, la Contraloría General de la Nación, dio a conocer que se abrió un proceso en contra del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina por “presunto incumplimiento de contrato e intermediación innecesaria entre la Imprenta Departamental del Valle del Cauca - IMPRETIC´S - y la Unión Temporal Windetec”.
De acuerdo a la información, la Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción de la CGR, habría encontrado irregularidades en un convenio interadministrativo suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo en la ejecución del contrato y la entrega de cámaras de vigilancia.
“Se encontró un presunto detrimento patrimonial por un monto de $1.854.603.749”.
Se indica en el comunicado.
Al parecer se trataría de un contrato de más de $5.000 millones de pesos, de los cuales $1.500 millones no se habrían ejecutado.
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¿Qué pasó?
Este problema habría iniciado el 9 de diciembre de 2020, fecha en el que el mandatario local emitió un decreto con el que delegaba funciones de contratación a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, en cabeza de Carlos Rojas.
No obstante, el contrato, que no se habría cumplido en su totalidad, planteaba la importancia de realizar mejoras en la infraestructura del sistema de videovigilancia y garantizar su operación continua.
Como si no hubiera sido suficiente, la Secretaría de Seguridad realizó una invitación a Impretics, Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones; para establecer un convenio interadministrativo, es decir, una contratación directa sin necesidad de concurso ni licitación.
Pues, según Semana y El País Cali se pretendía “aunar esfuerzos técnicos y administrativos en el mantenimiento a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica; incluyendo suministro de equipos y ampliación de componentes de videovigilancia con su respectiva instalación, integración y mano de obra”.
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Propuesta de Impretics
Dicho decreto, establece que la imprenta contaba con la “experiencia e idoneidad” para la prestación de servicios de redes y telecomunicaciones.
A partir de la información suministrada, Impretics le habría propuesto a la Alcaldía de Cali ofrecer un aporte para el mantenimiento de 129 cámaras por 426 millones de pesos. Adicional a este monto, se sumó el respaldo económico desde la Alcaldía de unos $5.300 millones de pesos. Finalmente, Impretics no fue la encargada de ejecutar dicho plan, pues se terminó contratando a Windetec.
Aquí se genera el gran interrogante, pues el presupuesto para ejecutar el proyecto piloto fue de casi $5.000 millones de pesos; sumando un costo de $300 millones de pesos por la intermediación de Windetec; mediación que para la Contraloría General de la Nación resulta indebida.
La respuesta de esta intermediación, fue que no se contaba con la suficiente capacidad para llevar a cabo la adecuación de las cámaras.
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Uno de los puntos a favor, es que la razón de ser de Impretics está relacionado con actividades de construcción y suministro de kits para instituciones educativas; lo que les permite realizar subcontrataciones y apoderarse de un porcentaje.
No obstante, la Contraloría expuso una serie de irregularidades que superan los $1.854 millones de pesos; que se despliegan en los $300 millones de la cuestionada intermediación y los $1.500 millones que nunca se ejecutaron.
Terminando vinculados como posibles responsables fiscales el alcalde de Cali, Jorge Ivá Ospina, el secretario de Seguridad y Justicia; el supervisor de contrato, el gerente general de Impretics y miembros de la Unión Temporal Windetec.
A todas estas, la Administración Distrital se justificó manifestando que la razón por la que no habían algunos elementos en las cámaras era porque habían sido hurtadas durante protestas del Paro Nacional.
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Emcali
Otras de las problemáticas que está afrontando la capital vallecaucana, es la de la empresa pública Emcali, pues estaría siendo saqueada; poniendo en la mira a altos funcionarios, entre ellos gerentes, a quienes también se les ordenó embargos a cuentas y propiedades.
Entre los convenios, está el acuerdo para adecuar el canal de aducción de la planta de tratamiento de agua potable, Río Cali, en el barrio San Antonio. En este caso, la Contraloría halló un detrimento de unos $14.000 millones de pesos.
De acuerdo al ente de control fiscal, se había acordado con el Ministerio de Vivienda buscar la forma de apoyar el desarrollo de obras e interventoría del proyecto, pero no se vio ningún resultado positivo.
Con la realización de estas obras se pretendía beneficiar a más de 700.000 personas con el suministro del servicio de agua potable. El contrato no se terminó, porque se venció el plazo; además, la Alcaldía y el contratista Consorcio Aducción Río Cali, terminaron en un tribunal de arbitramento.
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Finalmente, y tras los embargos ordenados por la Contraloría General de la Nación, se espera recuperar los recursos para completar la obra, pues se trataría de un asunto humanitario en el que está en juego el suministro de agua potable para más de medio millón de personas.
En cuanto al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, el ente ordenó embargar 5 de sus cuentas y 7 propiedades.
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