En Colombia la Eutanasia fue despenalizada en 1997 y reglamentada en el año 2015, partiendo de la base “del derecho fundamental a vivir de forma digna implica el derecho fundamental a morir con dignidad”.
Soy una mujer católicamente, creyente, que considera que el regalo de la vida, de poder respirar, contemplar la magnificencia del mundo, disfrutar de nuestra familia, contemplar las maravillas de la naturaleza, entre tantas otras cosas, son expresiones de la vida a nuestro alcance.
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De igual manera creo que la posibilidad de poner fin al suplicio de tantas personas que sufren enfermedades terminales, que día a día ven cómo el dolor se apodera de su cuerpo, cómo su movilidad se ve restringida, se debilitan progresivamente, transmitiendo el dolor y sufrimiento a sus familias, es un derecho que debe respetarse a quienes se encuentran en dicha situación.
Para ninguna persona es fácil tomar la decisión de asumir la Eutanasia para poner fin a su sufrimiento y el de su familia. Si a conciencia, el paciente y su familia, han tomado la decisión de solicitarla y sus condiciones de salud se encuentran dentro de las disposiciones establecidas por la Ley, como requisito para acceder a este derecho, el deber de la institucionalidad es brindarle las garantías para que su deseo se lleve a cabo, bajo los parámetros legales y con el debido acompañamiento médico, permitiéndole cesar un sufrimiento que muchas veces parece interminable, y que no es justo ni para la persona, ni para los que la rodean.
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El reciente caso de Martha Sepúlveda reabre el debate sobre qué tanto el Estado Colombiano está garantizando los derechos de nuestros ciudadanos, tanto a vivir con calidad de vida, como a poner fin dignamente al sufrimiento perpetuo de quienes tienen padecimientos terminales y dolorosos.
Nuestro sistema de salud debe brindar siempre una atención integral, que permita a los colombianos acceder a sus servicios, con oportunidad y calidad y colocar a su disposición todo el conocimiento científico, la tecnología adecuada para tratar su padecimiento y rehabilitarlo a su entorno social y familiar. Pero al agotar todas las posibilidades que la ciencia brinda, el estado, el sistema de salud, el sistema jurídico, deben garantizarles la posibilidad de culminar su vida de forma digna.
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