En nuestro país, la Ley Estatutaria de Salud, vigente desde 2015, generó muchas esperanzas; sin embargo, el Sistema General de Seguridad Social parece no salir de la crisis; el viacrucis de los usuarios no se detiene y diariamente somos testigos de sus angustias y receptores de sus quejas por la falta de oportunidad en la atención, en la entrega de medicamentos y en la autorización de procedimientos y tratamientos. Entrada en vigencia esta norma, la salud pasó de ser un servicio a ser un derecho fundamental; es decir, que el Estado debe financiar y garantizar la atención.
Sin embargo, y por muchísimas razones, las esperanzas agonizaron rápidamente. En el ámbito financiero, los gastos superaron los ingresos, entre otras razones porque la gente requiere más. Este costoso e ineficiente Sistema no ha sido ajeno a la corrupción, por ejemplo, los recobros por servicios no pos defraudaron al Fosyga; las cadenas de intermediarios se gestan con recursos de la salud; las obligaciones desbordaron la capacidad financiera de los entes territoriales y la actualización de las tecnologías en el campo médico tiene costos exorbitantes.
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Las causas sociales también acosan; entre otras, el incremento de la población adulta mayor; la aparición de nuevas patologías, el sinnúmero de enfermedades huérfanas; la escasez de médicos, sobretodo de especialistas y la disminución de su calidad de vida. Hay que agregar que el modelo de servicios está diseñado para atender la enfermedad, es totalmente ajeno al bienestar, está lejos de la prevención y no promociona la salud; obviamente, el incremento crónico afecta los costos.
Al régimen contributivo aportan 10 millones de trabajadores y son más de 20 millones los afiliados; semejante desproporción genera servicios de poca calidad para la mayoría, lo que se traduce en inequidad e insatisfacción.
Así las cosas, hoy el hilo que soporta la escasa confianza en las entidades de salud cada día es más frágil porque hasta la tutela, como mecanismo jurídico, dejó de ser una tabla de salvación para reclamar y recibir atención; la situación se agrava por la intervención y liquidación de varias EPS, situación que lesiona a millones de usuarios. El Estado debe, entonces, continuar implementando la Ley Estatutaria y propender por un sistema más equitativo mediante la refinanciación del Sistema y el uso eficiente de los recursos.
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En este panorama tan complejo es loable la gestión que cumplen las defensorías del paciente en nuestro departamento. La oficina del Municipio de Cali, abierta al público en 2012, ha sido pionera en Colombia en la defensa del Derecho a la Salud, desde entonces hasta la fecha más de cien mil ciudadanos han sido atendidos. Y en el Valle del Cauca, la actual administración estableció, desde 2016, seis oficinas ubicadas estratégicamente en el territorio: Cartago, Tuluá, Buga, Buenaventura, Palmira y en la sede de la Gobernación en Cali, donde miles de personas afectadas por barreras de atención en el servicio de salud han recibido el debido acompañamiento para sus requerimientos.
Desde lo establecido anteriormente, resaltando la gestión que realiza la administración Departamental y Municipal en favor del usuario, es necesario ser conscientes que hasta tanto no exista una profunda reforma al sistema desde el orden nacional, y la exigencia por parte de la Superintendencia y Ministerio de Salud del cumplimiento irrestricto a los postulados legales y constitucionales establecidos en el ordenamiento legal Colombiano, la idea de tener un sistema justo y equitativo dista mucho de la realidad y las consecuencias de las fallas administrativas y financieras del sistema de Salud, seguirán recayendo sobre los pacientes en la mala prestación del servicio.
La opinión de los blogueros no refleja el pensamiento editorial de 90minutos.co
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— Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) October 27, 2017