La reforma laboral que promueve el Gobierno Nacional encierra grandes desafíos, porque no solo debe garantizar los derechos de cerca de 22 millones de trabajadores que hay en el país, sino también, contribuir a resolver problemas como la informalidad, que en enero de este año fue del 57,9%; el desempleo, el cual para febrero de 2023 se ubicó en 11,4%, así como generar las condiciones para crear más fuentes de trabajo.
Hay que reconocer que, tras 21 años de la última reforma laboral en Colombia, el país necesita avanzar en esta importante materia. En países como España, desde 1977, se han realizado más de 20 reformas sociales y laborales, entendiendo que los Estados deben ser capaces de responder a las dinámicas sociales y económicas. Además, no olvidemos que se trata de la iniciativa de un Gobierno elegido bajo una promesa de cambio, una demanda que se profundizó en el marco de la pandemia y el estallido social y que se vio reflejado en las urnas.
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Por eso, considero importante hacer una reflexión sobre los aspectos que una reforma justa debe tener para responder a las problemáticas laborales de los colombianos, a partir de escuchar atentamente las voces de los ciudadanos y en especial, a todos los actores del sector.
Por ejemplo, ¿cómo va a beneficiar a cerca de 2,8 millones de colombianos desempleados que se encuentran en esta condición por factores como la falta de oportunidades laborales o no cumplir con el perfil para acceder a un determinado cargo? Igualmente, ¿de qué manera contribuirá a reducir la brecha laboral que persiste en los jóvenes y las mujeres?
Además, se debe tener en cuenta los efectos que esta iniciativa puede tener sobre un sector como las MiPymes, que generan cerca del 90% del mercado laboral y que incluso, son responsables del 50% del empleo formal. Es vital que desde una política pública se desarrollen programas para fortalecer este importante sector. Considero, que, así como en la iniciativa del Gobierno se hace una diferenciación para el trabajo estacionario en el agro, esta figura se debería extender a sectores como los de servicio y comercio, de los cuales hacen parte una gran cantidad de pequeños empresarios.
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También, debemos tener en cuenta que no se puede generar una política pensada sólo para un determinado sector laboral o para ciertos niveles profesionales, sino para toda la población. Es posible que a algunas personas les beneficie tener un contrato laboral formal. Pero también, hay otras que aspiran a que se le reconozca el valor de su trabajo y poder tener autonomía sobre su tiempo productivo.
Es por eso, que desde La U trabajaremos bajo el método de la escucha, sosteniendo diálogos con los diversos sectores, desde grandes, medianos y pequeños empresarios, con los trabajadores asalariados, los independientes, los desempleados, los jóvenes y las mujeres, para conocer sus necesidades, problemáticas y demandas.
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Es a partir de esta escucha que haremos un estudio profundo de la propuesta del Gobierno, porque nosotros no queremos quedarnos simplemente en la crítica sino que, a partir del análisis responsable, haremos propuestas que contribuyan a la construcción de una ley que mejore las condiciones de vida de los colombianos, que esté en consonancia con las dinámicas actuales en materia laboral, pero también, que responda a las expectativas de la gente.
Mi invitación a todos los colombianos es a que, más allá de la polarización, los intereses políticos o los fanatismos, discutamos con argumentos sólidos, con datos y con cifras, cómo construir soluciones para que los colombianos tengamos condiciones laborales más dignas, se reduzca la informalidad, se fomente el empleo y el desarrollo empresarial. Esta es una oportunidad para que, a través del consenso, podamos tener una reforma laboral justa que nos permita avanzar hacia lo bueno de la Colombia que viene.
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