Como médica que ha legislado sobre temas de salud pública y ha trabajado en este sector por varios años, he estado realizando un análisis profundo del proyecto de Ley de reforma a la Salud que el Gobierno Nacional radicó en el Congreso. Para ello, no solo he revisado su articulado, sino que también me reuní con la ministra de Salud, junto a la bancada de La U, para escuchar dicha propuesta y también, para expresarle nuestras preocupaciones y dudas.
En primer lugar, reconozco que la iniciativa contiene importantes avances tales como la atención primaria en salud, la atención integral en regiones apartadas y población dispersa, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, la dignificación del talento humano, el sistema unificado interoperable, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, el giro directo a las IPS y la participación ciudadana, entre otros. Pero también, vemos que contiene aspectos negativos que representan un retroceso a las conquistas sociales alcanzadas por los colombianos en los últimos 30 años.
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Precisamente, la columna vertebral del actual sistema de salud es el aseguramiento. Es decir, que haya una institución que responda por el paciente, tanto en la atención médica como en los costos que esta conlleva. Sin embargo, en la reforma del Gobierno, no queda claro quién estará a cargo de la gestión del riesgo en salud y de la gestión del riesgo financiero. Por ejemplo, si una persona va a un centro de atención primaria y le niegan el servicio ¿a quién le va a poner la tutela? ¿Al centro de atención primaria, al hospital, a la Adres o al Fondo regional? Y si es la Adres la aseguradora, la ley no plantea las reservas técnicas que requiere. Es importante que el Gobierno dé claridad sobre este aspecto que ataca al corazón del sistema.
Respecto a la situación que se plantea para las EPS en esta reforma, tengo que decir que estoy de acuerdo con lo que propone el proyecto de Ley, en el sentido de que sea la Adres quien haga el giro directo de los pagos a las clínicas y hospitales públicos y privados del régimen contributivo, tal como ya se hace en el subsidiado. Incluso, considero que se les debe quitar la integración vertical y que no presten servicios de salud.
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Sin embargo, a pesar de que la ministra de Salud insiste que no se van a acabar las EPS, lo cierto es que con este proyecto se van a marchitar, pues las convertirá en administradoras de Centros de Atención Primaria o en prestadora de servicios de auditoría. Esto no tiene qué ver con que yo defienda las EPS o no. Aquí lo importante es que en la propuesta del Gobierno no hay una instancia que haga lo mismo que hacen las EPS actualmente. En consecuencia, no va a haber una mejora en la atención de los usuarios, no se hace evidente que el centro del sistema sea el paciente ni se garantiza el respeto al derecho fundamental a la salud.
En mi opinión, se debe continuar con un sistema mixto, con aseguramiento público y privado, en el cual la gente pueda escoger libremente cuál servicio desea tener, tal como lo indica la Ley estatutaria. La clave es que se ponga en cintura a las EPS, que no realicen funciones que no les corresponden.
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Otra duda, es que no se sabe cómo se van a dispensar los medicamentos. La ministra de Salud afirma que estará a cargo de las mismas entidades que actualmente operan. Pero, ¿quién los va a ordenar, quién los va a organizar y quién estará a cargo de la logística? Y cómo explicarle a una persona que padece diabetes o de hipertensión cómo y quién le va a entregar los medicamentos y suministros que requiere. Es importante que esto quede claro en la ley.
Por otra parte, no se resuelve una de las mayores quejas de los usuarios del sistema de salud, como es la oportunidad y continuidad en el servicio, debido a las autorizaciones y a las demoras para agendar las citas. En este caso, la ley plantea una Junta de Remisión que puede tomar varios días para determinar, cuando el paciente va al Centro de Atención Primaria, cómo va a continuar su atención médica, es decir, que la fragmentación del servicio persiste.
Para superar este problema, lo ideal es establecer una red integral e integrada de servicios en salud, que vaya desde el Centro de Atención Primaria, que no tenga autorizaciones y con celeridad, defina qué hacer con el paciente en su ruta para ser atendido en un centro de mediana o alta complejidad. Es decir, para que al paciente lo atienda el especialista o le realicen los exámenes de laboratorio, según se requiera. Si no se rompen esas barreras, los diagnósticos y los tratamientos llegarán tarde y seguirán poniendo en riesgo la vida de los pacientes.
Otro problema que presenta el proyecto de ley es que no sabemos si éste cuenta con el aval del Ministerio de Hacienda, respecto a su viabilidad fiscal y sostenibilidad en el tiempo. Considero que para financiar esta reforma se van a requerir entre 2 o 4 puntos del PIB. Por eso, considero importante un pronunciamiento del ministro de Hacienda al respecto.
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También es importante que en esta iniciativa se defina cómo se realizará el pago a los hospitales públicos y privados de los dineros que adeudan las EPS que se liquiden. Para dar un ejemplo, en el caso de que se liquide la EPS Emssanar, el HUV podría llegar a tener pérdidas de hasta $110.000 millones, lo cual sería un letal golpe financiero para la institución pública de salud más importante del suroccidente.
Estos son en mi opinión, los principales dolores de la reforma a la salud. Por eso desde La U, a través de sus bancadas, debatiremos con rigor en el Congreso para defender los intereses de los colombianos. Nuestra intención es que en verdad esta Ley de reforma a la salud, construya sobre lo construido, garantice el legítimo derecho al acceso a la salud, tenga en el centro del sistema al paciente y así aporte a consolidar lo bueno de la Colombia que viene.
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