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La libertad de culto va más allá de la fe

Vale la pena recordar que los vallecaucanos fuimos los primeros en Colombia en promulgar una política pública de libertad religiosa en el 2017.

La libertad de culto va más allá de la fe

Vale la pena recordar que los vallecaucanos fuimos los primeros en Colombia en promulgar una política pública de libertad religiosa en el 2017.

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El pasado 4 de julio se celebró el Día Nacional de la Libertad Religiosa con la cual se conmemoró una conquista de los derechos civiles de los colombianos consagrada hace 30 años en la Constitución de 1991.

Según la Encuesta Nacional de Diversidad Religiosa, el 92.6% de los colombianos profesa alguna religión, de ahí que esta conmemoración reviste toda la importancia, pues las manifestaciones religiosas no sólo son expresiones que aglutinan a las personas frente a un dios determinado, sino que fomentan valores y desde esas instituciones, se promueven muchos programas sociales en favor de los más necesitados.

Vale la pena recordar que los vallecaucanos fuimos los primeros en Colombia en promulgar una política pública de libertad religiosa en el 2017, una gestión que impulsé como Gobernadora del Valle del Cauca, con el apoyo del Comité Departamental de Libertad Religiosa. Dicha Política se estructuró a partir de 8 ejes temáticos: libertad religiosa, participación ciudadana, paz con enfoque territorial, cooperación, inter institucionalidad, enfoque diferencial, educación y familia.

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Además, en el marco de esta Política Pública capacitamos a más de 150 líderes religiosos de los 42 municipios que permitieron visibilizar el aporte y contribución del sector religioso y su participación en la construcción del tejido social.

Es importante anotar que algunos grupos religiosos, con el aporte económico de sus feligreses, contribuyen en aspectos que son muy sensibles para la sociedad como por ejemplo, el caso del Banco de Alimentos, entidad que trabaja en favor de la seguridad alimentaria de los más olvidados y que tiene a la Iglesia, como uno de sus principales impulsores. En este sentido, la política pública es una herramienta que contribuye a trabajar cooperativamente para que la sociedad en conjunto con las instituciones religiosas, logren crear estrategias efectivas de intervención social por el bien de la comunidad.

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En Colombia y en el mundo la Pandemia no solo está afectando la salud y la economía, sino que también ha impactado el bienestar espiritual de las personas. Y es que esta crisis ha generado una transformación espiritual, pues nos ha obligado como individuos a hacer un alto en el camino y comenzar a darnos cuenta que aquellas cosas que resultan cotidianas, como compartir con nuestros seres queridos, son extraordinariamente más importantes de lo que pensábamos y en ese proceso las instituciones religiosas juegan un gran papel.

Por eso, conmemoraciones como el Día Nacional de la Libertad Religiosa, contribuyen a abrir espacios para que la gente se comunique con su fe y con sus líderes religiosos, como un aporte al bienestar material y espiritual de los individuos.

En mi opinión, la libertad de culto es fundamental toda vez que fomenta una vida en los valores, nos ayuda a entender que todos somos iguales y que independientemente de lo que creamos, debemos buscar una vida solidaria y comprometida con el prójimo.

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Los desafíos para Colombia en el 2022

Los colombianos nos enfrentamos a múltiples desafíos de orden económico, social y político en el año 2022.

Los desafíos para Colombia en el 2022
Especial para 90minutos.co

Los colombianos nos enfrentamos a múltiples desafíos de orden económico, social y político en el año 2022.

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Con la pandemia sin superar y los problemas económicos y sociales que ha profundizado, el 2022 se plantea para los colombianos como un año de grandes retos. Basta con decir que, en el mundo, el Covid 19 viene cobrando la vida de más de 50.000 personas por semana y que en lo corrido del 2021 más de 3,3 millones de personas perdieron la vida a causa del virus, más muertes que por el VIH, la malaria y la tuberculosis juntas en 2020.

Si bien desde el Gobierno se ha hecho un buen manejo de la crisis sanitaria y se avanza en el proceso de vacunación, un factor clave para superar la pandemia, los colombianos nos enfrentamos a múltiples desafíos de orden económico, social y político.

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Uno de ellos es la necesidad de hacer una reforma estructural a la salud en donde se priorice la salud pública y la atención primaria, para que haya una atención integral continua y sin barreras donde el centro del sistema sea el paciente. En ese sentido, es necesario eliminar la posición dominante de las EPS respecto a los otros actores del sistema, para que por medio de redes integrales de servicios se logre una atención con oportunidad y calidad.

De otra parte, aunque el país registró en el año que termina un buen comportamiento en la reactivación económica, es necesario desarrollar programas de empleo público, el fortalecimiento del tejido empresarial, el apoyo a las microempresas y la promoción de actividades con mayor valor agregado como las manufacturas, agroindustria o el turismo.

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También es fundamental apoyar el sector agrícola y el desarrollo rural. Se debe priorizar al campesino y al campo brindándoles reconocimiento y protección a través de la optimización de sus condiciones de mercado, la distribución de sus productos y el fortalecimiento de sus mecanismos asociativos. Además, se debe mejorar la infraestructura y el entorno empresarial del campo y fortalecer el comercio nacional e internacional. Esto permitirá atacar los principales problemas que impiden la generación de sueños y bienestar de la ciudadanía: el desempleo y la informalidad.

Pero no solamente debemos enfocarnos en el crecimiento económico, sino también en la distribución de la riqueza para disminuir las brechas sociales y las desigualdades que existen entre las regiones, como también entre hombres y mujeres o con los jóvenes, en aspectos como el acceso a la educación y al empleo.

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Hemos hablado de reactivación económica y desarrollo, pero este debe ser sostenible, priorizando acciones que permitan la disminución en el uso de combustibles fósiles y la conservación y uso racional de los recursos naturales.

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No menos importante resulta privilegiar la sociedad del conocimiento, invirtiendo más recursos para la ciencia, la investigación, la innovación y las tecnologías, que nos pongan a la altura de los desafíos de un mundo globalizado.

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Pero este año los colombianos tenemos además una cita crucial con la democracia: las elecciones para el Congreso, en marzo y para elegir el nuevo presidente de la República, en mayo. Frente a estos dos acontecimientos los colombianos necesitamos superar el clima político de polarización, el discurso de odio y de los extremos que no contribuyen a combatir las grandes brechas de desigualdad e injusticia social, que nos aquejan. Por el contrario, hace falta el diálogo franco y la determinación para trabajar unidos por una misma causa, por el bienestar de la gente, sobre todo, por la que está en las regiones más apartadas y olvidadas.

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Por eso, desde el partido de la Unión por la Gente, vamos a aspirar al Congreso, basados en tres principios democráticos: la transformación social, la seguridad y la paz. Somos un partido de centro que, en el marco de una política dinámica, escucha y construye soluciones, en el que la comunidad, la gente y su bienestar sean la prioridad.

A su vez, conformamos el Equipo por Colombia, una coalición de centro, que buscará alcanzar la presidencia del país. Vamos a presentar propuestas que surjan del diálogo ciudadano y lograr así las transformaciones sociales, económicas y ambientales que necesita nuestro país. Esto nos va a permitir, en este nuevo año, comenzar a derrotar la pobreza y desigualdad existentes, generando más y mejores empleos, que nos permita tener esa Colombia justa y equitativa que todos soñamos. Sin duda, son grandes desafíos que valen la pena asumir.

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La inseguridad en Cali, una prioridad nacional

Cali queda en medio de una dinámica de ilegalidad impulsada por el crimen trasnacional que se aprovecha de las condiciones que ofrece la ciudad.

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Cali queda en medio de una dinámica de ilegalidad impulsada por el crimen trasnacional que se aprovecha de las condiciones que ofrece la ciudad.

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El año 2022 llegó con una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, que advierte de  los riesgos que corren los habitantes de 21 de las 22 comunas y de los 15 corregimientos de Cali y que pone de manifiesto la incidencia de estructuras armadas y de grupos criminales organizados que han elegido a la ciudad como un centro de operaciones, con las implicaciones que eso conlleva. Aumento de los homicidios en 2021, extorsiones y una reorganización de las fuerzas de los grupos ilegales, en particular en estos dos años que lleva la pandemia, nublan el panorama y hacen vulnerables a los habitantes de Cali.

Nuestra ciudad está en medio de un corredor estratégico del narcotráfico, que se extiende desde la zona montañosa de Nariño, Cauca y sur del Valle hasta el Pacífico, desde donde salen las drogas hacia mercados internacionales. Adicionalmente, es un corredor por donde circulan armas y se desarrollan otras economías ilegales, quedando así Cali en medio de una dinámica de ilegalidad impulsada por el crimen trasnacional que se aprovecha de las condiciones que ofrece la ciudad. No en vano es la urbe más grande de toda la región y ofrece más condiciones para servir de centro de operaciones y de residencia de integrantes de estos grupos y estructuras criminales.

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En 2021, como uno de los efectos colaterales del Paro, en Cali vivimos un aumento de los homicidios y se rompieron algunos récords que no se veían desde hace una década, incluso. El semestre de enero a junio del año pasado fue el más violento desde 2017 y los meses de mayo, junio, julio, agosto y octubre fueron los más violentos desde 2014. Hacía cinco años no se llegaba a más de 1200 homicidios en un año y eso habla del reto en seguridad que enfrenta Cali.

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Con el ataque a la Policía a principios de enero, además de los sucesos ocurridos en zona rural de Jamundí y en otras zonas del departamento, queda claro que la amenaza a la seguridad es un asunto nacional, que tiene especial presión sobre Cali. El deterioro del ambiente de seguridad, como bien lo registra la alerta temprana, exige una respuesta de las autoridades en todos los niveles del Estado, desde el nacional hasta el local y en nuestra ciudad, que sufre con mayor fuerza los efectos de este fenómeno, necesitamos mayor y mejor liderazgo. La inseguridad en Cali y la región debe ser una prioridad nacional, es un asunto que trasciende a lo local.

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Darle prioridad a la seguridad, articularse armónicamente con el Gobierno Nacional y con el gobierno departamental, asignar los recursos necesarios y mantener una relación fluida con las agencias de seguridad son elementos fundamentales para enfrentar la amenaza. La ausencia deliberada del alcalde el fin de semana del ataque terrorista a la Policía y en el consejo de seguridad que se llevó a cabo luego de este hecho, nos deja preocupaciones sobre el interés de esta Administración alrededor de la seguridad de los caleños. La amenaza es seria y esperamos que en el gobierno del 'Pacto por la Vida', la defensa de los derechos humanos y de la integridad de los caleños hagan parte de sus principales prioridades.

En Cali queremos vivir seguros y tranquilos. No hay que escatimar esfuerzos para lograrlo.

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Colegio Bilingüe público para Cali

Por ahora, Cali no cuenta con una política pública de bilingüismo. La anterior administración la formuló, pero no fue aprobada.

Colegio Bilingüe público para Cali
Especial para 90minutos.co

Por ahora, Cali no cuenta con una política pública de bilingüismo. La anterior administración la formuló, pero no fue aprobada.

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De las 350 instituciones educativas oficiales de Cali, ninguna es completamente bilingüe. Son al menos 337 mil niños que están perdiendo la posibilidad de graduarse con un conocimiento superior del inglés o cualquier otra lengua extranjera. Las 10 instituciones que brindan esta posibilidad en Cali son privadas.

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Es necesario empezar con una transición a la institución pública bilingüe y reconocer los caminos que se pueden abrir. La tasa de bilingüismo en Bogotá, por ejemplo, es de casi 95 personas por cada mil habitantes, lo que ha posibilitado la llegada de empresas tercerizadoras de servicios, call centers y otras posibilidades de empleo. Los sectores de Tecnologías de la Información (IT) y tercerización de servicios (BPO) le aportan a Bogotá cerca de 315 mil empleos, que equivalen a más del 7 % de las plazas de trabajo que genera la ciudad.

A Cali no le ha llegado este momento porque su tasa de bilingüismo es mucho más baja, de 58.64 personas por cada mil habitantes. Sumando lo mencionado con el potencial eco turístico de la ciudad y actividades de avistamiento de aves, los clúster de la salud y el deporte, no solo deberíamos establecer una educación pública bilingüe, sino graduar a los jóvenes con técnicos comerciales y formación en turismo certificados por el SENA. Hay como aprovecharlo. En los últimos diez años, han llegado a la ciudad 59 proyectos empresariales de estos sectores, de diferentes países, con inversiones que superan los $38 millones de dólares, y han generado 8.900 empleos directos y formales.

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Este es un proceso importante, que requerirá empezar por un solo colegio y luego replicar el modelo en varias instituciones más, habiendo aprendido lecciones. Tomemos un colegio insignia como el Antonio José Camacho o el Santa Librada y empecemos. En Madrid, España, comenzaron este proceso hace unos 17 años y hoy, uno de cada tres niños de la ciudad está escolarizado bajo esta modalidad. Barranquilla ya empezó, y tienen el primer colegio público bilingüe del país, el Instituto Técnico Bilingüe Jorge Nicolás Abello, que ha empezado a dar frutos.

Por ahora, Cali no cuenta con una política pública de bilingüismo. La anterior administración la formuló, pero no fue aprobada. La administración actual revivió el compromiso pero no hay recursos ni mecanismos efectivos para hacer de esta política una realidad. Siento que estaremos desaprovechando el tiempo si no avanzamos en este aspecto educativo. Corremos el riesgo de desmotivar la generación de empresas y los alcances internacionales de muchos emprendimientos.

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