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Gran Pacto Nacional contra la corrupción

Preocupa que con la puesta en marcha de las maquinarias políticas con miras a las próximas elecciones al Congreso y la Presidencia, el problema de la corrupción no sea tenido en cuenta.

Gran Pacto Nacional contra la corrupción

Preocupa que con la puesta en marcha de las maquinarias políticas con miras a las próximas elecciones al Congreso y la Presidencia, el problema de la corrupción no sea tenido en cuenta.

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La política tiene sus propias reglas y los políticos construyen todo el tiempo alianzas y pactos, hasta con sus peores enemigos pensando, casi siempre, en la prevalencia de sus propios intereses.

La derecha colombiana urge a los partidos tradicionales que acaten los designios de Uribe y apoyen su próximo candidato, que puede ser el delfín o algún otro comodín que cumpla con los requisitos de obediencia ciega y lealtad a prueba de balas.

Al otro lado, la izquierda propone un pacto histórico para derrocar a Uribe, donde todos tienen cabida, inclusive quienes tienen un pasado turbio, vinculado a la corrupción. No importa, al igual que Uribe tienen claro que lo que cuentan son los votos, sin importar de donde vienen, ni cuanto puedan costar (políticamente hablando).

Preocupa que con la puesta en marcha de las maquinarias políticas con miras a las próximas elecciones al Congreso y la Presidencia, el problema de la corrupción no sea tenido en cuenta, porque ahora las urgencias son otras y los corruptos son actores políticos indispensables y necesarios para la supervivencia de los mismos partidos y movimientos a los que pertenecen o dirigen.

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En este escenario pre electoral hablar de corrupción es incómodo y altamente inconveniente, si de realizar alianzas estratégicas se trata. Por lo visto nadie está dispuesto a sacrificar poder por decencia. Así ha sido y será mientras la sociedad no asuma el papel que le corresponde y siga votando por los candidatos que ponen las mismas estructuras que tienen el país danzando alrededor del agujero negro de la corrupción.

La guerra por el poder en Colombia es a muerte. Literalmente hablando. Bajo esta premisa, los oponentes políticos no tienen tiempo para ocuparse de  asuntos que pueden traer como consecuencia una merma del caudal electoral. Votos son votos y el objetivo es ir por ellos.

Levantar las banderas de la lucha anticorrupción en estos momentos es una impertinencia y abre las puertas para que los colombianos fijen su atención en los antecedentes y las calidades de los candidatos; es un riesgo que nadie se atreve a correr en medio de una campaña donde los contrincantes parecen más interesados en destruirse mutuamente que en seducir al electorado con sus propuestas y hojas de vida.

Para muchos colombianos la corrupción es un mal menor y un pasado de esta naturaleza puede perdonarse y olvidarse fácilmente. La corrupción tiene un discurso justificativo que sirve para proteger a los corruptos de la sanción moral, porque la protección legal se da por cierta, dependiendo del doble rasero que utilicen los responsables de los órganos de control e investigación.

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El discurso que justifica la corrupción la promueve a la vez y la convierte en parte inescindible de nuestra realidad como si estuviera integrada al mapa genético de los colombianos. Hemos llegado al punto de aceptar que Turbay Ayala tuvo razón hace 40 años cuando propuso que teníamos que lograr que la corrupción adquiriera sus justas proporciones. Lo malo es que nunca dijo cuál era la proporción adecuada de corrupción a la que teníamos que llegar, ni cuales las ventajas que eso traería al país.

Con el paso del tiempo entendimos que la máxima turbayista quedó a discreción de los mismos corruptos y de sus compadres en los órganos judiciales, de investigación y de control.  Pero, como el corrupto no tiene más limites que las oportunidades que él mismo crea, las proporciones turbayistas resultaron inconmensurables.

La corrupción es una realidad compleja que tiende a enraizarse en lo más profundo de la sociedad y sus instituciones. Además, el mundo de la corrupción se interconecta y relaciona creando prácticas que van desde lo sutil hasta las conductas más vergonzosas y desafiantes.

Ahora, que está de moda hablar de pactos y alianzas, es conveniente que los ciudadanos exijamos a los partidos y movimientos políticos la exclusión de candidatos vinculados a la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones.

Esto último es importante destacarlo, porque el corrupto, como el dios Jano, tiene dos caras que le sirven para mostrar un rostro bueno y ocultar la otra cara surcada por las huellas de la perversión.

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El verdadero pacto, alianza o acuerdo entre los colombianos debe ser para erradicar la corrupción y las malas prácticas en las entidades del Estado.   Primero debemos asumir una actitud férrea y evitar dar ventaja a los corruptos.

Los que se apoderan del erario, en su propio beneficio o de terceros, son delincuentes que no merecen otra oportunidad en el servicio público. Así de simple. Nada puede borrar esa mancha. Ni su vocación de lucha contra la guerrilla, ni el apoyo irrestricto al proceso de paz.

Ni siquiera pedir perdón por sus malas acciones, sino está acompañado de la devolución indexada de los dineros que se ha echado al bolsillo y la renuncia a cualquier aspiración a un cargo público. Los corruptos no pueden tener cabida en las organizaciones políticas que predican luchar por una nueva Colombia, ni mucho menos en la dirección del Estado.

Los corruptos son generadores de desigualdad social, porque impiden que el Estado invierta en educación, empleo y creación de oportunidades. En este sentido, también son responsables de la violencia guerrillera y paramilitar porque le negaron a quienes militan en esas organizaciones la oportunidad de construir sus proyectos de vida dentro de la legalidad.

Las personas que mueren en los hospitales debido a la mala atención, son realmente asesinadas por los corruptos que saquean el sistema de salud para financiar sus campañas.

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El Estado invierte buena parte de sus recursos tratando de aliviar el daño causado por los corruptos, que siguen gozando de prestigio y decidiendo el futuro de todo un país.  Si ese dinero se gastara en combatirlos estaríamos enfrentando adecuadamente la causa de todos los males en nuestra sociedad.

Mientras haya corrupción no habrá paz en Colombia y las desigualdades llegaran a extremos insostenibles. Cualquier discurso de unidad nacional que deje por fuera el problema de la corrupción, quedará flotando en el aire por que carecerá del peso suficiente para transformar nuestra realidad.   El verdadero Pacto Nacional debe ser contra la corrupción.

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Suplantación de autoridad

En el Colectivo urbano regional creemos que es necesario enfrentar la situación con creatividad y determinación; la inteligencia colectiva deberá poder permitirnos una mejor convivencia presente y futura.

Suplantación de autoridad
Foto: Especial para 90minutos.co

En el Colectivo urbano regional creemos que es necesario enfrentar la situación con creatividad y determinación; la inteligencia colectiva deberá poder permitirnos una mejor convivencia presente y futura.

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Por: David Millán Orozco

El Estado es poco más que la manera en que nos organizamos jurídica y políticamente en una sociedad. El Estado es, como la Ciudad y la región, un producto de la sociedad que las construye; por eso el Estado, la ciudad y la región se parecen a nosotros, las personas que las construimos. Cuando construimos el Estado también damos forma a las instituciones, concertamos las normas jurídicas y reconocemos a las autoridades encargadas de la regulación y el control sobre los comportamientos públicos de todos los ciudadanos.

Con el Estado damos forma a una autoridad que se sitúa por encima de la voluntad de cada individuo o grupo de particulares, y para que ésta funcione debe poder cumplir dos requisitos básicos:

  1. Disfrutar del reconocimiento de los ciudadanos
  2. Tener capacidad de orientación y de coerción para el bien de la sociedad en su conjunto.

En nuestro país avanzamos en la construcción de un Estado moderno desde hace poco más de doscientos años. No obstante, nuestro Estado, sus instituciones y funcionarios, no siempre cumplen cabalmente el ejercicio de la autoridad, porque bien puede no llenarse uno o los dos requisitos establecidos. Esta situación de vacío de autoridad se presenta según la manera como se administre un Estado, pues bien puede ser que éste sirva a los intereses del bien común -es decir de toda la población- o bien a los intereses de algunos grupos particulares, que se encuentran mejor posicionados frente a las decisiones de los gobernantes.

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Cuando los gobiernos administran el Estado favoreciendo a una parte privilegiada de la población, dejando por fuera la mayoría de los ciudadanos, o cuando no se está en capacidad de llegar a todos los rincones del país con los servicios sociales que esperan las comunidades o, lo que es más preocupante, cuando no se ejerce control territorial sobre algunas zonas, es bastante posible que se presente suplantación de la autoridad. Y esto se presenta en toda la República de Colombia o en algunas de sus entidades territoriales, como en el Distrito de Santiago de Cali.

Si la autoridad no se ejerce por parte de las entidades representativas del Estado y sus funcionarios, por las razones que sea, siempre surgirán nuevas autoridades informales que llenen el vacío que el Estado deja. Y cuando la autoridad del Estado es suplantada por actores irregulares en algunos territorios, se está poniendo en cuestión la misma esencia del Estado.

Eso ha sucedido cuando grupos al margen de la ley ejercen autoridad armada sobre vastos territorios del país durante algún tiempo -incluso décadas- u ocasionalmente en nuestra ciudad, como sucedió recientemente con el falso guarda de tránsito que usurpaba las insignias y la autoridad de la secretaría Distrital de Movilidad. Pero esta situación se torna más preocupante cuando la suplantación de la autoridad se consolida y se hace permanente en algunas zonas de la ciudad por parte de actores que ejercen control sobre, por ejemplo, el espacio público y el transporte de pasajeros. Y lo más lamentable, es que en ocasiones se hace con la connivencia de la misma autoridad estatal, configurándose una omisión en la función pública y la apropiación de unas competencias por parte de particulares avezados.

También se da el caso de algunos guardas privados de seguridad, que son instruidos por sus superiores o sus contratantes para que ejerzan autoridad sobre el espacio público. Para la muestra, algunos botones; el de la institución prestadora de servicios de salud en el sur de la ciudad, que ejerce control sobre el entorno próximo exterior de su edificación; o el centro comercial en el norte de Cali que, bajo la excusa de haber adoptado un espacio público que sirve de tránsito entre sus dos edificaciones, impide el normal desarrollo de actividades propias del espacio público regulado por las autoridades legalmente constituidas. O lo que es más lamentable, el rol de un ciudadano particular motorizado que suplanta a la policía en cualquier parque, solicitando identificación a los transeúntes bajo el prurito de regular las actividades que ahí se realizan.

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Día por día algunas personas buscan rentabilizar del desorden; del problema no resuelto, del proyecto no realizado, del espacio no controlado, de la asistencia no brindada, del trámite complicado, y así, de tantas situaciones en que el Estado no ejerce autoridad por omisión de una de sus funciones esenciales. Estos son comportamientos bastante naturalizados en Cali, y pasan casi desapercibidos para la mayoría de los ciudadanos que no advierten la gravedad de la situación, que acaba por ser legitimada en el imaginario del habitante urbano, tan agobiado por la vida cotidiana.

Aunque en general la sociedad colombiana, y en especial la ciudadanía de Santiago de Cali, tiene una valoración bastante cuestionable sobre el papel que cumplen las instituciones del Estado, y ello se deba en parte al desentendimiento de nuestras obligaciones como ciudadanos, aún estamos a tiempo de sobreponernos a los comportamientos irregulares e ilegales de algunos habitantes que actúan de manera aislada o como grupos organizados, suplantando la autoridad que en nombre de todos debe poder ejercer el Estado. Si ante esta situación la sociedad caleña no reacciona, podríamos alcanzar grados de desorden casi inmanejables con las consecuencias que ello puede traer contra el bienestar general y las posibilidades de un mejor futuro para todos.

Por ello, antes que la suplantación de la autoridad alcance punto de no retorno, es necesario iniciar un trabajo de restitución de la autoridad estatal por los medios que el mismo Estado ha contemplado para ello; pero más importante que eso es motivar en toda la población de Cali un cambio en la percepción ciudadana sobre la autoridad, e iniciar un proceso de revaloración de la defensa del bien común. Vivir en Sociedad es también llamar la atención cuando una institución o un funcionario no cumplen o extralimitan sus funciones. Y también cuando un ciudadano suplanta a los funcionarios e instituciones, o más grave, cuando se cree dueño de unas funciones que violan los derechos colectivos o se apropia del espacio público. Vivir en sociedad es contribuir a corregir comportamientos antisociales que obviamente van en contra del bien común establecido en la Constitución y las leyes.

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En el Colectivo urbano regional creemos que es necesario enfrentar la situación con creatividad y determinación; la inteligencia colectiva deberá poder permitirnos una mejor convivencia presente y futura. Vamos a conformar un gobierno que merezca el reconocimiento de toda la ciudadanía y contribuya a la restitución de la autoridad legítimamente constituida, con la educación como base de todas las actuaciones públicas. En Cali podemos hacerlo mejor. Gracias.

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Presidente, traslademos la base aérea de Cali

La aparición de nuevos proyectos de construcción de vivienda podrían traerle a la ciudad cerca de 2.2 billones de pesos a través del pago de impuestos prediales y plusvalía

Presidente, traslademos la base aérea de Cali
Foto: Especial para 90minutos.co

La aparición de nuevos proyectos de construcción de vivienda podrían traerle a la ciudad cerca de 2.2 billones de pesos a través del pago de impuestos prediales y plusvalía

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Por: Deninson Mendoza, líder Movimiento Independientes en Cali y precandidato a la Alcaldía de Cali

La Base Aérea Marco Fidel Suárez ya cumplió su tarea al interior de la ciudad, a nuestra Fuerza Aerea le conviene estar cerca del aeropuerto, y a Cali le conviene que podamos usar este espacio, para la consolidación de tres grandes proyectos de ciudad. Además la realidad es que tenerla en el interior de nuestra ciudad esta generando una problemática ya que no podemos densificarla hacia la altura, lo que ha provocado la expansión de Cali hacia las afueras, en lugares donde habian cañaduzales, de propiedad de los que las usufructuado por siglos, extrayendo sus minerales y especialmente del agua, y que ahora las apuestan para la construcción de vivienda, aprovechando un POT fragil, ellos, los mismos de siempre que se han beneficiado históricamente del estado y de lo público.

Es por esto, que una vez asuma el cargo como Alcalde de Cali, le haremos el llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, por quien le apostamos al CAMBIO en nuestra ciudad, para abrir la discusión real y promover el traslado de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez al terreno donado desde hace varios años y que colinda con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira, generando un verdadero espacio de aprendizaje para quienes ingresan a la Fuerza Aérea.

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El proyecto de traslado de la Base Aérea tendría un valor cercano al billón de pesos, el cual deberá ser asumido por el gobierno nacional, pero con el cual, podríamos también comprometernos a aportar como región, en conjunto con el área metropolitana, porque nos beneficia a todas las ciudades.

Y es que trasladar la base, podría generar de manera inmediata ingresos importantes para Cali que podrían apoyar dicho movimiento. La aparición de nuevos proyectos de construcción de vivienda podrían traerle a la ciudad cerca de 2.2 billones de pesos a través del pago de impuestos prediales y plusvalía, sin tener en cuenta, la llegada de inversión nacional y extranjera, de quienes vean en este territorio un espacio de desarrollo urbano.

¿Y qué hacemos con las 163 hectáreas y que ocupan el 35% del espacio de la comuna 7? Pues hacer realidad el sueño de Cali. Tener nuestro gran Parque Simón Bolívar o el Central Park caleño. Un lugar donde podamos desarrollar la Cali Distrito Cultural y una apuesta agresiva por la Educación Superior Gratuita.

La pista, con casi dos kilómetros de distancia, se convertiría en el Salsódromo o el Bailódromo, con capacidad para reunir hasta 400 mil personas, propias y turistas, que disfruten de los grandes eventos musicales y culturales de la región, siendo la Arena del Arte y la Cultura más importante del país, donde realizaremos la Feria de Cali, el Festival Petronio Álvarez y el Mundial de Salsa.

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En aulas y auditorios, donde hoy ven clases los cadetes, mantendremos la educación, pero esta vez, con la conformación de la Universidad Pública y Popular de Aguablanca, operada por la Institución Educativa Antonio José Camacho y el Instituto Popular de Cultura de Cali, permitiendo el acceso a la educación superior, en su mayoría, a las y los jóvenes del Distrito de Aguablanca.

Ahí, nos convertiremos en un referente educativo de la región y brindaremos 50 mil becas semestrales, con el 30% de las mismas, enfocadas en las carreras de la cuarta revolución industrial e impactando, verdaderamente, en el futuro de la juventud caleña, que, a su vez, recibirán desde su formación en el colegio, un COMPUTADOR GRATUITO para cada niña, niño y joven de la ciudad y así garantizar su educación.

Cali necesita dejar el pasado, desde la educación y la cultura, podremos generar una transformación real de la vida y la seguridad de las y los caleños, necesitamos de grandes CAMBIOS, no permitamos que nos vuelvan a decir que no SE PUEDE.

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En Cali es momento de la mujer

La presencia de las mujeres en lo público permite visibilizar experiencias desde otras perspectivas gracias a nuestra alta sensibilidad social.

En Cali es momento de la mujer
Foto: Especial para 90minutos.co

La presencia de las mujeres en lo público permite visibilizar experiencias desde otras perspectivas gracias a nuestra alta sensibilidad social.

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Desde 1988, cuando se inició la elección de los alcaldes por voto popular, en Cali han sido elegidos 11 mandatarios, todos ellos hombres. Nunca, como en este 2023, una mujer ha estado tan cerca de llevar las riendas de la ciudad.

El descontento de los caleños con la realidad que no han podido transformar los alcaldes es entendible, pues las crisis en materias de seguridad, movilidad, transporte público y falta de oportunidades se han profundizado, repercutiendo directamente en la calidad de vida de quienes vivimos en la capital del Valle del Cauca.

En el partido de precandidatas estamos varias mujeres berracas que hemos demostrado que somos capaces de liderar y superar grandes obstáculos, como el que ahora supone la difícil situación de nuestra ciudad. Esta es una gran oportunidad para que los caleños elijan a una mujer para que esté al frente de este complejo reto en los próximos cuatro años.

El estudio 'Mujeres líderes en el sector público de América Latina y el Caribe: brechas y oportunidades", publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), evidencia que la presencia de las mujeres en la Administración Pública genera un mayor crecimiento económico, equidad de género y más inversión en educación, salud o protección ambiental.

La presencia de las mujeres en lo público permite visibilizar experiencias desde otras perspectivas gracias a nuestra alta sensibilidad social, posibilitando recurrentemente una mayor cobertura, eficiencia y eficacia de los servicios al ciudadano (justo lo que necesita Cali).

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No basta con ser mujer

La semana pasada, la experimentada periodista Carmen Alicia Sarmiento escribió en su cuenta de Twitter que “como mujeres obvio que estamos en deuda de tener una alcaldesa en Cali, pero ser mujer no es mérito suficiente. Se debe mirar con lupa la trayectoria y coherencia entre discursos y ejecutorías”.

Carmen tiene razón, no es solo por ser mujeres que merecemos liderar la transformación de Cali desde la Alcaldía. Es por nuestras capacidades y conocimientos en la administración pública, en la resolución de crisis, en el trabajo en equipo y sobre todo, en la entrega de resultados.

En mi caso, son más de 25 años al servicio de los caleños, 17 de ellos en la gerencia de instituciones en crisis. Primero, en la Red de Salud Suroriente y después en la Red Centro, las cuales recibí en grave estado financiero y a las que recuperé en cuestión de meses. Ambas fueron destacadas a nivel nacional por la calidad de la prestación de sus servicios y por obras como la remodelación de 7 hospitales que hoy son motivo de orgullo en las comunas 8, 9, 10, 11 y 12.

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Asimismo, en la Secretaría de Salud convertimos a nuestra ciudad en la capital menos afectada por las muertes por covid e impulsamos la política de salud mental, a pesar de la desconfianza de distintas personas en momentos álgidos. Más que logros para mi currículo o el de mis colaboradores, este trabajo de más de dos décadas ha supuesto cuidar el bienestar y mejorar la calidad de vida de los caleños.

Por las capacidades ampliamente demostradas es que pongo mi nombre a disposición de los caleños, porque quiero que juntos construyamos la ciudad que nos merecemos; esa donde podamos caminar tranquilos por nuestras calles, donde no estemos en riesgo constante de accidente a causa de los huecos, donde no suframos por rutas de buses que pasan cada 40 minutos o porque las oportunidades de educación o empleo son escasas… Yo creo en una ciudad diferente porque confío en el liderazgo de la mujer berraca, trabajadora y luchadora que soy y que quiere hacer posible Un Renacer para Cali.

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