El 21 de mayo el país conmemoró el Día de la Afrocolombianidad para reconocer la contribución de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la construcción de país, pero también, para hacer visibles los factores de exclusión e inequidad que históricamente han caracterizado a quienes representan el 9,3% de los colombianos.

Según el Dane, el Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, de esta población es del 30,6%, es decir, 11% por encima de la pobreza nacional, debido a factores como violencia, trabajo informal, bajo logro educativo y rezago escolar, entre otros.  Y aunque desde el Estado se han hecho esfuerzos para superar estas problemáticas, lamentablemente en nuestro país persisten prácticas de xenofobia, intolerancia y violencia en su contra. Un ejemplo de ello, es que entre 2013 y 2022, el reclutamiento forzado de menores en esta población, pasó del 12% al 17%.

Como vallecaucana conozco muy de cerca esta realidad pues nuestro territorio acoge al 30,4% de esta población en el país, es decir, poco más de 1.420.000 personas. Por eso, durante mi labor como Gobernadora del Valle del Cauca, creamos del Plan Decenal para la población Afro, el primero realizado en el país.

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Esta política se construyó con participación de la comunidad, instituciones públicas y privadas y la academia, para de incrementar el acceso de esta población a los programas sociales y económicos del departamento y mejorar sus condiciones de vida, a través de la implementación de acciones afirmativas. Precisamente, en el marco de esta iniciativa, tuve un gabinete participativo, con un muy alto porcentaje de hombres y mujeres de este grupo poblacional.

El Plan Decenal ha logrado entre otras, la visibilización de la riqueza y biodiversidad de la cultura afro y su aporte al patrimonio inmaterial, como el Plan de Salvaguardia de la partería y el plan de marimba y música, la gastronomía; el Proyecto de Ordenanza para la protección y salvaguarda del viche como bebida ancestral y artesanal, respecto a la producción y la comercialización; las celebraciones de la Virgen de la Asunción en Playa Renaciente y El Hormiguero, y el Festival Folclórico en Buenaventura, entre otros.

También, avanzamos en la educación al consolidar un enfoque diferencial étnico; desarrollamos modelos de atención integral en salud, apoyando la partería para reducir la mortalidad y morbilidad materno-perinatal, y con la academia, apostamos a la transformación, comercialización y uso de plantas medicinales. 

Así mismo, inauguramos el Observatorio contra la Discriminación Racial, con atención técnica, psicológica y jurídica a las personas afectadas, así como el proceso de elección de la Comisión Consultiva de Comunidades Negras Departamental. También, promovimos el emprendimiento, con proyectos productivos en quince municipios del departamento. Esto sin contar importantes proyectos de infraestructura en salud, turismo y transporte.

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Además, en mi calidad de directora de La U, dimos impulso a los nuevos liderazgos de esta comunidad en las regiones, en el marco de nuestro programa ‘Líderes para confiar’, apoyándolos y formándolos para que proyecten mejor su trabajo comunitario. Así también, promoviendo iniciativas en el Congreso para las comunidades más necesitadas.

Sin embargo, en el país quedan muchas cosas por hacer en favor de estas comunidades. La violencia generalizada es un factor que frena muchas iniciativas sociales y económicas. Por eso, es importante propender por una cultura política de paz, que garantice los derechos humanos, el desarrollo y el fin de la pobreza extrema. Para ello, se necesita la presencia integral del Estado, con la generación de desarrollo y oportunidades para la población. También, fortalecer jurídicamente al Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, con una mayor articulación entre las entidades nacionales y territoriales encargadas de hacer efectivo el goce de derechos de las víctimas.

La Colombia afro no se puede quedar en el atraso. Pienso que tanto desde el Gobierno Nacional como regional deben ponerse al día con esta comunidad en proyectos que incluyen una amplia agenda social, para fomentar la vivienda, salud, empleo, productividad, acueducto, saneamiento, educación, energía y justicia. Todos estos factores deben contribuir al fortalecimiento del tejido social, que permita reducir la pobreza y el abandono.

De mi parte, persistiré en mi compromiso para que, desde el escenario en que me encuentre, seguir trabajando por sacar adelante todo lo bueno que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras tienen para dar al país.

Pondré la aguja directo sobre el vinilo: sin el narcotráfico Cali no habría sido jamás la Capital de la salsa. Si esa es sólo una consideración o un apelativo comercial o turístico, es otra vuelta. Que sea mundial, es otro cuento que nos metieron por los oídos –a algunos por la nariz– y a veces por la vista, en general por los sentidos, los promotores de eso a lo que hoy llaman ‘industrias culturales’. Lo cierto es que entre la época de los capos visibles del ayer y los traquetos invisibles de hoy, hay más de 1.400 toneladas anuales de cocaína de exportación de diferencia. De Los jinetes de la cocaína (1987) de Fabio Castillo a El cartel de los sapos (2008) de Andrés López, o Sin tetas no hay paraíso (2008) de Gustavo Bolívar, hay muchas similitudes: violencia, muerte, ostentación, cooptación de autoridades, amenazas, excesos, prostitución, etc. y una gran diferencia: el bajo perfil de los ‘señores’ que hoy manejan el negocio de las drogas ilícitas.

Pueden vociferar todo lo que quieran las viejas vacas sagradas de la salsa en Cali –la mayoría experiqueros, entre confesos y clandestinos, peones de los patrones a los que todos querían servir sin vergüenza alguna y de lo que algunos siguen ufanándose–, pero desde el principio, desde que comenzaron a llegar los acetatos por Buenaventura o como parte de la remesas que enviaban los que habían coronado los ‘Yores’, desde que empezaron a sonar las primeras pachangas en los barrios, desde que esta música se instaló en la ciudad porque un bacán quiso gastarse sus ‘lukas verdes’ trayendo desde Nueva York artistas que apenas se escuchaban en la radio, desde que sus primeros cantores que sólo habían bailado recogieron prácticas interpretativas de los soneros de arriba cuyos fraseos eran del pueblo y desde que los eventos comerciales la impulsaron, este mundillo musical y bailable ha estado inseparablemente ligado al tráfico ilegal de drogas.

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Y por todo lo anterior y más, la ciudad le debe a uno de sus primeros narcos, el apelativo por el que hoy la reconocen en buena parte del mundo occidental: a Larry Landa, el muchacho melenudo y pintoso del barrio Calima que fue bautizado y ya casi nadie recuerda como César Tulio Araque Bonilla. Y a cuento de qué evocar a este camaján que –en otra prueba de nuestro provincialismo anclado en el histórico complejo de inferioridad–, fue llamado el John Travolta caleño. A este ‘dandy’ criollo que acéptenlo o no transformó la vida musical del Cali. A este ‘man’ que hizo que Jairo Varela descendiera de su olimpo y le reconociera que su carnaval –el de Juanchito, que ya no existe– sigue siendo el mejor. A este atrevido que en plena 69 East Broadway de Manhattan quería ponerle a su discoteca Perico-Cali-New York, pero se decidió por Canario-Cali-New York, tal vez ‘aspirando frases’ de la canción de Cheo Feliciano: Silvestre felino… que lío se va a formar... Pues a cuento de que en Cali se sigue mezclando salsa y perico, música y narcos, promotores artísticos y lavanderías de dinero mal habido. Es una verdad de Perogrullo. 

No basta la actividad de la ciudad en torno de la rumba como indicador de que el dinero del narcotráfico fluye a raudales en la capital salsera. También hay legalidad y se necesitan muchas más evidencias ahora que el negocio es algo más subrepticio y los patrones menos lamparosos. El dinero no sabe de orígenes, ni de manchas de sangre o fluidos. Sin embargo, la realidad siempre pesa más que los documentos contables y Cali es reconocida por estudiosos del tema y organismos del Estado como un inmenso ‘lavadero’. Basta revisar los informes de la Fiscalía General de la Nación que dan cuenta de operaciones por 2.500 millones de dólares en 2023. Es decir, de lo que se conoce y se publica desde la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera de Colombia, entre otros organismos encargados de vigilar una economía donde la cocaína aporta el 25% de nuestro PIB (Producto Interno Bruto). No podría justificarse de otra forma que en plena crisis se llenen todos los conciertos y discotecas, sin importar el género; todos los cines, sin importar también el género; y todos los restaurantes, sin importar la calidad de la comida que en estos lugares está más arriba que las nubes. Amén de negocios de finca raíz, moteles, almacenes, gastrobares, joyerías y un etcétera que es tremenda línea.

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Ahora bien, en el momento en el que la salsa transita de la realidad a la leyenda, que sus temas adquieren ribetes míticos a través de clásicos muy recientes, que sus artistas se están muriendo, la agonía del género en términos de producción y sus estertores, han sido aprovechados de nuevo por los ‘señores’ para negociar con las prácticas culturales populares. Que la salsa está más viva que nunca dicen, que no morirá mientras haya bailadores, soneros, coleccionistas, melómanos y bebedores; que somos el museo vivo de esta melodía, que no hay otro lugar en el mundo que nos quite lo baila’o... Lo único cierto es que no hemos escuchado, ni bailado, ni gozado, ni estudiado, ni analizado, ni registrado, buena parte de la salsa que se produjo en su momento de esplendor y que ahora en su decadencia –insisto, en términos de producción– daría para un par de décadas más. Apenas se está develando la cortina férrea y nefasta que sobre muchos artistas y grupos instaló la Fania All Stars que operaba como una verdadera mafia (decidía quién y qué sonaba), fiel a los principios de eliminar (aunque no físicamente) al que no estaba en su cartel o a quien no tributaba a sus arcas insaciables, a las fauces que convirtieron a Nueva York en la ciudad el miedo, porque ningún negocio escapaba del manejo temerario en la Capital del mundo.

La idea de Cali como Capital de la salsa comenzó a abrirse paso en la radio cuando se promocionaban los eventos que incluían concursos sobre todo de baile. Luego, con la ascensión social de los ‘señores’ resultante del dinero producto del narcotráfico, no hubo espacio social que no resultara influido –de manera directa o indirecta– en esta espiral de lo que llegó a tildarse como dinero fácil. La salsa no fue la excepción y la payola (pagar para sonar) una práctica tan común como esnifar coca. Ocurrió desde los 70’s y hoy ha retomado sus pasos con más fuerza y menos visibilidad, como si estuviera recogiéndolos. Lejos está el día en el que Landa trajo a Lavoe, y a Cheo, a Pete, y a Celia, y a toda la Fania, porque ahora los empresarios traen a una pléyade de cantantes venidos a menos, algunos ancianos y en el ocaso de sus vidas, para no dejar morir el negocio al que se le están exprimiendo sus últimos jugos, de los que se escupirá el desecho. Como en Caína, de Rubén Blades, una de las pocas canciones y artistas, que cuestionaron y no avalaron con homenajes sonoros a los ‘señores de la droga’, Cali sigue “Botando la vida por la nariz, corriendo la base eternamente y viviendo pa’ morir”.

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La semana pasada se presentó en Popayán el Índice de Competitividad Departamental del año 2023, que dejó al Valle del Cauca en el quinto lugar, por detrás de Bogotá, Antioquia, Atlántico y Risaralda. Por supuesto, para un observador desprevenido lo consecuente es que el Valle estuviese en el podio de los tres departamentos más competitivos de Colombia, pero la realidad nos aterriza y nos señala unos retos no menores que, de corregirlos, le permitirá al departamento posicionarse en ese top 3. Pero, ¿de qué nos serviría ser el segundo o tercer departamento más competitivo del país?, fundamentalmente para generar empleos mejor pagados, acelerar el crecimiento de las empresas y aumentar la calidad de vida.

De cara a las elecciones de 2023, cuando llegará un nuevo liderazgo regional, resulta fundamental construir una agenda que enfrente los retos que impiden que el Valle sea uno de los tres departamentos más competitivos de Colombia. Esa agenda debe concentrarse principalmente en tres aspectos: infraestructura, educación y seguridad. Hay que insistir en que no son asuntos menores, si se considera que en vías el Valle ocupa el puesto 25 de 32 y en educación básica y media es el puesto 21 de 32. Es paradójico que muchos coinciden en que las mejores carreteras del país están en el Valle, pero es una de las mayores debilidades con respecto a los otros departamentos, a la luz del informe.

La caída del puente del Alambrado, en los límites del Valle y Quindío, señala con precisión el problema de infraestructura que tiene el departamento. Con la salida del servicio de ese puente, quedó seriamente afectada la conectividad hacia el interior del país, alejando al puerto de Buenaventura de gran parte de las regiones. Y, lo más grave, no hubo alternativas, puesto que hace años dejó de funcionar el tren y las vías alternas suponen más tiempos y más costos de desplazamiento. Eso habla de una debilidad protuberante en un departamento que aprovechó su terreno plano para hacer una impresionante conexión por doble calzada, pero que no logra garantizar una conectividad eficiente en las zonas montañosas. Ahí hay un reto enorme.

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En lo que respecta a educación, lo más urgente es corregir la cobertura y la calidad en los niveles de básica primaria, secundaria y media, donde el departamento muestra resultados muy pobres. Eso supone mejorar la cualificación del cuerpo docente, enfrentar los determinantes sociales que impiden que los niños lleguen al sistema educativo y profundizar las competencias en comprensión lectora, matemáticas y ciencias de los estudiantes vallecaucanos, además de hacer inversiones en infraestructura educativa que presenta un rezago importante.

Por último, un asunto recurrente pero que aún sigue siendo una maldición que el Valle no logra superar: la violencia y la inseguridad. Reducir los homicidios y garantizar la protección efectiva de la vida y de la integridad es un mensaje positivo que mejorará la competitividad, apalancada por la mejora de la imagen nacional e internacional del departamento, que hoy está mediada por una reputación violenta y de alto riesgo. Para eso es clave que Cali y el área del sur del Valle se estabilicen en materia de orden público y seguridad.

El Valle, por su ubicación, oferta productiva diversificada y dotación de recursos, puede ser el segundo departamento más competitivo de Colombia, solamente por detrás de Bogotá. El compromiso con una agenda clara y bien definida permitirá formular políticas, planes y programas que enfrenten los retos y las tareas pendientes, logrando que el departamento mejore sus resultados económicos, los cuales se verán traducidos en una mejor calidad de vida para las familias vallecaucanas. Que sea un propósito.

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