A Colombia la dejó el tren hace años. Mientras Venezuela construyó cinco sistemas de metro, nuestro país está al nivel de países como Perú, Bolivia y Ecuador, con apenas un sistema de ferrocarriles metropolitanos cada uno, no obstante son economías más pequeñas y con menos población. Salvo Medellín, los colombianos llevamos 70 años definiendo la construcción de un sistema de trenes pesados para Bogotá, la sexta ciudad más grande de América Latina. Y ni hablar de una ciudad como Cali, que hasta montó una empresa como Metrocali pensando en que tendríamos un metro. Ese sueño se evaporó a finales del siglo pasado.
Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República, se reactivó la discusión sobre el metro de Bogotá, contratado para que su línea uno sea elevada y no subterránea como el presidente, cuando era alcalde, imaginó. Se espera que en los próximos dos meses el consorcio chino encargado de este macroproyecto de infraestructura le entregue al Gobierno Nacional y a la Alcaldía Mayor un informe que detalle cuánto podría costar cambiar los planes de la primera línea del metro y hacerla bajo tierra. Estimaciones iniciales hablan de casi seis billones de pesos adicionales.
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Para hacernos una idea de cuánto son esos seis billones, eso equivale a casi la totalidad del presupuesto anual de la Alcaldía de Medellín y es 1.5 billones mayor que el presupuesto para 2022 de la Alcaldía de Cali. Más aún, con ese recurso adicional para hacer subterráneo a la línea uno del metro bogotano, se podrían construir los 72 kilómetros del tren de cercanías de Cali o al menos dejarlo muy adelantado. Pero mientras para Bogotá se cuenta la plata por montones, los caleños estamos con la incertidumbre de si el tren va a ser una realidad. En el fondo queremos la misma atención para el tren de Cali que la que le dan al metro de Petro.
Para financiar ese proyecto ferroviario, será necesario que concurran la Gobernación del Valle y las Alcaldías de los municipios involucrados, incluido el Distrito Especial de Cali, para reunir el 30% que contempla la llamada ley de metros y así cofinanciar este proyecto. Solamente la línea uno entre Cali y Jamundí, de 24 kilómetros, cuesta casi dos billones de pesos y el porcentaje que tendrían que asumir los gobiernos territoriales involucrados equivale a algo más de medio billón de pesos. Eso es casi todo el presupuesto de libre inversión de la capital del Valle para 2023.
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Sin que concurra el Gobierno Nacional, el tren de cercanías de Cali y de la subregión sur del Valle del Cauca no será más que un render y unos estudios. Si bien ha habido entidades como ProPacífico que empujan con fuerza el proyecto del tren, queda un mal sabor de boca porque la Nación demuestra tanto interés y tanta disposición para dotar a Bogotá de un metro, mientras a Cali le toca seguir haciendo fila para que su tren esté al mismo nivel de importancia. Y quiero precisar que no desconozco el carácter imprescindible del metro de la Capital de la República, cuya movilidad colapsa a pasos acelerados, pero el suroccidente colombiano requiere más atención y un mayor sentido de prioridad.
Con el sur de Cali colapsado, Jamundí creciendo como ciudad dormitorio y cada vez más personas viviendo en la zona de expansión, el tren de Cercanías emerge como una solución realizable y útil para amortiguar el aumento de la demanda de viajes. Ojalá el presidente, su gobierno y la bancada parlamentaria se tomen en serio este proyecto, fundamental para desarrollar plenamente a la región. Porque hoy nos sentimos como el que mira los manjares que se comen los de la otra mesa y que aún no podemos pagar. Y no estamos para esa injusticia.
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