La vía que comunica al municipio de Tuluá con Andalucía, en el centro del Valle del Cauca, permanece bloqueada este martes por comunidades afrocolombianas afiliadas al Frente Nacional Afrocolombiano, que exigen al Gobierno nacional el cumplimiento de acuerdos relacionados con la adjudicación de predios y otros compromisos adquiridos con los consejos comunitarios.

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De acuerdo con los reportes en redes sociales, el cierre se mantiene en ambos sentidos de la carretera y solo se permite el paso de vehículos en casos humanitarios.

#CierreVial Debido a manifestaciones, se presenta cierre en salida norte, Tulua, en ambos sentidos . Evita la zona y toma rutas alternas.#PisaInforma #ValleDelCauca #tulua pic.twitter.com/JEJQ4kwil5

— Proyectos de Infraestructura S.A.S. (@ConcesionPISA) June 30, 2026

La protesta ha generado una congestión vehicular, afectando la movilidad en este importante corredor vial.

Las comunidades aseguran que la movilización responde a los presuntos incumplimientos del Gobierno frente a los compromisos pactados, especialmente en materia de acceso y adjudicación de tierras.

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Entre tanto, las autoridades hacen presencia en el lugar para acompañar la situación y adelantar diálogos con los manifestantes, con el fin de restablecer el tránsito lo antes posible.

Mientras se normaliza la movilidad, las autoridades recomendaron a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación, mantener la paciencia y, de ser posible, utilizar rutas alternas.

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La Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía investigar al concejal de Medellín Andrés "el Gury" Rodríguez por posibles conductas delictivas tras las afirmaciones del cabildante, quien propuso bombardeos contra territorios donde Iván Cepeda obtuvo amplia votación en las elecciones presidenciales.

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En ese sentido, las declaraciones del concejal de Medellín generaron rechazo de organismos de derechos humanos, autoridades locales, distintos sectores políticos e instituciones públicas como la Defensoría, que pidió investigar al cabildante.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que rechazó las afirmaciones del cabildante y solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación investigar si sus palabras podrían constituir conductas sancionables o incluso delitos.

Asimismo, pidió al concejal retractarse públicamente por sus declaraciones que promueven la violencia contra comunidades en su libertad democrática.

La polémica surgió después de que Rodríguez relacionara los altos porcentajes de votación obtenidos por Cepeda en algunas regiones con presuntas presiones de grupos armados sobre la población.

“Si ya sabemos exactamente en qué mesas de votación hubo irregularidades, en donde porcentajes superiores al 80 por ciento fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues entonces los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos a esas zonas”.

Afirmó el concejal durante la sesión.

Los discursos que promueven violencia contra territorios y comunidades por sus decisiones políticas son incompatibles con la democracia

Expresamos nuestro rechazo y preocupación por las declaraciones públicas del concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, “El Guri”, en las… pic.twitter.com/eE1d73Wp4h

— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 26, 2026

Cabe destacar que, si bien Iván Cepeda obtuvo votaciones superiores en algunas partes del país, por su parte también Abelardo De La Espriella obtuvo amplia votación en zonas con presencia del ELN como Arauca, Meta, Magdalena Medio. Por lo que dicha correlación con las palabras del concejal representa un peligro para la libertad democrática.

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Defensoría y autoridades locales exigen rectificación

Asimismo, la Defensoría advirtió que ningún resultado electoral puede ser utilizado para justificar discursos que promuevan acciones violentas contra comunidades enteras.

“Ninguna diferencia política, ideológica o electoral puede justificar llamados a acciones dirigidas a comunidades enteras ni la estigmatización de poblaciones por la forma en que ejercieron su derecho al voto”, señaló la entidad.

El rechazo también llegó desde el Concejo Municipal de Campamento, Antioquia, uno de los municipios mencionados durante la intervención del cabildante.

La corporación pidió una rectificación pública y una disculpa para sus habitantes, argumentando que se trata de una comunidad que ha sufrido los efectos del conflicto armado y que actualmente trabaja por la construcción de paz.

Mientras tanto, el caso quedó en manos de la Fiscalía y deberá determinar si las declaraciones constituyen un posible delito.

Finalmente, la controversia se produce en medio del proceso de transición entre el gobierno saliente y la administración entrante, en un contexto marcado por la polarización política tras las recientes elecciones presidenciales.

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