La Vivienda de Interés Social (VIS) es aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos; este año el Ministerio de Vivienda fijaría nuevos topes.
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Asimismo, esta vivienda debe cumplir con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción sostenible.
Por otro lado, la Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) es aquella de interés social cuyo valor tiene un tope máximo que es mucho menor.
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Con la aprobación de la Ley de Vivienda 1537 de 2012, el Gobierno Nacional ha dotado al país de una herramienta que atiende el déficit habitacional del sector de la población que por su condición de pobreza no tiene posibilidades de acceder a una vivienda digna.
¿Cuál es la modificación establecida por MinVivienda?
Por otro lado, el Gobierno expidió un proyecto de decreto que modifica el Título 9 del Decreto 1077 para redefinir los precios máximos.
Asimismo, los nuevos topes para la Vivienda de Interés Social (VIS), se fijaría en 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y el de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) estaría en 90 SMLMV.
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Además, la decisión de mantener el cálculo en salarios mínimos tiene un efecto automático: cada año, el valor máximo se ajusta con el incremento del mínimo.
Esto protege el poder adquisitivo frente a la inflación, pero también traslada parte del riesgo al mercado.
Que el artículo 293 de la Ley 2294 de 2023 – Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 – estableció como regla general que el valor máximo de la Vivienda de Interés Social no podrá exceder de ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), manteniendo la viabilidad de establecer regímenes excepcionales y transitorios.
Además, este borrador propone un nuevo artículo sobre protección a quien adquiere la vivienda ''el vendedor deberá informar de manera expresa, clara, verificable y en pesos colombianos el precio total desde que el comprador se separa, firma promesa o suscribe un encargo fiduciario''.
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Este precio será el único que puede exigirse hasta el final del contrato y no superaría el tope vigente al momento de adjudicación.
De esta manera, establecer topes en salarios y precios fijos en pesos ayudaría a estabilizar un mercado afectado por la inestabilidad, según el Gobierno.
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