El documento de las nuevas 31 directrices por parte de la Fiscalía General de la Nación, que fue firmado por la fiscal Luz Adriana Camargo. Ha encendido un amplio debate sobre la forma en que se abordarán los delitos relacionados con la protesta social en Colombia.

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La nueva directriz, firmada el 10 de septiembre de 2024, busca equilibrar la protección del derecho a la protesta pacífica con la necesidad de mantener el orden público.

Según la fiscal general Camargo, el objetivo es asegurar que las manifestaciones se desarrollen sin violaciones a la ley, al mismo tiempo que se evita la criminalización de la protesta legítima.

Este es el enfoque de la nueva directriz

Raimundo Tello, Magíster en Criminología y Especialista en Derecho Penal, explicó en una entrevista para el Noticiero 90 Minutos, que las nuevas directrices reafirman el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero aclaran que cualquier acto delictivo, como vandalismo o saqueos, será investigado y judicializado de manera rigurosa.

"La directriz no pretende debilitar a la fuerza pública. Más bien, busca asegurar que los delitos sean tratados con la seriedad que requieren, sin afectar el derecho a manifestarse pacíficamente".

Afirmó el abogado.

Una de las principales novedades es que la justicia ordinaria, en lugar de la justicia penal militar, será la encargada de investigar y judicializar los delitos cometidos durante las protestas.

Este cambio, según Tello, se alinea con el artículo 213 de la Constitución, que establece que los civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares.

Por otro lado, la directriz ha generado opiniones divididas. Algunos críticos temen que las nuevas políticas podrían limitar la capacidad de la fuerza pública para manejar situaciones de desorden y actos vandálicos. Sin embargo, Tello aclaró que la directriz no busca debilitar la fuerza pública, sino garantizar que actúe dentro de los parámetros constitucionales.

"Los actos delictivos deben ser investigados y tratados adecuadamente, pero sin reprimir de manera desproporcionada a quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica".

Añadió Tello.

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Por otro lado, defensores de la medida aplauden la directriz por promover un enfoque más equilibrado y respetuoso de los derechos fundamentales. Pues la directriz busca evitar la criminalización excesiva de las protestas.

Otro punto importante de esta directriz, trata de que refuerza que los civiles involucrados en delitos durante las manifestaciones serán juzgados por la justicia ordinaria. Asegurando un proceso judicial transparente y equitativo. Esto responde a preocupaciones previas sobre la aplicación de la justicia penal militar en casos que involucran a civiles.

Esta directriz cambiaría radicalmente el manejo de los delitos bajo protesta en Colombia

La emisión de directrices por parte de la Fiscalía General no requiere la aprobación del Congreso, según el artículo 251 de la Constitución.

Estas directrices están basadas en la ley y tienen fuerza vinculante. Aunque, su aplicación puede ser revisada por los tribunales si se considera que violan derechos fundamentales o principios constitucionales.

Esto marcaría un cambio significativo en la forma en que se abordan los delitos relacionados con las protestas sociales en Colombia.

Finalmente, la población y los especialistas seguirán de cerca la implementación de esta directriz. Para asimismo, evaluar su efectividad y su influencia en la gestión de las manifestaciones en el país.

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La reciente directriz emitida por la Fiscal General Luz Adriana Camargo ha generado una intensa controversia al redefinir cómo los fiscales deben abordar los delitos relacionados con la protesta social.

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Esta medida ha sido interpretada por muchos como un intento de suavizar las responsabilidades penales de aquellos involucrados en actos de violencia y vandalismo durante las manifestaciones.

El nuevo enfoque ha sido recibido con críticas mixtas por parte de abogados y especialistas en derecho. Para algunos, la directriz representa una peligrosa legitimación de la violencia contra la fuerza pública.

"La protesta social no puede ser criminalizada, pero tampoco se puede permitir que quienes protestan violentamente maten o torturen a nuestros policías y militares".

Manifestó Gilberto Gómez, Abogado Constitucionalista y Penalista.

Por otro lado, defensores de la nueva política argumentan que esta es una medida necesaria para proteger el derecho a la protesta pacífica.

"Unos centenares de manifestantes todavía permanecen tras las rejas como consecuencia de la criminalización de la protesta social agenciada por el fiscal Francisco Barbosa. Y a la que hoy pretende ponerle fin la doctora Luz Adriana Camargo".

Afirmó Elmer Montaña, Abogado Penalista.

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Datos revelarían alarmantes cifras de crímenes en la protesta social

Las cifras respaldan la preocupación por la criminalización excesiva de la protesta social. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2021 se registraron 417 violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones.

Esto arrojó como resultado la muerte de 58 jóvenes y la detención de 110 personas. Especialistas en derecho argumentan que en una democracia debe siempre existir el derecho a la protesta, siempre que sea pacífica.

A lo que, enfatiza la necesidad de investigar los abusos cometidos por los agentes del estado.

"Que ordenen las inmediatas investigaciones de todos los vejámenes que cometieron los agentes del Estado en contra de las protestas pacíficas de los estudiantes y de la comunidad y de los jóvenes de los barrios".

Diego Méndez, Abogado Penalista

La nueva directriz también incluye un cambio significativo en el manejo de los delitos durante las protestas, estableciendo que la justicia ordinaria, y no la justicia penal militar, será la encargada de investigar y judicializar estos casos.

Este cambio ha sido recibido con una mezcla de alivio y escepticismo, reflejando la complejidad del equilibrio entre proteger el derecho a la protesta y mantener el orden público.

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