La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó por primera vez a un río, el Cauca, como víctima del conflicto armado en Colombia, por los miles de cadáveres que fueron lanzados a él y que aún no han podido ser recuperados.
El organismo creado por el acuerdo de paz con las FARC consideró que este río, que atraviesa de norte a sur por el occidente del país, fue afectado por estos hechos tanto sus aguas, como las especies que habitan en él y a la relación de decenas de comunidades étnicas con la naturaleza.
La decisión se tomó por la petición que presentaron los Consejos Comunitarios Afrocolombianos del norte del Cauca, que señalaron las afectaciones que ha sufrido el río por su utilización:
"Como fosa común, el uso de mercurio para la minería ilegal y el vertimiento de químicos" por parte de grupos armados al margen de la ley, señaló la JEP en un comunicado.
A través del Caso 05, que prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, la JEP escuchó los testimonios de líderes del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una subestructura del que fue el mayor grupo paramilitar del país, que confirmaron la alianza de esta organización con miembros de la fuerza pública para desaparecer víctimas.
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Los delitos contra la naturaleza constituyen graves infracciones contra el derecho internacional humanitario (DIH) que pueden constituir graves crímenes de guerra, alega la jurisdicción.
La JEP recordó que existen tres principios generales sobre los crímenes que vulneran la naturaleza y el medioambiente: ninguna parte puede ser atacada a menos que sea un objetivo militar; está prohibida la destrucción de cualquier parte del medio ambiente salvo por necesidad militar; y está prohibido lanzar ataques contra objetivos militares que puedan causar daños excesivos en relación con la ventaja militar prevista.
El Caso O5 de la JEP es uno de los casos regionales que tiene este organismo para juzgar todos los crímenes cometidos por guerrilla, fuerza pública y terceros en la zona del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca (suroeste).
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Por este caso ya se ha imputado a 10 antiguos miembros de dos columnas de las extintas FARC "por realizar ataques a la población civil que produjeron una afectación sistemática al derecho a la identidad cultural de los pueblos ancestrales indígenas y afrocolombianos y las comunidades campesinas" de 17 municipios.
Estos diez exguerrilleros -nueve hombres y una mujer- deben responder por los crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso de población, persecución, confinamiento y otros actos inhumanos.
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