En el marco de la emergencia económica declarada por los efectos de las lluvias atípicas en distintas regiones del país. El Gobierno Nacional emitió cinco nuevos decretos en donde dichas medidas incluyen aportes extraordinarios de sectores productivos para financiar acciones ambientales urgentes.
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La ministra de Ambiente explicó que la financiación de las acciones urgentes se dirigirá hacia los sectores con mayor capacidad económica. Esto particularmente para las empresas generadoras de energía. Igualmente, se planteó incorporar un aporte equivalente al 2 % de las ventas brutas del sector energético, recursos que estarán destinados exclusivamente a la atención de las zonas afectadas por la emergencia.
Este ajuste fue incorporado de manera transitoria en la normativa ambiental vigente y aplicará únicamente en territorios directamente afectados.
De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), más de 115.000 familias han resultado damnificadas en 161 municipios, siendo Córdoba uno de los departamentos con mayor afectaciones.
Asimismo, el Gobierno advirtió que la alteración extraordinaria de las dinámicas hídricas ha generado daños severos en cuencas, ecosistemas y comunidades ubicadas en zonas de influencia de centrales hidroeléctricas.
Tras emergencia económica, se tomaron medidas ambientales y se garantizó la continuidad del Programa de Alimentación Escolar
En ese contexto, una de las mayores preocupaciones está relacionada con la saturación del suelo en áreas cercanas al río Sinú y la disminución de la capacidad de regulación del embalse.
Los decretos incluyen ajustes técnicos en los sistemas de monitoreo de hidroeléctricas y la ejecución inmediata de obras prioritarias en reservas forestales. De igual manera, las medidas ambientales contemplan trámites temporales abreviados para proyectos asociados a agua, saneamiento y restauración de ecosistemas hídricos.
Estas medidas ambientales buscan acelerar la recuperación de zonas inundadas y mitigar nuevos riesgos derivados de la temporada de lluvias.
A la par, el Ministerio de Educación habilitó a entidades territoriales para continuar entregando el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en municipios donde las clases fueron suspendidas. Igualmente, más de 1,1 millones de estudiantes en los departamentos cobijados por la emergencia económica dependen del PAE, incluso cuando las instituciones permanecen cerradas por inundaciones.
El Gobierno señaló que la aplicación de estos decretos estará vigente hasta que se estabilicen las condiciones ambientales y educativas en los territorios afectados.
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