El Gobierno confirmó los nuevos ajustes en impuestos con los que busca recaudar alrededor de 8 billones de pesos para atender la emergencia provocada por la temporada de lluvias en el país.
De acuerdo con el Gobierno, los recursos se destinarán para atender y reconstruir zonas afectadas, tales como: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, departamentos afectados por la ola invernal.
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La medida presentada durante el consejo de ministros contempla la expedición de decretos que incluyen disposiciones en materia tributaria, así como acciones en los sectores agrícola y ambiental, entre ellas, facultades para la ANLA sobre proyectos hidroeléctricos, y medidas relacionadas con la atención escolar, especialmente en lo concerniente al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Lo anterior se adopta en el marco del estado de emergencia económica declarado mediante el decreto 0150, con el que el Ejecutivo argumentó que la situación generada por las lluvias requiere recursos adicionales y decisiones urgentes.
En este sentido, la propuesta estima una tarifa general de 0,5 por ciento para personas jurídicas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (unos 10.474 millones de pesos) y una tarifa diferencial del 1,6 por ciento para los sectores financiero y minero-energético. Según las proyecciones oficiales, el 56 por ciento del recaudo provendría precisamente de estas dos actividades.
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El nuevo esquema se plantea luego de que la Corte Constitucional suspendiera medidas tributarias anteriores, lo que llevó al Ejecutivo a diseñar un mecanismo alternativo a través de un decreto de emergencia con el fin de asegurar liquidez inmediata.
El balance preliminar entregado por el Ministerio de Hacienda refleja la magnitud del impacto climático: se han registrado 65 emergencias, 53 de ellas por inundaciones, en 61 municipios de ocho departamentos. Más de 69.000 familias han resultado afectadas y se reportan 10 personas fallecidas.
A este panorama se suman graves daños en infraestructura crítica como viviendas, vías, puentes, acueductos, instituciones educativas y centros de salud, además de la destrucción de más de 4.100 viviendas y la afectación de cerca de 20.000 hectáreas productivas.
La cifra estimada en 8 billones de pesos contempla la atención humanitaria inmediata, la rehabilitación de infraestructura afectada y la destinación de recursos para reactivar la producción en las regiones impactadas.
Anuncian alivios financieros para productores agro
Por otra parte, con el decreto 0175, el Gobierno busca “adoptar medidas legislativas de carácter extraordinario, excepcional y transitorio para el alivio de obligaciones financieras, el acceso urgente al crédito y la normalización de cartera que permitan mitigar la descapitalización de los productores rurales y campesinos afectados”.
El decreto crea mecanismos de refinanciación de la deuda, con especial énfasis en pequeños productores afectados por la emergencia (mujeres, desplazados y excombatientes serán priorizados). Así mismo pone en marcha varios programas de alivios para productores del campo.
El PADA aplicará para personas que cumplan con estos tres requisitos:
- Contar con obligaciones respaldadas con garantía real y/o mobiliaria.
- Tener cartera vigente con el Banco Agrario de Colombia S.A de hasta 14844 UVB;
- Haber resultado afectados por los hechos que dieron lugar a la declaratoria de la emergencia.
También se crea el Programa Especial de Compra de Cartera Agropecuaria que, de forma temporal, “comprenderá operaciones de compra de cartera agropecuaria, incluida la cartera de redescuento y sustitutiva, con el fin de contribuir a la recuperación económica y productiva de los pequeños productores de ingresos bajos y pequeños productores que hayan resultado afectados por los hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia”, según se lee en el decreto.
El decreto también suspende, de forma temporal, los procesos de cobro asociados a los créditos de fomento agropecuario. Y, a su vez, establece un programa para ofrecer financiación a los pequeños productores, especialmente los de bajos ingresos.
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