La Procuraduría fijó para el próximo 15 de febrero el inicio del juicio disciplinario contra el canciller, Álvaro Leyva.
En este sentido, el Ministerio Público calificó, de manera provisional, las dos faltas por las que investiga al ministro como:
"Gravísimas cometidas a título de dolo".
Expresó el Ministerio.
A través de un comunicado, la entidad expresó que, el día que arranque el juicio, Leyva "tendrá la oportunidad de hacer los descargos que considere necesarios. Además de presentar las pruebas que tenga para desvirtuar las dos faltas disciplinarias endilgadas".
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Cabe resaltar que el Ministerio Público suspendió el pasado 24 de enero por tres meses a Leyva por las posibles irregularidades durante la licitación de un contrato para fabricar pasaportes. Sin embargo, el canciller sigue ejerciendo su cargo.
De hecho, el pasado 30 de enero, cuando ya estaba sancionado, el canciller firmó varios decretos de nombramientos del Ministerio de Relaciones Exteriores y designaciones de misiones especiales en el exterior, según medios locales.
Igualmente, a través de un video, el viceprocurador, Silvano Gómez Strauch dijo que:
"El abierto desacato del canciller y el Presidente de la decisión de la Procuraduría atenta contra el Estado de derecho, la Constitución y la ley, sienta un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad constitucional".
Indicó.
Sobre los cargos
En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar.
Por su parte, la Cancillería indicó que esa decisión fue tomada porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia.
En los últimos 17 años, la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas, y suspendió su contrato, al que le quedaban todavía tres años.
Tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, la empresa anunció en diciembre del 2023, una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos.
La controversia por el contrato de los pasaportes le costó el cargo a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, a quien el presidente colombiano, Gustavo Petro, le pidió la renuncia luego de que Leyva le reprochara porque supuestamente no estaba haciendo bien la defensa del caso.
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