En la noche del miércoles 11 de septiembre, la Corte Constitucional rechazó la medida del Consejo de Estado que pretendía anular las sanciones disciplinarias de destitución por 10 años, impuestas al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía.

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Abadía habría sido hallado responsable de participación indebida en política, donde se estableció que recibió dinero del controversial programa de Agro Ingreso Seguro en 2010, según señalamientos de la Procuraduría.

Por ende, por infringir una norma prohibida para los mandatarios, fue destituido en 2016 del cargo de Gobernador del Valle del Cauca e inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos en agosto del año pasado.

Junto al exgobernador, el exsenador Eduardo Merlano que recibió sanciones por la Procuraduría en 2012, la autoridad también le negó la petición que pretendía anular sus cargos. Además, Merlano se había negado a realizarse una prueba de alcoholemia, provocando un célebre episodio nacional.

De esta manera, el Tribunal respaldo las sanciones impuestas por la Procuraduría, concluyendo que:

“La Corte Constitucional encontró que la anulación de las sanciones disciplinarias por parte de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado desconoció que para el momento en el que la Procuraduría ejerció sus competencias, lo hizo amparada por el marco constitucional y legal, así como por las decisiones con efectos de cosa juzgada que validaron su atribución para disciplinar a los servidores públicos de elección popular e imponer las sanciones mencionadas al amparo de la Ley 734 de 2002″.

Declaró la Corte Institucional del caso.

Además, comentó que las sanciones impuestas a estos dos servidores públicos se tumbaron bajo el argumento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establecía que las autoridades administrativas no pueden destituir a funcionarios de elección popular, sin que antes exista una sentencia penal previa.

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Sin embargo, para la CC lo establecido por dicha entidad no estaba vigente cuando sancionaron a Juan Carlos Abadía y a Merlano.

“La Sala Plena también recordó que, con posterioridad a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego contra Colombia, la Corte Constitucional armonizó la protección de los derechos políticos con los principios constitucionales que guían la función pública y la institucionalidad prevista en la Constitución en la Sentencia C-030 de 2023, sobre la cual recae el efecto de cosa juzgada y, por lo tanto, debe ser cumplida por todas las autoridades”.

Indicó la C.I. sobre la desición.

Finalmente, se espera el pronunciamiento por parte de la defensa de estos dos exfuncionarios públicos.

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La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, firmó el pasado 10 de septiembre un documento que deroga 31 directrices emitidas en junio de 2021 por el entonces fiscal Francisco Barbosa durante el estallido social de ese año.

Las nuevas directrices redefinirán la forma en que los fiscales deben manejar los casos relacionados con excesos en el marco de la protesta social pacífica en el país.

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Este documento, dividido en cuatro capítulos, aborda la protección del derecho a la protesta social, los límites del poder punitivo del Estado, la tipicidad de los delitos cometidos durante las manifestaciones y el enfoque de las investigaciones judiciales de actos de los actos delictivos que afectan la protesta social.

Es preciso resaltar que, uno de los aspectos más controversiales de esta medida es la descriminalización de la protesta social, resaltando que los actos delictivos cometidos durante situaciones caóticas pueden ser producto de ánimos exacerbados y no de una determinación criminal.

¿Qué cambios se contemplan?

Dentro de los nuevos lineamientos hay varias modificaciones sobre lo que se debe o no considerar delito durante los comportamientos disruptivos originados en las manifestaciones sociales.

Ahora bien, las directrices indican que los fiscales deben investigar los delitos sin criminalizar la protesta y tratar con cuidado delitos como hurtos o agresiones sexuales, que no deben vincularse directamente a las manifestaciones.

Según el documento, las manifestaciones pueden incluir expresiones verbales fuertes y gestos disruptivos que no constituyen delitos.

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En casos de violencia contra la Policía, los fiscales deberán evaluar la posibilidad de legítima defensa por parte de los manifestantes y no criminalizar provocaciones a la fuerza pública, bloqueos espontáneos de vías y ciertos daños a bienes, siempre y cuando no representen un peligro común.

Por otro lado, los fiscales deberán centrarse en investigar de manera concreta y rigurosa los hechos como asonadas, incendios, obstrucción de vías, perturbaciones al transporte y lanzamiento de sustancias peligrosas.

Asimismo, se les exigirá mayor control de legalidad en las capturas y aprehensiones realizadas por la Policía. Esto, protegiendo el derecho a la protesta y sancionando las extralimitaciones de la fuerza pública.

Estas nuevas directrices también permiten a los fiscales archivar, inadmitir o precluir denuncias que no tengan fundamento suficiente.

Finalmente, se establece que, por regla general, la justicia ordinaria, y no la Justicia Penal Militar, será la encargada de investigar y judicializar los delitos ocurridos en el contexto de las manifestaciones.

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Si alguna vez te has preguntado qué son esas Cajas de Compensación. Son entidades, creadas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, las cuales ofrecen una amplia gama de beneficios que van desde la salud hasta la educación, pasando por la recreación.

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Las Cajas de Compensación son organizaciones privadas sin ánimo de lucro, las cuales financian programas y servicios destinados a mejorar el bienestar de sus afiliados y de la comunidad en general.

Al afiliarte a una Caja de Compensación, tienes acceso a una serie de beneficios que pueden mejorar significativamente tu calidad de vida. Entre los más comunes se encuentran:

• Salud: Servicios médicos, descuentos en medicamentos, programas de prevención y promoción de la salud.
• Educación: Becas para estudios superiores, subsidios para cursos y programas de formación, apoyo a la educación de los hijos.
• Vivienda: Subsidios para la compra de vivienda, mejoramiento de vivienda, asesoría en temas inmobiliarios.
• Recreación: Descuentos en parques temáticos, clubes deportivos, eventos culturales y vacacionales.
• Otros: Créditos, seguros, asistencia jurídica, entre otros.

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¿Cómo funciona el sistema de categorías de las cajas de compensación?

Igualmente, para acceder a los servicios de una Caja de Compensación, los afiliados se clasifican en diferentes categorías según sus ingresos.

Por su parte, esta clasificación determina el tipo de servicios y el nivel de cobertura al que tienes derecho. Generalmente, existen cuatro categorías:

• Categoría A: Para trabajadores con ingresos bajos.
• Categoría B: Para trabajadores con ingresos medios.
• Categoría C: Para trabajadores con ingresos altos.
• Categoría D: Para personas no afiliadas que deben pagar tarifas completas.

¿Cómo afiliarse?

Afiliarse a una Caja de Compensación es bastante sencillo. Generalmente, el proceso se inicia a través de tu empleador, quien realiza los aportes correspondientes.

Sin embargo, también puedes afiliarte como independiente o pensionado, pagando una cuota mensual.

Los requisitos para afiliarte pueden variar según la Caja de Compensación, pero generalmente incluyen:

• Documento de identidad.
• Constancia de vínculo laboral (en caso de ser empleado).
• Certificado de la EPS.
• Paz y Salvo, en caso de haber estado afiliado anteriormente.

A fin de formalizar su afiliación, el interesado deberá diligenciar el formulario respectivo, el cual podrá obtener en la página web o en las oficinas de la entidad.

En caso de ser trabajador independiente o pensionado, se requerirá el pago de la cuota mensual establecida. Una vez realizado lo anterior, se procederá a la confirmación de la afiliación.

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