La reciente directriz emitida por la Fiscal General Luz Adriana Camargo ha generado una intensa controversia al redefinir cómo los fiscales deben abordar los delitos relacionados con la protesta social.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Esta medida ha sido interpretada por muchos como un intento de suavizar las responsabilidades penales de aquellos involucrados en actos de violencia y vandalismo durante las manifestaciones.
El nuevo enfoque ha sido recibido con críticas mixtas por parte de abogados y especialistas en derecho. Para algunos, la directriz representa una peligrosa legitimación de la violencia contra la fuerza pública.
"La protesta social no puede ser criminalizada, pero tampoco se puede permitir que quienes protestan violentamente maten o torturen a nuestros policías y militares".
Manifestó Gilberto Gómez, Abogado Constitucionalista y Penalista.
Por otro lado, defensores de la nueva política argumentan que esta es una medida necesaria para proteger el derecho a la protesta pacífica.
"Unos centenares de manifestantes todavía permanecen tras las rejas como consecuencia de la criminalización de la protesta social agenciada por el fiscal Francisco Barbosa. Y a la que hoy pretende ponerle fin la doctora Luz Adriana Camargo".
Afirmó Elmer Montaña, Abogado Penalista.
Lea también: ¿Cuándo llegaría el fenómeno de la niña? Este es el más reciente informe del Ideam
Datos revelarían alarmantes cifras de crímenes en la protesta social
Las cifras respaldan la preocupación por la criminalización excesiva de la protesta social. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2021 se registraron 417 violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones.
Esto arrojó como resultado la muerte de 58 jóvenes y la detención de 110 personas. Especialistas en derecho argumentan que en una democracia debe siempre existir el derecho a la protesta, siempre que sea pacífica.
A lo que, enfatiza la necesidad de investigar los abusos cometidos por los agentes del estado.
"Que ordenen las inmediatas investigaciones de todos los vejámenes que cometieron los agentes del Estado en contra de las protestas pacíficas de los estudiantes y de la comunidad y de los jóvenes de los barrios".
Diego Méndez, Abogado Penalista
La nueva directriz también incluye un cambio significativo en el manejo de los delitos durante las protestas, estableciendo que la justicia ordinaria, y no la justicia penal militar, será la encargada de investigar y judicializar estos casos.
Este cambio ha sido recibido con una mezcla de alivio y escepticismo, reflejando la complejidad del equilibrio entre proteger el derecho a la protesta y mantener el orden público.
Sigue nuestras redes sociales: