El general (r) Rodolfo Bautista Palomino López, exdirector de la Policía Nacional, fue capturado este lunes 24 de noviembre de 2025, en cumplimiento de una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia.
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La detención se produjo en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias durante su período como director de la Policía Nacional. Palomino se presentó voluntariamente en las instalaciones de la Fiscalía, donde quedó a disposición de las autoridades.
Pocos minutos antes, difundió un mensaje en sus redes sociales en el que manifestó su desacuerdo con la medida.
"Siempre he respetado y acatado las disposiciones de la justicia, así no las comparta, por eso mismo esta mañana me presenté voluntariamente ante el CTI para seguir atendiendo los requerimientos judiciales como corresponde".
Manifestó el exgeneral.
De acuerdo con la investigación, Palomino habría intervenido en febrero de 2014 para favorecer al empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, quien era investigado por un caso de presunto despojo de tierras.
El expediente señala que el entonces director de la Policía Nacional habría acudido a la fiscal Sonia Lucero Velázquez para solicitarle reconsiderar, o incluso detener, la orden de captura que pesaba sobre el empresario, hechos que hoy son materia de verificación por parte de las autoridades.
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La reunión, que fue grabada por la propia fiscal, quedó incorporada como prueba dentro del expediente. En su testimonio ante el alto tribunal, la funcionaria afirmó que la solicitud que recibió no se ajustaba a los parámetros legales establecidos.
“Recibí una solicitud que no correspondía al procedimiento judicial. Por eso registré la conversación y la remití a las instancias competentes”, declaró Velázquez.
Pruebas frente al caso del general Rodolfo Palomino
En este sentido, la Corte Suprema consideró las grabaciones y los testimonios como piezas fundamentales dentro del proceso investigativo.
En su fallo de primera instancia, el alto tribunal concluyó que Palomino presuntamente habría excedido sus facultades institucionales al intentar influir en un proceso penal, lo que constituiría una afectación a la administración de justicia.
La Fiscalía solicitó una condena de 7 y 12 años de prisión, argumentando que por la gravedad del caso no serían procedentes beneficios como la prisión domiciliaria. La decisión final dependerá de la audiencia de individualización de la pena.
Además, el alto tribunal deberá analizar la situación personal del exgeneral, quien de acuerdo a la información brindada, tiene actualmente bajo su cuidado a dos nietos tras el fallecimiento de uno de sus hijos, un factor que podría incidir en el cumplimiento de la sanción.
La Corte Suprema tiene programada para el 4 de diciembre de 2025 la audiencia en la que definirá la pena definitiva que deberá cumplir Palomino.
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