En el actual debate electoral muchos de los precandidatos hablan de seguridad con gran convicción. Prometen devolver el orden a la ciudad, se consagran expertos en asuntos delictuales y aseguran haber enfrentado la criminalidad. Y tal parece, el consenso de la gran mayoría de aspirantes redunda en que son las cámaras de “última tecnología” el principio de un nuevo modelo de seguridad y la solución eficaz a los problemas de inseguridad ciudadana.
Lo cierto que es que, más allá de su estilo comunicativo, cuando deciden ahondar en el tema no solo improvisan alrededor del rol que ejerce el gobernante local en la materia, sino que evidencian un muy escaso conocimiento sobre el universo de causas asociadas a la inseguridad. Basado en mi experiencia y en un nuevo liderazgo, quisiera hacer frente a esta preocupación ofreciendo tres recomendaciones sobre cómo se debe hacer frente al flagelo de la inseguridad en Cali y su área de influencia.
Primera: la institucionalidad, en pleno, debe tener claro las razones que hacen particular nuestro fenómeno de inseguridad. Aunque en las ciudades colombianas los fenómenos tienden a ser homogéneos, en la nuestra hay causas específicas que invitan a las autoridades a delimitar y precisar diagnósticos con base en datos y coordinar acciones a propósito de estos.
No olvidemos que de las crisis surgen oportunidades. De escoger un verdadero experto, Cali tendrá una inmejorable chance de ser pionera en la implementación de un nuevo sistema de seguridad ciudadana que haga frente de manera efectiva a los flagelos que aquejan a sus habitantes. Los criminales se adaptan al desarrollo de la tecnología, mutan e innovan siempre en busca de incrementar sus rentas ilícitas. Hoy, sin inteligencia, la respuesta institucional es insuficiente y se pierde la iniciativa en el combate: la prevención es mínima y solo se intenta reaccionar.
Segundo: no se puede seguir confundiendo inseguridad con ausencia de cultura ciudadana, o peor asociar todo con corrupción. Así como no podemos catalogar a un ciudadano que trasgrede una norma de convivencia como un criminal, tampoco un funcionario público que abusa de su cargo en contra del bienestar común es un sicario. Afrontar batallas al tiempo implicar delimitar muy bien el objetivo y escoger al ‘enemigo’ correcto, de lo contrario se fracasará en el propósito.
Por tanto, la seguridad no es un asunto que se deba delegar exclusivamente en los políticos de profesión, es un asunto técnico que demanda conocimiento, práctica y, sobre todo, la capacidad de poder tomar decisiones acertadas que permitan recuperar la confianza en las instituciones.
Tercero: quizás el aspecto más llamativo del aumento de la violencia en Cali durante los últimos años es haber puesto en evidencia las dificultades de las autoridades de seguridad y justicia para enfrentar el fenómeno. Se demandan nuevos indicadores de medición y de impacto pues, hasta la forma en que medimos la seguridad hoy es obsoleta.
Cómo explicar que las cifras bajen y los ciudadanos se sientan cada vez más inseguros. Se hace urgente que las acciones efectivas en seguridad visibilicen la acción del Estado mediante indicadores de resultado de seguridad ciudadana, de lo contrario la desconfianza y la sensación de impunidad fomentarán la violencia como vehículo de justicia.
En el marco de la actual precampaña serán los ciudadanos quienes evalúen qué propuestas tienen un verdadero sustento en lo que a seguridad se refiere. Después, tendrán la responsabilidad elegir en quién la ciudad segura, potente y maravillosa de las próximas décadas.
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