Uno de los casos que tienen a Jorge Iván Ospina en la mira de la Procuraduría General de la Nación, es la supuesta entrega de contratos por más de $63.000 millones a Christian Moreno, un pariente del alcalde.
Asimismo, la Contraloría de la Nación, también está al pendiente de las acusaciones que se están realizando al Mandatario.
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La excongresista Catalina Ortiz, declaró que lo más racional y transparente, es que el alcalde suspenda su cargo mientras le realizan las investigaciones pertinentes. Así lo hizo conocer por medio de su cuenta de Twitter
Las investigaciones a las que se refiere Ortiz son las reveladas por los medios de comunicación El País y la revista Semana; los cuales expusieron que, al alcalde, se le embargaron 5 cuentas bancarias, 7 inmuebles y un apartamento.
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Además de esto, el opositor del alcalde, Cristóbal Navia redactó el día de hoy una solicitud para que el Contralor General de la Nación, realicé la suspensión inmediata del alcalde Ospina.
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Diferentes concejales también respaldan la finalización del mandado del alcalde, pues comentan que ya se tienen las pruebas suficientes contra Ospina para que las autoridades tomen medidas frente a la situación.
“Aquí el único ente que lo podría sancionar sería la Procuraduría, destruirlo sería por una orden judicial y hay bastantes méritos e investigaciones. Él se podría evitar eso renunciando, pero sabemos que no lo va a hacer por soberbia”.
Expresó Roberto Ortiz.
Por otra parte, la precandidata a la alcaldía Diana Carolina Rojas, también habló sobre la situación, por medio de su cuenta de Twitter.
Destitución del alcalde
El conjuez del Consejo de Estado, Jesús Marino Ospina; mencionó que el único con poder de destituir al alcalde, es la Contraloría de la Nación.
“Lo que quedaría es la separación del cargo, que es una facultad de la Contraloría, acudiendo al principio constitucional ‘Verdad sabida y Buena Fe Guardada’, pero lo que vimos es que ellos tomaron medidas cautelares y no se han ido por esa opción”.
Explicó el conjuez.
De esta manera, la destitución sólo se realizaría si se evidencian investigaciones con serios elementos probatorios y si el funcionario público, sigue recurriendo en la falta ya estipulada.
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