La denuncia la hizo el concejal Fernando Tamayo, quien asegura que son cerca de mil toneladas de chatarra las que le ha vendido el Distrito a Colombiaseo haciendo uso de un contrato firmado en 2018.
El cabildante asegura que dicho contrato se prorrogó tres veces; al parecer, favoreciendo al contratista con el pago de la chatarra a $85; según Tamayo, cuando en el mercado esta se vende entre $700 y $1200 en la actualidad.
Le puede interesar: Noviembre inicia con aumento de $200 pesos en el valor de la gasolina
En ese sentido, según el concejal y dado que el valor de la chatarra era menor a lo que en cualquier chatarrería en Cali estaba comprando, presentó dos derechos de petición; uno de ellos aclaratorio, a la Secretaría de Movilidad para que se le indicara de cuánto era el pago de cada kilo y la cantidad de dinero recibida por este concepto. La respuesta recibida fue que se le paga al Distrito $85.
“Lo que veo es un posible detrimento porque seguimos recibiendo por la chatarra el mismo valor del 2018. Se hicieron tres otrosíes, dos de ellos en este gobierno, sin actualizar el precio de la chatarra a los precios actuales del mercado”, sostuvo el cabildante del Partido Conservador.
Para Tamayo, las dudas rondan el contrato. “En las respuestas que llegaron a mi despacho, se trasladaron la responsabilidad de la ampliación y pago de ese contrato entre el secretario de Movilidad, William Vallejo, y uno de los subsecretarios, Edwing Candelo, razón por la cual se tuvo que pedir aclaración de la primera respuesta del derecho de petición que radicamos en mayo de este año”.
Artículo relacionado
Denuncia presunto detrimento patrimonial por chatarra
Igualmente, el concejal conservador pedirá que se explique por qué aparecen pagos en el 2022 de venta de chatarra cuando en el Secop no aparece prórroga del contrato en 2022, pero sí aparece una salida de 126.200 kilos de chatarra por la cual recibieron $10 millones.
Según Fernando Tamayo, el posible detrimento, gracias a la prórroga del contrato con Colombiaseo, se estima en cerca de $1000 millones. “Nos acostumbramos a que no hay un doliente de los recursos distritales y ese contrato del 2018, que se le adjudicó a un único oferente porque al parecer no tuvo competencia; se prorrogó durante tres años, sin pensar que el precio de la chatarra lo pagaban mucho mejor en cualquier bodega de reciclaje en Cali que el oferente que tiene el negocio pulpito con los vehículos abandonados en los patios de tránsito porque además es el que pesa y el que informa el peso porque en el Distrito no se controla lo que se vende”; sentenció Tamayo, quien pide investigación a los organismos de control.
Así mismo, se solicitarán explicaciones sobre el desguace de los vehículos, que implica el aprovechamiento de los repuestos y otros aditamentos de los automotores que son declarados en abandono por la Secretaría de Movilidad.
Artículo relacionado
Sigue nuestras redes sociales:
