En entrevista con el periódico El País, Pedro Antonio Ordóñez, contralor municipal, explicó cuál es la gestión que se está llevando a cabo frente al manejo de los recursos públicos, para garantizar una adecuada inversión en la ciudad de Cali.
Igualmente, resaltó que entre las principales problemáticas que ha identificado durante los ocho meses en el cargo, están relacionadas a la semaforización.
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“En esta actuación especial de fiscalización se encontraron dos hallazgos de tipo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y un hallazgo con incidencia Fiscal con presunto detrimento por más de $431.000 millones, incurriendo en un presunto daño patrimonial”.
Enfatizó el contralor de Cali, Pedro Antonio Ordóñez.
De acuerdo con el contralor, la obra constaba de la instalación del mobiliario semafórico de la calle 16 con carrera 105 y la calle 13 con carrera 10, sin embargo, “no se encontró el Diseño de Planeamiento Semafórico ni la programación del equipo controlador, razón por la cual los semáforos no han podido prestar el servicio esperado”.
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"Nos llamó la atención por qué se aplazaba reiteradamente un contrato para su recuperación"
Así mismo, manifestó que otro de los temas que le preocupa es cómo se invierten $40.000 millones en la recuperación de la infraestructura del transporte masivo, “por los daños generados en la protesta social del año pasado, cuando se supone hay unas pólizas que tenían que respaldar estos bienes públicos”.
“Nos llamó la atención por qué se aplazaba reiteradamente un contrato para su recuperación, lo que es poco efectivo. Luego, empezamos a entender que no fue solamente el tema de la protesta social, sino que también mundialmente estábamos colapsados con la pandemia y eso generaba atrasos. Sin embargo, ya instalamos una auditoría para evaluar si la obra se cumplió o no. Esta terminará en las primeras semanas de diciembre y hasta entonces tendríamos el informe final”.
Mencionó el contralor en el periódico El País.
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Feria de Cali: "Algunos procesos se han cerrado"
Por otra parte, frente a las investigaciones de la Feria de Cali, aseguró que estas se han cerrado, pues se determinó que efectivamente el objeto contractual se cumplió y otros están en curso.
“Corfecali, de la versión 64 de la Feria tiene en debate jurídico aún $4.123 millones, y ¿por qué esa plata todavía está pendiente de que se efectivice? porque Corfecali no es un organismo juicioso en el manejo de la información; en la organización de expedientes, de informes contables, informes financieros y demás”.
Aseveró el contralor.
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Además, conforme a Ordóñez, Corfecali “firmaba contratos con terceras personas, pero no presentó al interventor de manera oportuna la documentación para su validación. Hay que esperar que se terminen de revisar esos contratos para ver qué sucede. Corfecali tuvo que presentar planes de mejoramiento a la Contraloría y quedó mal calificada”.
“Cuando encontramos que los estudios previos no están bien hechos hacemos una observación administrativa y tienen que presentar un plan de mejoramiento”
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Cuando la inversión de recursos es inadecuada, “cuando vemos que no se ejecutaron los dineros que dice el contrato, nuestra misión es recuperar ese recurso. Por ejemplo, en el primer semestre del año la Contraloría General de Cali recuperó más de $1.474 millones que tuvieron que devolver los contratistas a las arcas del Distrito”.
Ante irregularidades en el manejo de recursos públicos, el contralor Pedro Antonio Ordóñez, afirmó que las personas pueden participar en la vigilancia de estos.
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“Si alguien ve que un contrato no se está desarrollando a cabalidad y es probable que se convierta en ‘un elefante blanco’, puede hacérnoslo saber a través de los medios de contacto virtuales o presencialmente en el CAM, en el piso 7. Nosotros desarrollamos la visita para empezar el respectivo seguimiento; eso hace que el contratista o interventor empiece a verificar las actuaciones que en derecho tienen que realizar”.
Manifestó Ordónez en el periódico El País.
Por último, en relación con las denuncias ciudadanas por las obras en la vía Cali - Jamundí, mencionó que se “desarrolló control fiscal al contrato ejecutado por la Secretaría de Infraestructura sobre esa vía, desde el puente entre el Río Lili y la carrera 127. Como resultado se encontró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y un hallazgo fiscal con un detrimento patrimonial por un valor de $1.251 millones”.
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Finalmente, comentó que “para algunos sectores, la Contraloría molesta mucho, para otros, no hace nada. Nuestra labor es cumplir con la misión de la institución como ente de control, sin permitir que las presiones permeen la tranquilidad del ejercicio de una función pública que merece mucha dedicación”.
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