Este sábado los caleños conocieron la noticia de que 70 buses del MÍO no circularán por las calles, debido a una decisión tomada por Metrocali, que afectará alrededor de 40.000 usuarios por día.
Frente a esto, el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, manifestó que “con mucha sorpresa vemos el pronunciamiento de la empresa Blanco y Negro, a una obligación contractual establecida en un modificatorio del año 2018, que, darle la posibilidad al concesionario de ampliar la vida útil o hacer el overhaul de los vehículos, cosa que no se ha realizado”.
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Además, añadió que desde el pasado mes de abril del 2023 Metrocali envió el comunicado a BYN y; luego de más de 120 días, no han recibido notificación alguna.
“Según la obligación contractual tendrían 75 días para notificarle a la entidad de haber realizado este overhaul, hacemos el llamado a Blanco y Negro para que lo realice; dando cumplimiento a las condiciones de fabricante y no colocando en riesgo la vida de los usuarios”.
Óscar Ortiz, presidente de Metrocali.
Por su parte, el Presidente mencionó que desde Metrocali quieren que opere toda la flota de buses del MÍO, ya que la ciudad la necesita; sin embargo, la afectación que le hacen al servicio día a día es responsabilidad de las empresas operadoras.
“Nosotros programamos los kilómetros, programamos la flota y ellos no cumplen. Le dicen al usuario que es Metrocali quien no permite el cumpliento”, precisó Ruiz.
Pese a que el diferencial tarifario se ha demorado en llegar, “no se puede justificar que los vehículos no estén al día por falta de recursos”, puesto que el pago de la tarifa usuario se ha cumplido y pagado oportunamente.
“Esperamos que con los recursos que ya giró el Gobierno Nacional, que están previos a aprobación y van a ser girados a los concesionarios; estos asuman responsablemente en la recuperación de los vehículos, se van a girar cerca de $84.000 millones de pesos”.
Finalmente, les recordó a los usuarios que “Metrocali no tiene buses, son de los privados que incumplen permanente a la operación” y le hizo un llamado a la Contraloría para que verifique el cumplimiento de las condiciones contractuales y “le digan la verdad a la ciudadanía”.
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